Jaque a la Reina

"Donde está el peligro está también lo que salva"

Friedrich Hölderlin

Cuando se da un jaque al rey, en este caso a la reina, tanto en el tablero del Ajedrez como en el escenario político, se produce una situación de vulnerabilidad extrema que exige una respuesta inmediata para evitar la derrota definitiva.

Si bien al principio la presidenta Claudia Sheinbaum se envolvió en la bandera de la defensa de la soberanía de México y exigió “pruebas”, los días de Rubén Rocha Moya estaban contados y era un cadáver político que apestaba en el nauseabundo clóset de la 4T luego de la acusación por narcotráfico presentada por United States District Court for the Southern District of New York.

Los gringos ya habían avisado en múltiples ocasiones a través de notas, artículos, reportajes y editoriales de prestigiados diarios estadounidenses, y no de ahora, sino desde que Donald Trump había dicho en 2025 que “México está gobernado o controlado” por los cárteles de la droga y que iba a actuar en consecuencia. Antes los declaró grupos terroristas que ponen en peligro a su país y son un asunto de Estado.

Otro mensajero fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, que lanzó una dura advertencia contra la corrupción y sus vínculos con el crimen organizado durante una visita a Los Mochis, Sinaloa, señalando que políticos y narcos serían investigados y procesados. Ahí advirtió que la corrupción y la extorsión son obstáculos críticos que impiden la llegada de inversiones al estado.

Cuando se conoció el documento de acusación formal por parte de la fiscalía federal en Estados Unidos conocido como ‘Indictment´ –acusación emitida por un Gran Jurado- o ‘Criminal Complaint’ -denuncia penal presentada por un fiscal en este caso por Jay Clayton-, las declaraciones de Johnson cobraron máxima relevancia y pusieron en jaque a la presidenta Sheinbaum.

La acusación penal del Departamento de Justicia de EE.UU. contra Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios y exfuncionarios más incluidos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como conspiración para importar estupefacientes fue respaldada por la Drug Enforcement Administration (DEA).

El ‘Indictment´ es histórico porque no solo señala a un gobernador en funciones por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa (CDS). Lo que realmente expone es algo más profundo: la incapacidad —o falta de voluntad— del sistema mexicano para procesar sus propias sombras y constituyó toda una bomba política que explotó y sus ondas expansivas llegaron hasta Palenque. AMLO ya no pudo defender más a su amigo y Sheinbaum tuvo que dar la orden de sacrificar a ese alfil que la ponía en peligro.

Aunque pataleó y se dijo ‘inocente’ con la ‘conciencia tranquila’, Rocha Moya se vio obligado a retirarse. El pasado sábado 1 de mayo, ante el Congreso del Estado, presentó su solicitud de ‘licencia temporal’ y se separó de su cargo como gobernador de Sinaloa. Yeraldine Bonilla Valverde fue electa mandataria interina. El edil Culiacán también hizo lo mismo y el Cabildo de la capital sinaloense nombró a la síndica procuradora Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisional.

El peligro para la reina no termina con ello. Aún falta ver si serán detenidos y enviados a Estados Unidos para ser juzgados. El hambre de Trump es insaciable y más en tiempos electorales. Legisladores republicanos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtieron que las acciones legales y señalamientos contra  Rocha Moya y coacusados son “solo el principio”.

El Comité afirmó en redes sociales que los días de impunidad para quienes estén implicados en el tráfico de drogas hacia EE.UU. han terminado. La presidenta Sheinbaum calificó estas imputaciones como políticas y reiteró que no existen pruebas claras. Eso no la va a salvar. Tiene que ir a fondo. Defender lo indefendible es no solo hundir a Morena y a la 4T. La renegociación del T-MEC está en juego y tenemos un Mundial de Futbol por realizar. El problema es que en esa agresiva estrategia, Trump quiere más cabezas de ‘narcopolíticos’ y no se sabe si esos ímpetos también incluyan y reclamen al mismo AMLO y familiares. Porque antes de que Washington hablara, Sinaloa ya murmuraba.

Ya existían denuncias en México. Ya había voces que señalaban encubrimiento, vínculos incómodos, frases que en cualquier democracia funcional habrían encendido alarmas. Incluso la idea —tan delicada como peligrosa— de que para llegar al poder y gobernar ciertas regiones del país, hay que “entenderse” con el crimen organizado. Esto comenzó a circular sin el escándalo que debería provocar. Ese es, quizás, el dato más inquietante: no la acusación, sino la normalización previa.

Luego vino el episodio de la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada. Un caso turbio, lleno de traiciones, versiones encontradas, ausencias inexplicables y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El Mayo cayó en la celada de sus antes aliados ‘Los Chapitos’  porque desde niños los conocía e incluso los protegía. Le dijeron al capo que a la cita para arreglar las diferencias estaría el gobernador Rocha Moya. Se lo llevaron y ahora canta. Esto terminó por enturbiar aún más el ambiente político. Nada fue concluyente, pero todo fue suficientemente incómodo. Y, sin embargo, el sistema resistió… no investigando, sino absorbiendo el golpe.

Mientras tanto, la violencia no dio tregua. Las cifras de la violencia crecieron, las percepciones empeoraron y las explicaciones oficiales comenzaron a sonar repetidas. En paralelo, las propias estructuras del crimen organizado —a través de mensajes públicos— empezaban a incluir en su narrativa a figuras del poder. Cuando ocurre eso, la tenue línea entre Estado y crimen dejó de ser difusa: se volvió peligrosamente permeable.

Y entonces llegó la acusación. No desde México. Desde Estados Unidos. Ahí es donde el caso cambió la dimensión de los hechos. Porque cuando una autoridad de EE.UU. decide actuar sobre hechos que dentro del país no avanzaron, lo que queda en evidencia no es solo el presunto delito… sino el vacío institucional.

No se trata aquí de declarar culpable a nadie. La presunción de inocencia sigue siendo un principio irrenunciable. Pero el periodismo —y la opinión pública— sí pueden hacer otra cosa: observar patrones. Y el patrón fue claro. Denuncias internas sin consecuencias. Señalamientos públicos sin investigación de fondo. Episodios críticos sin claridad. Y, finalmente, una acción judicial externa que rompió la inercia. Eso no fue un accidente. Es un sistema fallando.

El caso de Rocha Moya no debe leerse solo como un escándalo político más. Debe leerse como síntoma de algo mayor: la fragilidad de las instituciones cuando el poder decide no incomodarse a sí mismo. Porque el verdadero problema no es que Estados Unidos acuse. El problema es que, para que eso ocurriera, México tuvo primero que guardar silencio y eso ya no se puede.

La diferencia entre un escándalo pasajero y una crisis de fondo está precisamente ahí: en la capacidad de distinguir entre lo que se sabe y lo que se imagina. Y en este caso, lo que se sabe ya es más que suficiente para encender todas las alertas.

Simultáneas:

- Aquí no hay ocurrencias. En Estados Unidos no se levanta una acusación federal de narcotráfico contra un gobernador en funciones por ocurrencia. Lo que hoy enfrenta Rubén Rocha Moya no es un rumor ni una filtración. Es un ‘Indictment’: un documento judicial que, para existir, debió pasar por un Gran Jurado. Eso significa que una fiscalía presentó evidencia suficiente para que el caso avance. No es una sentencia, pero tampoco es un gesto político sin sustento. Por eso la respuesta mexicana —“no se anexaron pruebas suficientes”— no tranquiliza: inquieta. Porque confunde dos cosas distintas: lo que se envía en una solicitud preliminar y lo que una fiscalía está dispuesta a sostener ante un juez. La pregunta de fondo no es si Estados Unidos ya probó su caso. La pregunta es por qué, frente a una acusación de ese calibre, en México no se activa de inmediato una investigación robusta, autónoma y transparente. El contexto tampoco ayuda a conceder el beneficio de la duda.

– El episodio “Mayo–Cuén”. Este hecho dejó una grieta: una versión oficial que se cayó, una intervención federal que corrigió, y una cadena de hechos que, sin imputar directamente al gobernador, sí erosionó la confianza pública. Esa grieta hoy se ensancha. Aquí es donde el asunto deja de ser personal y se vuelve sistémico. Porque Rocha no llegó solo. Llegó con un proyecto que hizo de la honestidad su bandera de la mano de AMLO. Hoy ese proyecto enfrenta una prueba incómoda: demostrar que sus estándares aplican también hacia adentro. No basta con negar. No basta con cerrar filas. No basta con escudarse en formalismos. Lo mínimo exigible es investigar en serio. Porque en el mundo real —no en el discurso— una acusación federal en Estados Unidos es el inicio de un proceso que suele venir acompañado de carpetas, testigos, trazabilidad financiera y cooperación internacional. Si México decide mirar hacia otro lado, no elimina el problema: lo difiere. Y diferir, en estos casos, sale caro. Hoy Sinaloa no está acéfalo. Pero sí está bajo una lupa que ya no es local. Y cuando Washington pone un nombre sobre la mesa, el silencio no lo borra. Lo agranda.

– La solución a un problema ahí está también. El jaque ocurre cuando el rey -en esta caso la reina-, está amenazada de captura por una pieza enemiga. A diferencia de otras piezas, el rey o la reina no pueden ser capturados; por lo tanto, están obligados a salir del jaque inmediatamente usando una de estas tres vías: Mover al rey o a la reina desplazarlo a una casilla adyacente que no esté bajo ataque; bloquear el ataque o interponer una pieza propia entre el atacante y el rey o la reina (no funciona contra saltos de caballo o ataques de contacto); y capturar la pieza o eliminar la amenaza tomando la pieza que está dando el jaque. Si ninguna de estas opciones es posible, se declara jaque mate, la partida termina y el jugador o jugadora amenazada en este caso pierde. Habría que recordarle a Sheinbaum la frase célebre con la que comencé mi columna. Es un verso del poeta alemán Friedrich Hölderlin, proveniente de su poema“Patmos” (“Wo aber Gefahr ist, / wächst das Rettende auch”), a menudo traducido como: “Pero donde está el peligro, / crece también lo que salva”. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la crisis y la oportunidad, frecuentemente utilizada para sugerir que la solución a un problema se encuentra dentro del problema mismo. ¿Lo entenderá la Presidenta con A?

¡Hasta el próximo lunes!

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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