Los Expedientes del Imperio

Por Jaime Contreras Huerta

"No somos iguales"

La nueva Ley de Telecomunicaciones no busca silenciar voces críticas al gobierno federal, es más bien una oportunidad para redefinir el ecosistema digital y mediático de México. Sin embargo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura que se trata de una regulación moderna, necesaria para cerrar la brecha digital y ordenar el uso del espectro, la oposición y diversos sectores alertan sobre los riesgos de censura, opacidad y concentración excesiva de poder, tal como sucedió durante los gobiernos neoliberales. Los prianistas no entienden lo que ya les ha dicho la presidenta: “No somos iguales.”

La historia reciente muestra que la censura legal, a través del artículo 3° de la Ley del Timbre, promulgada por Venustiano Carranza y vigente hasta 2013, permitía al gobierno federal determinar qué contenidos eran "susceptibles de publicación". En este marco, cualquier crítica al ejecutivo federal se consideraba "atentado a la patria", dando cobertura legal para incautar imprentas y arrestar editores. El académico y periodista Raúl Trejo Delarbre, documenta 142 casos de censura legal entre 1988-2000 usando este mecanismo.

El control de medios con leyes como la del Timbre de 1917 llevó a cabo censura digital mediante el bloqueo de sitios web críticos como 1DMX.org, en diciembre de 2013, ya que la plataforma ciudadana, que documentaba represión durante protestas contra Enrique Peña Nieto, fue eliminada por la empresa creadora de sitios web GoDaddy, tras presiones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Este hecho evidenció cómo el gobierno federal utilizaba intermediarios tecnológicos para censurar, evitando su responsabilidad directa. Las fuentes señalan que la SEGOB “emitió 17 oficios secretos pidiendo el bloqueo de la plataforma, violando el artículo 6° constitucional”.

En 2012, Felipe Calderón promovió un pacto de autocensura y logró que 715 medios firmaran un acuerdo para autorregularse y limitar voluntariamente la difusión de información relacionada con la violencia y el crimen organizado. Esta medida funcionó como una operación de contrainteligencia para controlar la narrativa oficial y ocultar omisiones y contubernios, restringiendo la libertad de expresión con lo cual se facilitó la acción ilícita de grupos criminales. Esta modalidad de censura a medios de comunicación se disfrazó con el “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia del crimen organizado”. Los representantes de los medios de comunicación, convocados por Televisa y Tv Azteca firmaron un documento en el que acordaron “no difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de los operativos contra el crimen organizado”, dimensionar adecuadamente la información, evitar convertirse en voceros involuntarios del narcotráfico y no entrevistar delincuentes”.

El pacto de autocensura funcionó como una operación de contrainteligencia diseñada para controlar y limitar la circulación de información no oficial que pudiera evidenciar acciones ilícitas del gobierno y sus fuerzas policiales, así como revelar complicidades con grupos criminales. La autocensura fue justificada como una medida para proteger a los periodistas y la estabilidad social, pero en la práctica sirvió para restringir la circulación de información crítica y facilitar la impunidad en un contexto de violencia extrema.

En 2014, Carmen Aristegui fue despedida de su cargo como conductora del noticiero matutino de MVS Radio. Su despido generó gran controversia debido a su cobertura de la corrupción en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Aristegui denunció que fue despedida por presiones del gobierno y presentó una demanda contra MVS Radio. Su caso ha sido considerado un ejemplo de la represión a la libertad de expresión en México.

El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en septiembre de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtió en un símbolo de la opacidad y la represión contra la libertad de expresión. La administración federal no solo fue acusada de encubrir la verdad, sino también de obstaculizar investigaciones independientes y criminalizar a medios y periodistas críticos.

Medios oficialistas, como Televisa y TV Azteca, así como funcionarios vinculados al gobierno etiquetaron a periodistas que investigaban el caso como "activistas" o "provocadores": Anabel Hernández (periodista de Proceso), fue difamada por revelar en 2015 que militares estuvieron involucrados en el operativo de Iguala, Marcela Turati (fundadora de Quinto Elemento Lab), cuestionó públicamente la versión oficial y fue acusada de "buscar desestabilizar al país, además, familiares de las víctimas fueron espiados con el software Pegasus, financiado por el gobierno federal.

Durante el gobierno peñista, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intervino la infraestructura digital para “garantizar la seguridad nacional". En este contexto, activistas digitales documentaron 128 casos de throttling (ralentización intencional) a plataformas como Twitter durante protestas de #YoSoy132 en 2014. La propuesta original incluía el "derecho al olvido que habría permitido eliminar contenidos históricos críticos, modificada tras movilizaciones ciudadanas”.

En contraste, durante los gobiernos de la 4T no se tiene documentado un solo caso de presiones de autoridades para el cierre de medios de comunicación o despidos de periodistas, por eso resulta excesivo que el senador panista, Ricardo Anaya acuse que la nueva Ley de Telecomunicaciones se trata de una “ley censura” que busca controlar la narrativa pública desde el gobierno. No, para nada, señores prianistas, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador ya les dijo y la presidenta Claudia Sheinbaum lo reitera: “No somos iguales”.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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