Los Expedientes del Imperio

Por Jaime Contreras Huerta

Discursividades jurídicas  

La posturas opuestas, de los ministros del llamado Cartel de la Toga, a la reforma del  Poder Judicial, develan que sus artilugios discursivos emanan de una nomenclatura donde se consideran  los poseedores de la verdad constitucional, los apóstoles de la justicia y los personajes más probos, sin embargo, luego de tanta discursividad, alharaca y fallidas  acciones de resistencia para  invalidarla, es evidente que para millones de mexicanos, se trata de una defensa de los privilegios que obtuvieron durante los gobiernos neoliberales.

El próximo martes, la Suprema Corte discutirá el proyecto del ministro José Luis Alcántara Carrancá, que propone la anulación de la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito. Alguno que otro ministro, deberá activar el hipocampo de su cerebro para recordar sus discursividades jurídicas que están relacionadas con su intención de violar la constitución, por ejemplo, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien hace dos años expresó que: “La norma Suprema habilitante no puede ser referenciada ni por supuesto motivo de contraste con cualquier otro ordenamiento normativo secundario surgido de la voluntad de los órganos constituidos. Lo que quiso decir es que la Constitución no puede ser cuestionada ni comparada con cualquier ordenamiento normativo secundario surgido de la voluntad de los órganos constituidos.

También enfatizó que: “El Constituyente de 1917, define la norma suprema como la expresión de la voluntad colectiva, el pilar de la soberanía y la esencia que guía el destino de la nación. Esta supremacía implica que ninguna otra norma, creada por los poderes derivados de esta constitución, puede contradecirla. Como señaló el ministro Hernández, cualquier conflicto entre sus principios y las normas que de ella derivan debe resolverse a favor de la norma suprema”. Lo que quiso decir es que, El Constituyente de 1917 define la norma suprema como la expresión de la voluntad colectiva, el pilar de la soberanía y la esencia que guía el destino de la nación. Esta supremacía implica que ninguna otra norma, creada por los poderes derivados de esta constitución, puede contradecirla. Los principios y las normas que de ella derivan debe resolverse a favor de la norma suprema.

En su discurso pronunciado en el 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, el pasado 05 de febrero: “El Poder Judicial entiende que, por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda”. Al respecto, mi punto de vista es que el próximo martes, los ministros, deberán ser cautos para no olvidar, ni confundir para confundirnos con discursividades abstractas. El ministro Pérez Dayán. Agregó que “es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna”.

Al respecto, os digo, ojo, ministros, el 5 de noviembre acudan a la pertinencia y a la prudencia. No se contradigan ante la opinión pública, recuerden también que ya esta publicada la reforma de supremacía constitucional, donde se establece el principio de que la Constitución es la ley más alta y que todas las otras leyes deben ser coherentes con ella. Esto significa que la Constitución es la fuente suprema de autoridad y que todas las otras leyes deben ser interpretadas de acuerdo con sus principios y valores constitucionales.

Como pilón, también dijo: “Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones”. ¡Ah qué caray!, ahora resulta, pues si la primera que anda en esas jugadas es la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, con eso de sus cenas con el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Como diría Foucault, el discurso jurídico no solo interpreta normas, sino que establece una ‘verdad’ que justifica y perpetúa relaciones de poder. Así, los ministros del ‘Cartel de la Toga’ instrumentalizan el lenguaje legal para preservar su dominio sobre el poder judicial, ya que el poder no solo se trata de una fuerza de represión o control, también es una red de relaciones que configura y determina el comportamiento social y político. En este sentido, el discurso jurídico, además de ser una herramienta de interpretación de normas, es además un mecanismo productor de verdad que establece y perpetúa relaciones de poder, por lo tanto, el discurso jurídico legitima y normaliza prácticas de dominación y sumisión para determinar, desde el punto de vista legal lo que es "verdadero" o "falso".

Los del Cartel de la Toga pretenden tener el control del discurso jurídico por encima del Poder legislativo  para dictar las reglas del juego, según le lo que trate, por eso han salido a las calles y  aparecen en los medios corporativos de comunicación utilizando su jerga jurídica para establecer lo que se considera "verdad" y "justicia", por eso los ministros, desde hace décadas, hablan de la justicia desglosando un conjunto de normas abstractas para confundir y cerrar posibles cauces  a  las aspiraciones de una sociedad más justa e inclusiva. A través de su discurso, construyen una realidad jurídica para perpetuar los privilegios de los encargados de impartir la justicia en nuestro país.

PD: Pronto estará en los medios corporativos la alharaca de la democracia electoral de Lencho y Ciro con otras maromas discursivas.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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