Las barbas a remojar

"Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar"

Refrán popular.

Luego de la espectacular captura y sustracción del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas por parte de un comando especial de los Estados Unidos, encabezado por el agente Leon Scott Kennedy, la explicación del presidente Donald Trump rebotó y caló hondo en México y todo su sistema político: “Algo habrá que hacer con México”.

Otra frase y mensaje político que pegó duro fue el de Marco Rubio, secretario de Estado, quien dijo “que Cuba ponga sus barbas a remojar”. Fue una advertencia no solo para Miguel Díaz-Canel, sino para Gustavo Petro, presidente de Colombia, y cualquier otro narcoterrorista o personaje político latinoamericano que esté inmiscuido en el tráfico de fentanilo que fue declarado como un “arma de destrucción masiva”.

¿Se imaginan un operativo similar en Cuba, Colombia o en alguna parte de México? Lo ocurrido en Venezuela marca un punto de quiebre en la narrativa regional. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos —presentada oficialmente como una acción directa contra el narcoterrorismo— no es un episodio aislado ni una ocurrencia coyuntural: es un mensaje. Y el mensaje es claro. La tolerancia, complicidad o protección estatal a redes criminales transnacionales dejó de ser un asunto diplomático y pasó al terreno operativo.

Durante años, varios gobiernos latinoamericanos se refugiaron en el discurso de la soberanía, la no intervención y el antiimperialismo para justificar omisiones evidentes frente al crimen organizado, el narcotráfico y el financiamiento ilícito. Ese paraguas político hoy está roto. Washington mostró que está dispuesto a actuar cuando considera que la amenaza cruza la línea de lo tolerable.

En entrevista con Fox News, Donald Trump matizó que la “Operación Resolución Absoluta”, que según The New York Times causó la muerte de 40 militares y civiles venezolanos, no pretendía ser un mensaje a México, pero recordó que, en varias ocasiones, le ha propuesto a la presidenta Claudia Sheinbaum que Estados Unidos le ayude a “eliminar” a los cárteles mexicanos y sugirió que podría tomar medidas.

Trump reiteró que la situación en México está fuera de control y afirmó que los cárteles del narcotráfico gobiernan amplias zonas del país, una acusación que ya había hecho en el pasado, pero que ahora adquiere un nuevo peso tras la ofensiva estadounidense en Venezuela y la declaración contra el fentanilo.

“Somos muy amigos de ella, es una buena mujer. Pero los cárteles gobiernan México. Ella no gobierna México. Los cárteles gobiernan México”, insistió Trump: “Le he preguntado en numerosas ocasiones: ‘¿Quieres que eliminemos a los cárteles?’”, recordó sin detallar cuál habría sido la respuesta de la jefa del Ejecutivo mexicano.

Ayer domingo, en su gira de trabajo por Hidalgo, la mandataria mexicana volvió a contestar que en la relación con Estados Unidos habrá colaboración sin subordinación y destacó que lo más importante para atender los problemas de seguridad es la responsabilidad compartida entre ambos países.

“Lo más importante es la responsabilidad compartida también, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México y la violencia, evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México”, expresó. Seguramente en la conferencia Mañanera de hoy lunes 5 de enero de 2026, Sheinbaum enfrentará diversos cuestionamientos al respecto y ella dará respuestas similares.

Tan grave es la coyuntura y el golpe al avispero dado por Trump que Andrés Manuel López Obrador salió de su madriguera y rompió su silencio, no para explicar los presuntos actos de corrupción de su régimen como el huachicol fiscal, justificar las incongruencias de sus hijos y sus amigos beneficiados con millonarios contratos de la 4T, ni dar una expiación por el descarrilamiento del tren interoceánico -una de sus obras faraónicas que costó la vida de 14 personas y causó heridas a otras 98-, sino para reclamarle a Trump “el secuestro” de Nicolás Maduro, el alicaído “Superbigote”, vendido así a la masa venezolana como si fuese su “salvador” cuando dicho dictador, declarado por Estados Unidos como narcoterrorista, los ha hundido en la pobreza y provocado una interminable diáspora de 9 millones de personas que han abandonado Venezuela.

A pesar de haber advertido que sólo volvería a la vida pública en caso de un intento de golpe de Estado o de acoso político contra la mandataria Claudia Sheinbaum, AMLO reclamó la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Debido a esto, el expresidente fue tundido en redes sociales por internautas e integrantes de la oposición, principalmente de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que le reprocharon a López Obrador su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, y afirmaron que no está retirado, sino con miedo y recluido.

AMLO calificó la operación “Resolución Absoluta”, llevada a cabo en Venezuela, como un acto de tiranía del gobierno del presidente Donald Trump y aseguró que ni Simón Bolivar ni el expresidente Abraham Lincoln aprobarían una misión como la que realizó el mandatario estadounidense. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, citó a Benito Juárez.

La reaparición de López Obrador contrasta con lo que él mismo expuso en noviembre de 2025, cuando presentó su libro Grandeza y explicó que su regreso a la vida pública sólo ocurriría ante amenazas graves para el país o para la mandataria federal, como “un intento de golpe de Estado o acoso político”.

Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar. El vocero del PAN, Jorge Triana, criticó que el obradorismo ahora se muestre preocupado por el derecho internacional, cuando —afirmó— durante el sexenio pasado se eliminaron órganos autónomos, se tomó el Poder Judicial, se militarizó al país, se censuró a periodistas y se reprimió la protesta social.

La senadora Lilly Téllez también arremetió contra el expresidente, a quien acusó de salir nuevamente a la escena pública por “miedo”, al señalarlo como “cómplice y socio del narcoterrorista Nicolás Maduro”. En redes sociales, afirmó que ambos “entregaron la soberanía a cárteles” y lanzó duras descalificaciones personales contra el expresidente López Obrador.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que López Obrador “no está retirado de la política, sino escondido y huyendo”, y aseguró que por ello fue denunciado ante instancias internacionales.

La relación entre López Obrador y el gobierno venezolano se fortaleció durante su sexenio. Nicolás Maduro visitó México en tres ocasiones: el 1 de diciembre de 2018, para asistir a la toma de posesión presidencial; el 17 de septiembre de 2021, durante la VI Cumbre de la Celac en la Ciudad de México, y el 22 de octubre de 2023, en Chiapas, en el marco del Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar sobre migración.

En ese nuevo escenario del renacimiento de la Doctrina Monroe de “América para los Estadounidenses”, hay gobiernos que inevitablemente quedan bajo observación reforzada. México, por su peso estratégico y por el impacto directo del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, es uno de ellos. Pero no es el único. Colombia, con un discurso ambiguo frente a las estructuras criminales; Cuba, con su historial de protección política; y los proyectos ideológicos que han normalizado la convivencia con economías ilegales, entran en una fase de mayor escrutinio.

No se trata de afinidades ideológicas, sino de costos reales. La presión que viene —diplomática, financiera y judicial— ya no es retórica ni simbólica. Tiene plazos, objetivos y consecuencias. Congelamiento de activos, sanciones selectivas, procesos judiciales internacionales y operaciones encubiertas forman parte del nuevo tablero político.

Por eso, más allá de discursos solidarios o condenas rituales, algunos líderes harían bien en leer el momento histórico. Cuando el precedente se establece, nadie puede alegar sorpresa. En política internacional, como en la vida, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, más vale poner las propias a remojar. Hay un nuevo orden mundial impulsado por Trump.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marcó un punto de quiebre en la política de seguridad hemisférica. Más allá del caso venezolano, el mensaje enviado desde Washington es inequívoco: los Estados que toleren, protejan o se beneficien del narcotráfico y del lavado de dinero serán tratados como amenazas transnacionales y enfrentarán consecuencias que pueden escalar desde sanciones severas hasta acciones directas.

En ese nuevo mapa de riesgo, México aparece encabezando la lista de países bajo presión. La razón es clara: Estados Unidos considera que el flujo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia su territorio —sumado a la capacidad financiera intacta de los cárteles— constituye un problema de seguridad nacional. Tras la operación en Venezuela, el presidente Donald Trump endureció su discurso y colocó a México en el centro de la narrativa, al afirmar que amplias zonas del país están dominadas por organizaciones criminales y advertir que “algo habrá que hacer con México” si no hay resultados contundentes.

La reacción del gobierno mexicano —condenando la intervención en Venezuela y apelando al derecho internacional— fue leída por analistas como una señal de preocupación ante el precedente. Washington ha dejado claro que ya no se trata solo de cooperación, sino de responsabilidad estatal: si un gobierno no combate de manera efectiva el narcoterrorismo, pasa a ser parte del problema.

Junto a México, otros países aparecen en el radar estadounidense. Bolivia enfrenta señalamientos por el crecimiento del narcotráfico y la reducción de la cooperación antidrogas; Ecuador es identificado como nodo logístico clave por sus puertos; Colombia recibe presión por el repunte de cultivos ilícitos; mientras Perú y Brasil permanecen bajo vigilancia por rutas y esquemas de lavado.

La línea que traza Washington es nítida: combatir, tolerar o proteger. Quien no rompa con las redes criminales —financieras y logísticas— se expone a sanciones, aislamiento y procesos judiciales, y en escenarios extremos, a intervenciones justificadas bajo la lógica del narcoterrorismo. Con México al frente de las advertencias, la región entra en una fase de alta tensión, donde la omisión ya no es neutral y el margen para corregir se reduce rápidamente.

Simultáneas:

- Trump detalló operación. Tras la captura de Maduro, Trump redefinió la política de seguridad hemisférica. Desde Mar-a-Lago, el republicano encabezó la conferencia de prensa explicativa de los acontecimientos acompañado por altos funcionarios de seguridad y justicia, en la que ratificó la captura de Maduro y defendió la operación como una acción legítima contra el narcoterrorismo internacional. Trump afirmó que la operación fue el resultado de meses de inteligencia conjunta, y sostuvo que el gobierno de Venezuela operaba como un Estado capturado por organizaciones criminales, dedicadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y protección de redes armadas transnacionales. Señaló que Maduro enfrentará cargos federales en tribunales estadounidenses y recalcó que “Estados Unidos no negociará con regímenes criminales”. Durante su intervención, Trump fue enfático en que la acción en Venezuela no fue un hecho aislado, sino parte de una nueva doctrina de seguridad regional, en la que los países que permitan o protejan economías criminales serán tratados como amenazas directas a la seguridad de Estados Unidos. Sin mencionar planes específicos, advirtió que otros gobiernos están siendo evaluados bajo este criterio.

– La conferencia de Mar-a-Lago reconfigura el tablero geopolítico en América Latina. Uno de los momentos más delicados de la conferencia ocurrió cuando Trump volvió a referirse a México, reiterando que el narcotráfico que cruza su frontera sur constituye una crisis de seguridad nacional. Sin anunciar acciones concretas, dejó claro que Washington espera resultados inmediatos y que “la pasividad ya no es una opción”. Funcionarios de su equipo señalaron que la prioridad inmediata es el desmantelamiento financiero de las redes criminales, el bloqueo de rutas logísticas y la cooperación forzada con gobiernos que, hasta ahora, han mostrado resultados insuficientes. Más allá de Venezuela, Trump dejó claro que el combate al narcotráfico será tratado como guerra contra el narcoterrorismo, y que los Estados que no cooperen plenamente entran en zona de riesgo. México, por su peso estratégico y por el impacto directo del tráfico hacia Estados Unidos, queda explícitamente bajo advertencia, en un escenario donde la presión diplomática, financiera y judicial ya no es teórica, sino operativa.

– Venezuela, petróleo y memoria corta: lo que se construyó, lo que se perdió y lo que hoy se discute. Ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, una consigna se repite con insistencia: “todo fue por el petróleo”. La frase es eficaz políticamente, pero insuficiente para explicar una historia mucho más larga y compleja. Para entender el presente, es necesario recordar cómo nació la industria petrolera venezolana, cómo funcionó durante décadas y por qué colapsó mucho antes de cualquier operación militar. Durante gran parte del siglo XX, la industria petrolera de Venezuela fue uno de los proyectos energéticos más sólidos del hemisferio. Con apoyo de capital, tecnología y mercado principalmente estadounidenses, el país se convirtió en proveedor confiable de crudo y en una potencia regional. No fue una relación colonial, sino de conveniencia mutua: Estados Unidos aseguraba suministro cercano y estable; Venezuela obtenía ingresos, desarrollo industrial y formación técnica. Ese modelo alcanzó su punto más alto con PDVSA, que llegó a ser considerada una de las petroleras estatales mejor administradas del mundo. Contaba con cuadros técnicos altamente capacitados, operaba refinerías estratégicas en Estados Unidos y producía más de tres millones de barriles diarios. La industria petrolera era el pilar de la economía venezolana. El quiebre comenzó con la llegada de Hugo Chávez. Bajo el discurso de la soberanía energética, PDVSA fue politizada, se despidió a miles de técnicos especializados y la empresa quedó subordinada al proyecto político. Las nacionalizaciones rompieron alianzas clave y desincentivaron la inversión, mientras la petrolera empezó a usarse como fuente de financiamiento del régimen. Con Nicolás Maduro, el deterioro se aceleró. La corrupción, la falta de mantenimiento y la fuga de talento provocaron el colapso operativo. La producción se desplomó y las refinerías dejaron de funcionar correctamente. Venezuela conservó enormes reservas bajo tierra, pero perdió la capacidad real de explotarlas.

¡Hasta el próximo lunes!

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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