Buenos Aires. La justicia argentina investiga una supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, que involucraría al círculo más cercano del presidente Javier Milei y a laboratorios locales.

La investigación comenzó luego que Milei sufrió otro revés tras el rechazo en el Senado a una serie de sus decretos y la aprobación del aumento presupuestal a salud y universidades públicas.

Los senadores convirtieron en ley, por 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, el aumento del financiamiento para las universidades nacionales, aprobado previamente por la Cámara de Diputados, horas antes de hacer lo mismo con el alza en el presupuesto a hospitales pediátricos, actualmente en crisis.

Milei adelantó que vetará las leyes, al alegar que podrían poner en riesgo el superávit fiscal que considera clave para su modelo económico ultraliberal.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer 15 allanamientos, entre ellos, en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyo titular Diego Spagnuolo fue removido de su cargo tras difundirse en medios periodísticos una serie de audios en los que aludía al pago de sobornos a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, como paso previo para autorizar la adquisición de medicinas.

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El escándalo estalló la misma semana en la que el Congreso, controlado por la oposición, frenó el veto presidencial a una ley que declaraba la urgencia en discapacidad e incluía mejoras en las prestaciones para ese sector, en un claro desafío a la política de ajuste de Milei.

Las medidas judiciales se adoptaron a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien representa en otras causas a la ex presidenta y líder opositora Cristina Fernández de Kirchner.

Dalbón solicitó a la justicia investigar a Spagnuolo, a Karina Milei, al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y a ejecutivos de la distribuidora de medicamentos Suizo Argentina por los delitos de administración fraudulenta, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En los audios difundidos se escucha a Spagnuolo –amigo y abogado de Milei antes de asumir la presidencia en 2023– describir que ejecutivos de Suizo Argentina, que abastece al Estado, piden a laboratorios locales un retorno “para la Presidencia”.

“A Karina le llega tres por ciento y uno por ciento se va en la operatoria”, se escucha en uno de los mensajes.

El gobierno reaccionó con la remoción de Spagnuolo y la intervención de la Andis, pero no se pronunció sobre los supuestos sobornos, aunque apuntó a una “utilización política” del caso por parte de la oposición.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) señaló en X: “Che Milei, ¿te acordás de la ‘doctrina Vialidad’? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme (...) Bueno, dÉjame decirte que las coimas (sobornos) de 3 por ciento que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave en términos de responsabilidad penal”.

Fernández cumple prisión domiciliaria, tras haber sido condenada en junio a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusada, sin pruebas, de haber cometido delitos de corrupción en la obra pública, en la causa conocida como Vialidad.

“Todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Spagnuolo, relatar cuando te fue a ver para informarte de las andanzas del jefe y su pandilla, cobrando retornos con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra”, añadió Fernández.

Por su parte, la mamá del activista autista de 12 años Ian Moche se mostró indignada por el caso de los audios atribuidos al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se habla de supuestos retornos vinculados a farmacéuticas y que apuntan a la secretaria general Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

En diálogo con Radio Futuröck, Marlene Spesso definió el escándalo como "despreciable" y reclamó que la Justicia amplíe la investigación. "Este gobierno no empatiza con el otro y pone bajo la lupa a las personas con discapacidad como si estuvieran mintiendo. Es tan inhumano y despreciable... es despreciable", afirmó.

La causa está en manos del juez Sebastián Casanello, con la fiscalía de Franco Picardi. En los últimos días se realizaron 15 allanamientos en busca de pruebas. La hipótesis apunta a un posible esquema de recaudación ilegal en la cúpula del poder, con la farmacéutica Suizo Argentino como intermediaria con otras prestadoras para el pago de retornos.

Spesso cuestionó duramente la gestión de Spagnuolo: "Cuando nos reunimos, planteaba que las personas con discapacidad debían ser contratadas por empresas privadas que nunca llegaron. También habló de quitar pensiones en lugar de adaptarlas al salario. Vi que no tenía la sensibilidad ni el conocimiento para estar en un área como discapacidad".

Además, denunció prácticas humillantes en las auditorías: "Le han pedido a personas en sillas de ruedas que se paren. Le sacaron la pensión a una nena electrodependiente por no presentarse, cuando debía ir una asistente social al domicilio. Es ignorancia, falta de empatía y de señalar con el dedo".