Domo de Cristal

Reforma Judicial: La justicia en México podría estar en riesgo...

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Por Eduardo Esquivel Ancona

La reciente entrega de constancias de mayoría a las nueve personas electas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa la culminación de la Reforma al Poder Judicial. Sin embargo, alcanzar una verdadera justicia para los mexicanos sigue siendo una meta lejana si no se modifica también la legislación que regula a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales.

El aparato judicial debe entenderse como un sistema integral conformado por la SCJN, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial, los Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Dentro de este engranaje, las fiscalías -tanto federal como estatales- son componentes esenciales para que la justicia sea accesible y efectiva para todos.

Actualmente, el funcionamiento de la FGR y de las fiscalías estatales deja mucho que desear. La mayoría de las denuncias presentadas ante estas instancias ni siquiera llegan a ser revisadas por jueces o magistrados.

Según un estudio de México Evalúa, en 2022 se abrieron 2.2 millones de carpetas de investigación. De ellas, apenas en 96,500 casos (4.3%) se logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los acusados. Esta cifra es prácticamente idéntica a la del año anterior.

Por su parte, datos del INEGI señalan que, en el mismo año, sólo el 45% de las investigaciones iniciadas tuvo alguna determinación. De estas, un 64.1% terminó en resoluciones para no ejercer acción penal. El uso de acuerdos reparatorios fue mínimo (1.5%) y el de criterios de oportunidad casi nulo (0.3%). No es sorprendente, entonces, que la medida cautelar más solicitada y concedida a nivel federal sea la prisión preventiva.

Las fiscalías estatales, responsables de atender delitos del fuero común, tampoco ofrecen un desempeño eficiente. La población carece de mecanismos efectivos para defenderse cuando es víctima de delitos.

Por ejemplo, en mayo de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rotó a 920 servidores públicos en menos de un año como medida para prevenir y erradicar la corrupción, así como para mejorar su eficiencia. Esto se dio en un contexto de baja confianza ciudadana: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, la confianza en el Ministerio Público estatal en el Estado de México cayó de 44.9% en 2021 a 42.5% en 2022. A nivel nacional, la confianza también se redujo (de 57.7% a 55.9%).

En cuanto a la Policía de Investigación del Estado de México, la confianza bajó de 47.3% en 2021 a 42.1% en 2022, colocándose por debajo del promedio nacional en ambos años.

El cambio de nombre de «procuradurías» a «fiscalías», así como su supuesta autonomía frente al poder ejecutivo, han resultado hasta ahora más simbólicos que efectivos. La población sigue sin contar con una procuración de justicia pronta y expedita.

Es urgente transformar a la FGR y a las fiscalías estatales en verdaderos defensores de la sociedad, capaces de actuar con eficiencia frente a delitos cometidos por particulares, funcionarios, empresas o instituciones gubernamentales.

Conclusión:

La reforma al sistema de fiscalías en México es esencial para mejorar la procuración de justicia, reducir la impunidad y garantizar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, dicha transformación debe ser producto de un análisis riguroso, un debate público informado y la participación de todos los sectores sociales para que sus resultados sean efectivos y duraderos.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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