A 11 años del feminicidio de cinco jóvenes en San Luis Potosí, sus familias siguen exigiendo justicia ante un proceso lento y lleno de omisiones que mantiene el temor de que el presunto responsable quede en libertad.

"Soy humano, sensible y católico", declaró Filiberto "N", detenido el 9 de julio de 2014 como presunto responsable de matar a cinco mujeres en Tamuín, en la Huasteca potosina. El 30 de julio del 2014 el mismo inculpado confesó que "la estrangulé y después fui a tirarla en una caja de cartón", refiriéndose a la niña Dulce Ximena, pero, al ser presentado, el ex militar acusó que fue torturado para decir que era asesino de cinco mujeres en Tamuín. "Soy inocente", manifestó. El Protocolo de Estambul determinó que no fue torturado.

En esa ocasión, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí cumplimentó una orden de aprehensión contra el hombre -en se momento- de 43 años, por el delito de feminicidio contra Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.

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El maestro de zumba, karate, ex militar y ex catequista dijo que sólo es culpable de embarazar a su hijastra de 17 años: "Por el único delito que yo quiero pagar es por el daño causado a mi esposa, a su hija, estoy consciente que ofendí a Dios, a toda la comunidad".

Narró que cuando su hijastra quedó embarazada, su ex esposa lo descubrió y acordaron que viviría con la menor y el hijo que esperaba. Según él, se convirtió en un buen padre entregado al Espíritu Santo.

También el sábado 8 de marzo de 2025, en el municipio se recordó a las víctimas, todas mujeres, cuya vida fue arrebatada por Filiberto N., quien fue aprehendido hace 11 años y aún no ha recibido una sentencia clara.

Aproximadamente 100 mujeres marcharon en punto de las 9:00 horas, convocadas por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. La movilización partió del estadio Ramiro Cuevas y llegó hasta la presidencia municipal.

En un tendedero, se colocaron las fotos de Dulce Ximena Reyes Rodríguez, de nueve años; Itzel Romani Castillo Torres, de once años; Rosa María Sánchez González; Adriana Martínez Campuzano, de 13 años; y Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años. Sus imágenes fueron recordadas con velas en su memoria.

El dictamen pericial en materia de tortura, llamado Protocolo de Estambul, aplicado al ex militar y presunto feminicida Filiberto "N"., determinó que no fue torturado durante su detención, por lo que podría ser sentenciado por los casos de feminicidio de cuatro niñas y una mujer adulta que presuntamente cometió entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

El 10 de abril de 2017, después de permanecer 3 años en prisión preventiva en Durango y tras una larga lucha por parte de las familias para exigir que se le aplicara el Protocolo Estambul, se informó que Filiberto "N". podría recibir una sentencia por los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad. También se dijo que continúan en proceso los casos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, y de Adriana Martínez Campuzano quien tenía 13 años de edad, informó en ese entonces la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez.
El Protocolo Estambul es un instrumento internacional por el cual, mediante entrevistas clínicas y exámenes psicológicos, se determina si una persona fue víctima de tortura y otros tratos o penas crueles. En el caso del Filiberto "N"., el documento indicaba que no existen elementos que corroboren su versión.

La abogada especialista en feminicidio Micheel Salas Ramírez apuntó que el resultado de este procedimiento psicológico fue clave para la garantía de justicia en este caso, pues en la detención de Filiberto "N"., en julio de 2014 -por portar una arma de uso exclusivo del Ejército, y después confesar los asesinatos- alegó ser víctima de tortura por parte de los policías.
Este hecho, comentó Salas Ramírez, impedía a las autoridades dictar sentencia y daba la posibilidad de que fuera puesto en libertad, “ahora lo que esperamos es que el Poder Judicial otorgue una sentencia condenatoria”, señaló la abogada.
Cabe recordar que el primero de agosto de 2014, el juez Primero de lo Familiar, del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles, Juan Ignacio Ortega Morales, dictó auto de formal prisión a Filiberto "N". por el caso de Dulce Reyes, pero ese mismo día su defensa apeló la sentencia, porque alegó tortura en el proceso de detención.
El 12 de febrero de 2015 el juez Juan Ignacio Ortega resolvió a favor el amparo para que se demostrara tales actos, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016 que emitió el exhorto, con número 84/2016/1, para que se le realizará el protocolo al exmilitar.
Los resultados fueron emitidos el 12 de diciembre de 2016 por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, estado en donde está encarcelado el presunto asesino, y estos  se dieron a conocer el pasado 8 de abril de 2017 a los familiares y abogadas que llevan el caso.

A partir de la constante exigencia del Gadh y las familias que perdieron a las niñas y la mujer del municipio de Tamuín, quedó evidenciada la falta de una investigación adecuada por parte de la PGJ del estado de San Luis Potosí.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se unió al llamado a través de un informe especial que hizo sobre el caso, donde determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: "no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas".
Con ello responsabilizó a los agentes del Ministerio Público (MP) municipal involucrados, a la Procuraduría estatal y a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por las irregularidades latentes en el caso. La Comisión además ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
La abogada recordó que la investigación del caso de Adriana Martínez Campuzano, violada y asesinada por el presunto feminicida en 2011, permanece, pues sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso, después de que el juzgado exoneró a Filiberto "N. del asesinato  “por falta de pruebas”.
En tanto el de Rosa María Sánchez continúa, pues recién en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, donde el asesino presuntamente enterró los cuerpos.