La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una denuncia por el de una conducta delictiva aún no especificada en contra de una institución educativa privada. Como se recordará, la semana pasada, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que clausuró la inscripción de nuevos alumnos en una institución educativa privada, por una investigación relacionada con esa causa.

La dependencia indicó que "la medida es parte de una serie de visitas extraordinarias que las autoridades educativas están llevando a cabo debido a denuncias y presuntos incumplimientos por parte de la institución educativa".

La Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGE programó una visita de inspección para el pasado 6 de febrero de 2025. Sin embargo, la institución impidió el acceso de los inspectores, lo que derivó en la colocación de sellos de suspensión en la inscripción de nuevos estudiantes el 27 de febrero.

La FGE no menciono el nombre de la institución educativa pero todos saben que se trata del Instituto Potosino Marista (IPM) Secundaria y Preparatoria ubicado en el número 705 de la Av. Cuauhtémoc que interpuso y ganó un amparo contra la instalación de los sellos de clausura impuestos por la SEGE en el plantel.

La FGE no precisó de qué conductas delictivas se trata, pero la SEGE difundió del inicio de una investigación a una escuela particular de la Avenida Cuauhtémoc que reportó "casos de conductas delictivas en agravio de estudiantes". Fue esa dependencia la que manejó en ese boletín que la investigación se hacía en torno a presunta “agresión sexual”.

La SEGE explicó que intervino para requerir al plantel educativo la información relacionada con las denuncias, pero al parecer el Instituto se negó a recibir al personal de la dependencia estatal, por lo que colocó los sellos correspondientes para avisar que no permitiría la inscripción de estudiantes.

El IPM actuó legalmente y ganó un juicio de amparo a la dependencia estatal. Directivos del colegio emitieron un comunicado interno en donde afirman que la SEGE "incurrió en una omisión y mala actuación”. Un docente de la institución que pidió no revelar su nombre indicó que esperan que esto se aclare y no sea una "cacería de brujas". A final la verdad saldrá a flote como ocurrió con el caso del padre pederasta Eduardo Córdoba, prófugo de la justicia, que ahí siendo profesor cometió una serie de abusos sexuales contra varios estudiantes, al final de la década de los 80´s. Los alumnos lo denunciaron con el entonces director Marco Antonio Flores Meyer y fue corrido de la institución educativa.