Expertos en derecho penal que por obvias razones se reservan sus nombres, consultados por Ajedrez Político SLP, advierten que fue un error y una grave torpeza del personal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) el haber filtrado el video de la entrevista con Eduardo Rafael N., presunto homicida del estudiante Jorge Eduardo Dávila Ramírez, ya que violaron el debido proceso y concretamente el Artículo 20 constitucional sobre los derechos de toda persona imputada de guardarse silencio, tener defensa adecuada desde el momento de su detención y que este tipo de materiales no se utilicen en su contra si las pruebas obtenidas son con violación de derechos fundamentales que un buen abogado defensor podría exigir con ello la liberación de su defendido aunque otras pruebas lo hunden y difícilmente saldrá libre. 

Señalaron que una declaración obtenida sin abogado legalmente se desecha completamente y no puede ser usada por la FGE ni por el juez de control. Si bien su testimonio no “borra” el delito, da argumentos legales a su defensa para exigir a la autoridad dejar libre al imputado.

La Fiscalía puede sostener la acusación con los siguientes elementos pero el error es haber filtrado el video a la prensa como sucedió y ello invalida dicha prueba  aunque no los otros peritajes (balística, huellas, sangre, rastros), videos de cámaras cercanas, testimonios, declaraciones de cómplices (siempre que sean legales), geolocalización del celular, evidencia material, testimonio de la mujer sobreviviente, la recuperación del arma (pistola 9 mm) y cualquier evidencia dentro del vehículo Cupra.

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Para otro criminalista que pidió la reserva de su nombre dijo que los crímenes que se cometieron fueron robo calificado y homicidio calificado. Ambos son delitos graves que requieren prisión preventiva oficiosa, consagrados en el Artículo 19 constitucional y el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Eso significa que no puede salir libre mientras se investiga, aun si se cae la declaración por la filtración".

"Lo que la filtración no genera es libertad por sí sola pero sí una responsabilidad penal para quien filtró (servidor público), la imposibilidad de usar ese video como prueba dentro del juicio y el daño al debido proceso, pero NO al grado de anular el caso completo", explicó.

"Para que el imputado saliera libre por completo tendría que demostrarse que toda la acusación depende EXCLUSIVAMENTE de esa declaración y no es el caso aquí. Que hubo una violación tan profunda que contaminó todo el proceso -doctrina del 'fruto del árbol envenenado'-. Pero los hechos ocurrieron en vía pública, con múltiples actos independientes: forcejeo, huida, abandono del celular, daños al vehículo, declaraciones de cómplices y tstimonios; por lo tanto, no hay forma jurídicamente realista de que salga libre por la filtración", detalló.

"Si tomas un arma durante un robo y esta se dispara, es HOMICIDIO., aunque digas que 'se salió el tiro'. La ley no permite justificar la muerte de una víctima dentro de un robo violento. La conclusión jurídica es la siguiente: "NO, el presunto asesino NO puede quedar libre por la filtración del video ni por declarar sin abogado", abundó.

"Si bien esa declaración filtrada No será válida por la torpeza de la Fiscalía, la instancia procuradora de justicia deberá robustecer otras pruebas. El presunto homicida continuará en prisión preventiva oficiosa por ser homicidio violento. El caso sigue, y muy probablemente será condenado", remató.

Otro penalista que también pidió el anonimato, dijo que "el caso de Jorge Eduardo Dávila ya era grave desde los hechos del 7 de noviembre, pero la filtración del video donde el presunto asesino narra paso a paso el crimen desató un debate mayor: la fragilidad del sistema de justicia de San Luis Potosí y las violaciones al debido proceso que ahora pueden favorecer al delincuente".

"El video muestra a un joven barbero de 25 años describiendo con frialdad un 'jale' improvisado que terminó en homicidio. Explica cómo su cuñado lo invitó a robar un coche; cómo localizaron al Cupra; cómo bajaron a la pareja; cómo tomó el arma; y cómo terminó disparando al estudiante durante el forcejeo por la mochila. Una escena que refuerza la violencia con la que operan bandas improvisadas que mezclan necesidad económica, descontrol y absoluto desprecio por la vida ajena", consideró.

"Sin embargo, la filtración del video abre un nuevo frente: ¿Puede un homicida escapar de la justicia porque su confesión fue difundida sin abogado y sin control del proceso legal? Técnicamente, la respuesta es no, pero muestra el nivel de desorden institucional donde servidores públicos graban confesiones con el celular, videos se filtran a redes sociales, derechos mínimos se violan aun en delitos graves y la Fiscalía pierde control del caso frente a la opinión pública", criticó.

"Lo más peligroso es que esta filtración sí debilita a la Fiscalía, porque esa confesión —que hoy parece decisiva— ya no es usable legalmente. Pero aun así, el homicidio no se cae: hay evidencia independiente, testigos, peritajes y el hecho se cometió durante un robo violento, lo cual lo amarra jurídicamente", expresó.

"Lo que queda claro es que la delincuencia opera con total descontrol, la Fiscalía opera sin protocolos sólidos, la policía opera sin capacitación legal y la ciudadanía está atrapada entre homicidas improvisados y autoridades improvisadas. Mientras tanto, la familia de Jorge Eduardo espera justicia…y la incertidumbre crece al ritmo de las torpezas institucionales", finalizó.