Juana Hilda González Lomelí llevaba casi 20 años en prisión. Era parte de una condena de 78 años por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, en julio de 2005. La madre del empresario, Isabel Miranda de Wallace, se encargó de perseguir sin tregua a los presuntos asesinos, lo que la convirtió en un ícono de la justicia y de la defensa de los derechos humanos en el oscuro sexenio de Felipe Calderón.

Así fue hasta que la lucha de los acusados y abogados aliados desmontó la historia. Ayer miércoles 11 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó una batalla de años: Todo fue un montaje, una mentira avalada desde el poder político y mediático.

La sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostiene que las declaraciones en las que Juan Hilda “reconoció” su participación en el delito fueron arrancadas mediante tortura, por lo que invalidó las supuestas pruebas obtenidas por la entonces Procuraduría General de la República y ordenó la inmediata liberación de la mujer sobre la que ha pesado, durante dos décadas uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el poder judicial.

El proyecto listado con el número 26/2022 y aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra de la Primera Sala de la Corte no solo establece que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario en materia Penal del primer circuito, violó los derechos fundamentales de la implicada y valoró de forma incorrecta las pruebas que sustentaban la condena. En los hechos, la sentencia acaba con el “caso Wallace” construido sobre la “confesión” de Juana Hilda.

Su liberación ratifica como torturadora a Isabel Miranda, una mujer que recibió de manos del expresidente Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, y que, con la fachada de su organización, Alto al Secuestro, operó dentro de las mismas instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Juana Hilda González Lomelí fue detenida en 2006, luego de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) la señaló como partícipe del secuestro de Hugo Alberto Wallace. En 2011 fue sentenciada por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Juana Hilda y los demás coacusados, como Brenda Quevedo, fueron víctimas de un montaje encabezado por Miranda de Wallace, quien aparentemente murió hace unas semanas, en circunstancias poco claras.

La sentencia aprobada por la Corte relata que Juana Hilda fue detenida en 2006 a partir de testimonios de personas que dijeron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento, ubicado en Ciudad de México.

Miranda de Wallace difundió en carteles gigantes colocados en las principales avenidas de la Ciudad de México los rostros de Brenda, de entonces 24 años, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, señalándolos de secuestradores, a pesar de que no había pruebas periciales en contra de ellos.

González Lomelí, expareja de Hugo Alberto, fue obligada a inculparse luego de ser sometida a tortura física y sexual. Su testimonio fue determinante para que todos los involucrados en el caso se encuentren en prisión, entre ellos Brenda Quevedo, está a punto de cumplir 18 años presa, sin sentencia.

En mayo de 2022 la Suprema Corte atrajo el caso de Juana Hilda.La Ministra Margarita Ríos Farjat aceptó hacer suya la petición de atracción. Previamente el caso fue tomado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que promovió un amparo.

La sentencia de la Corte establece la “inmediata y absoluta libertad” de Juana Hilda, por lo que se espera que en las próximas horas salga del penal de federal femenil de Morelos, donde actualmente se encuentra, tras pasar por varios penales del país.

A partir de esta nulidad, la Primera Sala consideró que las pruebas restantes, ofrecidas por el Ministerio Público y no afectadas por dichas violaciones, resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, más allá de toda duda razonable.

"Para el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que representa a Juana Hilda y a otras personas coprocesadas, esta resolución reitera que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos. Entre ellos, la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas", expresó el IFDP en un comunicado.