Ajedrez Huasteco

Por Jesús Sierra

LA POLÍTICA SOCIAL QUE SE POLITIZÓ

La asistencia social debe ser enfocada de manera integral a las acciones gubernamentales que propicien el mejoramiento de las circunstancias sociales que impiden a muchas familias su libre desarrollo.

La Ley de Asistencia Social del estado de San Luis Potosí, que es de orden público y de interés general, establece como su objeto primordial el establecer las bases y procedimientos del sistema estatal de asistencia social, el cual es el encargado de coordinar la prestación de los servicios asistenciales que se aplican en la entidad potosina; lo integran el Ejecutivo, dependencias y entidades públicas de la administración estatal vinculadas a la asistencia social, los DIF's municipales y las instituciones de asistencia privada que se encuentren inscritas en el directorio estatal de instituciones de asistencia social y certificadas por el DIF estatal.

En esta ley estatal se establece, entre otras cosas, que el Ejecutivo, los ayuntamientos y las instituciones de asistencia privada, “en la medida de sus posibilidades presupuestales” proporcionarán servicios asistenciales sociales a las personas sujetas a la misma, con el objeto de “garantizar el acceso al pleno ejercicio de sus derechos humanos” y en igualdad de condiciones con los demás.

La Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado (Sedesore), instituyó una serie de programas gubernamentales que buscan mejorar la calidad de vida de muchos potosinos que viven en condiciones de pobreza. Uno de estos programas es el de becas alimentarias, basado en la dotación de productos de la canasta básica, tales como frijol, café, cereal, pasta, harina, atún y leche.

La repartición de estos productos alimentarios tiene como base los padrones de beneficiarios que se elaboran por personal de Sedesore en las 4 regiones del estado, para lo cual la estructura burocrática dispuso de delegaciones con un titular y personal operativo que, en teoría, son quienes deben verificar que quienes estén enlistados en esos padrones sean ciudadanos que realmente se encuentren en condiciones de inminente necesidad, de tal manera que ese apoyo alimentario mitigue de manera urgente ese lamentable estado. Hasta ese punto y con esas directrices la política asistencialista del estado cumple con los fines para los que fue diseñada.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una estrategia que se antoja desvirtuada al momento de aplicar esta política social y que, en estricta justicia, debería considerarse a ser redireccionada a sus fines iniciales. Hoy en los padrones de beneficiarios se enlistan a los cuates, los familiares o los amigos de quienes los elaboran y, aún más grave, de operadores políticos que se convierten en los activos de cada elección constitucional, vecinal, juntas de mejoras e incluso, como se prevé, en la elección del Poder Judicial que se avecina.

A través de grupos formados en redes “coordinan” a las personas que reciben estos apoyos para que asistan a un mitin, a eventos gubernamentales o a que participen activamente en las elecciones enfocando su voto por el que les digan. Esta política que se concibió con un fin encomiable, se convirtió en una herramienta electoral en manos de unos cuantos, cuya consecuencia mas grave es que está dejando sin atención a ciudadanos que realmente necesitan estos apoyos sociales, esos del discurso demagogo del nunca han tenido y nunca tendrán, pues queda claro, no tienen la manera de acceder por otros opciones a lo más básico para subsistir.

La paradoja, es que cuando son candidatos ofrecen justicia social a los que menos tienen y nunca han tenido, y ya cuando están en los cargos a los que llegan, se aprovechan del mismo fin y de los mismos necesitados.

Así las cosas…

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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