El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) confirmó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está sujeta a auditorías y que existen observaciones por aproximadamente 670 millones de pesos, derivadas de la negativa de la institución a permitir la revisión de los recursos públicos que recibe.

Rodrigo Lecourtois López, auditor superior del IFSE, recordó que en años anteriores las auditorías a la universidad generaban hallazgos mucho menores, entre dos y tres millones de pesos, generalmente relacionados con exrectores y administradores. Sin embargo, a partir de 2023, la UASLP decidió no someterse a nuevas revisiones alegando su autonomía y la existencia de una contraloría interna designada por la propia universidad.

Para evitar la fiscalización, la institución promovió tres amparos, dos juicios de nulidad y una controversia constitucional, todos desechados por improcedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

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Lecourtois López aclaró que las sanciones no recaerán sobre la universidad como institución, sino sobre los funcionarios que obstaculizaron la rendición de cuentas. Éstas podrían incluir multas económicas y hasta inhabilitaciones, debido a la magnitud de los recursos no revisados y la negativa reiterada a permitir auditorías.

El auditor adelantó que los expedientes serán enviados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para que se determinen las sanciones correspondientes.

Entre los posibles sancionados se encuentran los titulares de la rectoría y la administración universitaria. Sin embargo, la Abogada General de la universidad, quien asesoró al rector para no permitir la fiscalización, no será incluida en la lista de sancionados, aunque su responsabilidad en la situación fue señalada por Lecourtois López.

“Voy a sancionar a los funcionarios en lo particular, aquellos irresponsables que determinaron no auditarse, no rendir cuentas, no transparentar sus recursos públicos", puntualizó.