Un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que se reserva su nombre por obvias razones, informó a Ajedrez Político SLP, que Santiago "N", uno de los presuntos señalados de violación agravada contra una estudiante de dicha institución y que ayer fue aprehendido, presumía que era "líder de la juventud de Morena en San Luis Potosí".

"Yo le di clases y eso presumía, a mí me lo dijo, incluso llegó a decir que era parte del grupo del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, que a su vez pertenece a la corriente de Mario Delgado Carrillo, pero ahora lo niega aunque hay fotos y evidencias de su activismo como secretario general y delegado regional en Pozos", dijo el consternado Maestro que lamentó la situación y que ahora "dirigentes de Morena pretendan negar la cruz de su parroquia".

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El diputado local morenista también declaró que "no tengo relación alguna con el presunto agresor de la UASLP”, pero  las redes sociales reaccionaron burlándose del legislador y lo criticaron duramente por negarlo.  Antes, miembros del Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí se deslindaron públicamente Santiago "N" pretendiendo aclarar que Santiago "N" no contaba con reconocimiento alguno como militante ni dirigente del partido cuando existen múltiples evidencias de lo contrario.

En un comunicado que contradice su posicionamiento, firmado por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez y Carlos Artemio Arreola Mallol, los dirigentes estatales aclararon que, de haber participado (Santiago "N") en alguna actividad política, "ello no representa respaldo, protección ni cobertura alguna" por parte de Morena.

El documento también reafirma el respaldo del partido Morena a la comunidad universitaria, en especial a las mujeres que exigen condiciones seguras y libres de violencia, enfatizando que "ninguna forma de violencia puede ser minimizada, encubierta ni relativizada bajo ningún argumento institucional, social o político".

Morena llamó tanto a la UASLP como a la Fiscalía General del Estado (FGE) a informar con prontitud y claridad sobre el caso, garantizando que no haya revictimización y se respeten plenamente los derechos humanos.