El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inelegible a José Luis Ruiz Contreras, exfiscal general del Estado, para ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial de San Luis Potosí, al acreditarse que incumple con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

La resolución cuyo proyecto se había conocido hace 4 días, establece que Ruiz Contreras incurre en la hipótesis de inhabilitación prevista en el artículo 116 de la Constitución General y en el artículo 92 de la Constitución local, al haber ejercido como fiscal general dentro del año previo a la emisión de la convocatoria para la designación.

José Luis Ruiz Contreras señaló que se restringía su derecho a asumir el cargo, pero no expresó su deseo de impugnarlo y deseó suerte a quien “ocupará el espacio en Sala y Pleno”. En un comunicado emitido luego del fallo, el exfiscal estatal señaló que concluyen 24 años de servicio en el Poder Judicial y que regresaría “al interior del estado” para trabajar como abogado.

En consecuencia, el TEPJF determinó revocar parcialmente la sentencia del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, dejando sin efecto la constancia de asignación otorgada a Ruiz Contreras. Asimismo, ordenó al Instituto Electoral Local realizar la asignación correspondiente a la siguiente persona más votada, siempre que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley.

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Durante la discusión, los magistrados resaltaron que la naturaleza de la función de procuración de justicia, en la que se desempeñó Ruiz Contreras como fiscal, impide su transición inmediata al ámbito jurisdiccional, lo que representa un criterio objetivo de diferenciación entre la administración de justicia y el ejercicio de la judicatura.

De igual forma, se hizo hincapié en que la vacancia debe resolverse respetando los principios democráticos y de mayor representatividad, considerando que la persona con más votos -sin importar el género- será quien deba asumir la magistratura.

Con esta decisión, el máximo tribunal electoral del país garantiza que la integración del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí se apegue a los principios constitucionales y democráticos.