La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) permanece callada ante el asesinato de un alumno de Estomatología y omite reconocer que el servicio de seguridad privada que contrató debe ofrecer vigilancia no solo dentro sino también en los alrededores de sus instalaciones. Así lo hacen universidades de todo el continente americano. Los guardias privados y la UASLP no deberían ser la excepción, puesto que paga decenas de millones de pesos al año por cuidar edificios en vez de estudiantes, informa El Heraldo de SLP.

El asesinato del joven, ocurrido el viernes por la noche, no solo es responsabilidad de la poliSía municipal, comandada por un excomisario de la Policía Federal, sino también del rector Alejandro Zermeño Guerra, que continúa mostrando su desinterés por la integridad física de los universitarios.

Es sabido que las distintas escuelas y facultades de la UASLP tienen horarios diferidos y que los alumnos deben asistir a clases incluso en la noche, como ocurre en la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, los guardias privados que paga la supuesta máxima casa de estudios solo vigilan de la puerta hacia adentro, y es un decir que vigilan, pues en Derecho una alumna fue agredida sexualmente por tres compañeros suyos frente a las narices de vigilantes y docentes.

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ejemplo, implementa recorridos de vigilancia en las inmediaciones de sus campus, protocolos de prevención, identificación de zonas de riesgo y modificaciones de horarios para evitar incidentes entre su alumnado. Otras universidades cuentan con botones de pánico y convenios con vecinos y autoridades locales para prevenir delitos y proteger a los estudiantes.

No hay pretexto alguno para que la UASLP no extienda los servicios de vigilancia a las calles que rodean sus campus. La inversión millonaria en empresas privadas debería traducirse en rondines, prevención y apoyo real a los estudiantes que diariamente arriesgan su integridad al entrar o salir de clases. El rector Alejandro Zermeño Guerra ha tenido múltiples oportunidades de reformar el sistema de seguridad universitaria, pero ha preferido mantener contratos opacos y medidas ineficientes.

Hasta el momento, ninguna autoridad universitaria ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso ni ha anunciado acciones concretas para reforzar la seguridad. Mientras tanto, el clima de miedo y desconfianza entre la comunidad estudiantil crece ante la falta de respuestas y de responsabilidad institucional.