Fue el 27 de febrero de 2025 cuando la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) clausuró las inscripciones del Instituto Potosino Marista, debido a la obstaculización por parte del colegio, respecto a la investigación de la Fiscalía sobre una agresión sexual a un menor con discapacidad, ocurrida dentro del plantel.

Mónica, madre de un menor con discapacidad intelectual y autismo, denuncia que, en septiembre de 2024, tras recoger a su hijo del grupo especial al que pertenecía, notó señales de alarma físicas y emocionales en su hijo, que culminaron con el dictamen de abuso sexual de una médica legista, informa hoy Pulso.

Luego de que la madre de familia de un niño con discapacidad denunció que fue víctima de abuso sexual en el Instituto Potosino Marista, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, informó que los familiares formularon la denuncia apenas el pasado sábado 12 de abril.

El menor relató detalles consistentes sobre tocamientos inapropiados en clase de música y una agresión sexual posterior en el baño del colegio, así como la identificación del presunto agresor como un compañero de grupo de nuevo ingreso descrito como alto y fuerte.

En entrevista, García Cázares señaló que el inicio de la carpeta de investigación se da en un instante en que el plantel educativo se encuentra en periodo vacacional. 

Cuestionada acerca de que, desde septiembre se habría dado el caso de abuso sexual en contra del menor y se había denunciado, advirtió que la Fiscalía conoció del caso apenas el sábado que fue presentada la denuncia. 

Precisó que según lo manifiestan los denunciantes, sí se habían quejado con anticipación en el colegio, pero nadie había presentado una denuncia formal, insistió. El 2 de marzo pasado la FGE había confirmado que existía una denuncia por una conducta delictiva que aún no era especificada en contra de una institución educativa privada. 

A pesar de que se notificó al colegio sobre la investigación y la denuncia, la colaboración que prometieron a la madre en un inicio ha cambiado radicalmente, ya que se negaron a entregar las grabaciones completas y únicamente proporcionaron fragmentos previamente editados.

Esta falta de cooperación llevó a Mónica a buscar apoyo en el arzobispado, una acción que generó molestia en el director del Instituto Potosino Marista. Según su testimonio, el directivo le recriminó el haber hablado de "cosas que deben quedarse en el colegio", evidenciando una presunta priorización de la imagen institucional por encima del bienestar de su hijo. "Me hablaron para cobrarme la colegiatura, pero en ningún momento para preguntar por la salud de mi hijo", lamentó Mónica, añadiendo:

"Yo le dije, yo voy a Roma si es necesario, yo necesito que me respondan, ¿qué pasó, por qué no entregan las cámaras, por qué no me dan información?".

Un elemento adicional que ha resultado como parte de las investigaciones por parte de la Fiscalía, es el hallazgo de un cabello canoso entre la ropa del menor, descubrimiento que hace pensar a Mónica en la posible participación de un adulto en la agresión y un presunto encubrimiento de ambos agresores por parte de la institución educativa.

La madre denunciante también reveló que, en un inicio, la escuela se comprometió a realizar una investigación interna, así como a la elaboración de un protocolo; pero en las últimas reuniones los abogados argumentaron que esas cosas eran exclusivas de las autoridades, y respecto a la negativa de entregar los videos, le aseguraron que en los 40 segundos que los menores están juntos en el baño, su hijo no pudo haber sido agredido. "Uno de los abogados en la última junta me comentó: para los 40 segundos que estuvieron juntos su niño y el otro niño, no le pudo haber hecho eso".

La frustración con la inacción de la Fiscalía, justificada por el exceso de trabajo, alimenta la sospecha en Mónica de posibles influencias externas, y enfatiza la urgencia de justicia para los niños con discapacidad y su derecho a una respuesta clara sobre las acciones tomadas.

Su reclamo es claro: quiere que las autoridades hagan su trabajo sin importar el renombre de la institución, que el director, la directora y los maestros colaboren con el cumplimiento de la ley, todo para poder responderle a su hijo que hizo todo lo necesario para obtener justicia.

"Un día mi hijo me va a preguntar: ¿y tú qué hiciste? y yo tengo que hacer todo lo que pueda para decirle: mi amor, yo hice todo lo necesario para que se hiciera justicia".

Un docente de la institución que pidió no revelar su nombre indicó que esperan que esto se aclare y no sea una "cacería de brujas". A final la verdad saldrá a flote como ocurrió con el caso del padre pederasta Eduardo Córdoba, prófugo de la justicia, que ahí siendo profesor cometió una serie de abusos sexuales contra varios estudiantes, al final de la década de los 80´s. Los alumnos lo denunciaron con el entonces director Marco Antonio Flores Meyer y fue corrido de la institución educativa.