Los Expedientes del Imperio

Por Jaime Contreras Huerta

A unos cuantos días de la elección popular de jueces

Estamos a unos cuantos días de la elección popular de jueces con la que los ciudadanos tendremos representatividad para lograr la legitimidad democrática del sistema judicial. Esto implica que el Poder Judicial deje de ser un espacio cerrado controlado por élites políticas o corporativas, y pase a ser más representativo del pueblo mexicano. Votar en la elección de jueces significa estar dispuesto a combatir las prácticas de nepotismo y designaciones cupulares que históricamente han favorecido a grupos de poder.

Estudios recientes revelan que el 93.63% de los casos penales terminan en impunidad, mientras que el acceso a la justicia para comunidades marginadas se ve obstaculizado y excluido, y la corrupción judicial opera mediante redes que conectan abogados, jueces y actores políticos que han creado un círculo vicioso de lealtades corporativas. Esta corrupción se manifiesta en: Vacíos en procesos disciplinarios donde los mecanismos para sancionar jueces carecen de transparencia, permitiendo que casos graves queden impunes. También se manifiesta en la disparidad presupuestal, ya que mientras tribunales locales operan con recursos insuficientes, los federales cuentan con infraestructura privilegiada. En este escenario, La impunidad alcanza el 96% en la fase ministerial, según México Evalúa, pero el 3.6% de casos que llegan a jueces también enfrentan obstáculos procesales diseñados para beneficiar a poderes fácticos.

El periódico la jornada publicó en noviembre de 2024 que el sistema de designación judicial, mediante concursos “teóricamente meritocráticos” ha sido cooptado por grupos de poder. El Colectivo Artículo 41, denunció que el 80% de magistrados federales provienen de 5 bufetes corporativos, creando conflictos de interés en casos contra empresas. Esta "judicatura corporativa" prioriza protección de derechos patrimoniales, ya que: El 72% de amparos sobre propiedad intelectual son resueltos a favor de trasnacionales.

De acuerdo con las fuentes consultadas en la Web, en materia de partidización de la justicia, la Suprema Corte se ha convertido en arena de disputas partidistas. Desde 2018, el 65% de sus votaciones siguen líneas ideológicas identificables, Este fenómeno se agrava por las designaciones por cuotas políticas que permiten que los poderes ejecutivo y legislativo negocien nombramientos basados en lealtades, no en méritos, además los partidos recurren a la Corte para resolver diferencias legislativas, judicializando la política.

Otra situación crítica es la exclusión sistemática de grupos vulnerables que reproduce desigualdades mediante mecanismos como: Costos prohibitivos: Un proceso civil promedio cuesta 50,000 pesos, equivalente a 5 meses de salario mínimo. Sesgos culturales, debido a que el 68% de jueces federales tienen formación en universidades privadas de élite, generando desconexión con realidades populares. Esto explica “por qué las comunidades indígenas solo acceden a una defensa adecuada en el 12% de casos y las mujeres víctimas de violencia enfrentan revictimización procesal en el 83% de los juicios”.

En este contexto, la corrupción judicial en México afecta profundamente la percepción de justicia entre la ciudadanía, generando un círculo vicioso de desconfianza y desinterés para denunciar delitos. Esta corrupción contribuye a que la mayoría de los delitos no sean sancionados. Se estima que “más del 96% de los delitos quedan impunes, en buena medida por la corrupción en policías, ministerios públicos, jueces y otros actores judiciales”. Esta impunidad alimenta la percepción de que la justicia no se aplica de manera efectiva e imparcial. Encuestas muestran que los jueces y magistrados se encuentran entre las instituciones públicas con menor confianza ciudadana, solo superados por cuerpos policiacos, partidos políticos y ministerios públicos

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “solo 39 de cada 100 mexicanos consideran que los jueces emiten sentencias justas, mientras que el 66.7% cree que la corrupción y los actos preferenciales son comunes en el Poder Judicial”. Tres de cada cuatro personas opinan que en México existe un trato diferenciado en la aplicación de la ley, favoreciendo a ciertos grupos o personas con poder, lo que refuerza la idea de que la justicia es inequitativa y parcial.

Horacio Ortiz Ríos en su tesis doctoral explica que la evidente relación entre corrupción ministerial e impunidad generó una expectativa generalizada de que para obtener justicia se deben pagar sobornos lo que desincentiva a las víctimas a denunciar delitos. Esto incrementa el “costo” de buscar justicia y perpetúa la impunidad, ya que menos denuncias implican menos investigaciones y sanciones. De esto es que la corrupción erosiona la legitimidad del Poder Judicial como garante de derechos y reparador de daños. Estudios indican que la corrupción es vista como el principal problema en la impartición de justicia en México, superando incluso a la impunidad misma en la percepción ciudadana.

La pérdida de confianza en la justicia debilita el estado de derecho, genera descontento social y reduce la cooperación ciudadana con las autoridades, afectando la gobernabilidad y la seguridad pública. En este sentido, la corrupción judicial en México no solo afecta casos individuales, sino que genera desconfianza pública en todo el sistema de justicia, perpetuando la impunidad y dificultando el acceso a una justicia equitativa y efectiva para la población.

El primero de junio, el voto ciudadano es la una oportunidad histórica para que la ciudadanía pueda elegir directamente a sus servidores públicos judiciales, con la esperanza de reducir la corrupción, la desigualdad y el nepotismo en el Poder Judicial.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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