Los Expedientes del Imperio

Por Jaime Contreras Huerta

Una paradoja de sentencia

La condena y multa impuestas al exsecretario de seguridad de México, Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra por una jueza de Estados Unidos, ordenándoles a pagar al Gobierno mexicano casi 2.500 millones de dólares, generó un impacto significativo en la opinión pública, ya que la fortuna de estos criminales gracias al robo de dinero ajeno, devela un esquema de contratos fraudulentos y refuerza la percepción de corrupción y saqueo al erario durante el sexenio de Felipe Calderón.

Este fallo, resultado de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México en 2021, no solo confirma la magnitud del desvío de recursos durante el sexenio del calderonismo, sino que también reabre debates sobre la complicidad de estructuras gubernamentales en prácticas corruptas toleradas e incluso facilitadas desde las altas esferas del poder del prianato.

La paradoja de este hecho es que la sentencia la emitió una autoridad norteamericana que obliga a estos dos criminales, a pagar casi 50 mil millones de pesos mexicanos, mientras que, en México, el empresario Ricardo Salinas Pliego es un deudor en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por casi 65 mil millones de pesos y goza de libertad para lo que se le venga en gana, a diestra y siniestra, gracias a un Poder Judicial a modo del prianato.

Aunque la sentencia a García Luna y su esposa es vista como un acto justiciero, también ha generado escepticismo sobre la efectividad y alcance de la justicia, dado que el exsecretario cumple una condena por narcotráfico en Estados Unidos, pero su esposa que disfruta una vida onerosa, anima la percepción de que debe haber justicia completa en México. Además, es imprescindible que este caso no quede aislado y que se continúe con la rendición de cuentas a muchos otros corruptos del prianato.

La condena también ha reforzado la narrativa crítica sobre la estrategia de seguridad implementada por Felipe Calderón, señalado como el responsable de un aumento significativo en la violencia y la impunidad, con más de 450,000 homicidios. La presidenta Sheinbaum ha vinculado directamente a García Luna con esta violencia, lo que ha influido en la opinión pública para ver el caso como parte de un problema estructural que afectó la seguridad nacional.

Para muchos mexicanos causó asombro la enorme cifra de la multa que, refleja la magnitud del desvío de recursos y el daño al erario público. La multa millonaria ha sido vista como un paso importante para la recuperación de recursos públicos, así como la esperanza en que la justicia pueda actuar contra la impunidad y que el dinero pueda ser reintegrado para beneficio social. El monto de la multa también ha reforzado la crítica hacia la impunidad que prevaleció en México durante los gobiernos neoliberales.

La sentencia ha reavivado el debate sobre la responsabilidad política de Felipe Calderón. Académicos, como John Ackerman, han señalado que García Luna operó como "el verdadero poder detrás del trono", controlando no solo la seguridad, sino también redes de corrupción que beneficiaron a su círculo. En octubre del año pasado, La encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group reforzó esta narrativa, mostrando que la ciudadanía vincula directamente al expresidente Felipe Calderón con los crímenes de su colaborador, erosionando su legado de "guerra contra el narcotráfico".

En la cobertura mediática, El Economista y La Jornada destacaron la dimensión histórica del fallo, enfatizando su papel en la recuperación de activos. Por su parte, The Washington Post y Los Angeles Times, resaltaron la ironía de que un exfuncionario antinarcóticos terminara facilitando el crimen organizado.

La orden judicial de Miami marca un precedente al demostrar que el sistema legal estadounidense puede ser instrumentalizado para sancionar la corrupción transnacional. Sin embargo, su impacto real dependerá de la capacidad de México para recuperar los fondos y traducirlos en beneficios sociales. Mientras tanto, la opinión pública permanece dividida: por un lado, celebra la caída de un símbolo de impunidad; por otro, exige que este caso no sea un episodio aislado, sino el inicio de una rendición de cuentas más amplia hacia élites políticas y económicas.

En este escenario de hechos, resulta viable considerar que la multa millonaria y la condena civil a García Luna y su esposa han impactado la opinión pública mexicana al confirmar la existencia de una red de corrupción de alto nivel, que obliga a la 4T fortalecer la demanda social de justicia y rendición de cuentas, y profundizar la crítica hacia gobiernos pasados, especialmente el de Felipe Calderón, por su presunta complicidad y responsabilidad en materia de corrupción.

El monto millonario de la multa impuesta ha generado una mezcla de sorpresa, indignación y esperanza en la opinión pública mexicana, al tiempo que ha intensificado el debate sobre la corrupción sistémica y la necesidad de una justicia más efectiva y transparente en México que, llegará con la elección popular de jueces del próximo primero de junio, aunque ilusos intenten lo contrario.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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