El lunes 17 octubre de 2022 padres de familia se manifestaron a las afueras del jardín de niños "Simón Bolívar", ubicado en la colonia Benito Juárez, en Soledad de Graciano Sánchez, y cerraron la carretera a Rioverde y la avenida José de Gálvez, para exigir justicia ante varios casos de presuntos abusos sexuales en contra de varios menores en dicha escuela por parte -denunciaron ellos- de un intendente de nombre Rigoberto.

“Quiero justicia, el infierno que vivió mi hijo en los baños de la escuela, con el intendente, con la maestra Gabriela. Mi hijo venía a aprender y salió violado, que paguen los culpables”, fueron las palabras de la Señora Martha, madre de un menor víctima de presunta violación por parte de ese sujeto. Junto a otros padres de familia exigieron justicia para el niño y otros menores que también sufrieron daños durante varias semanas en las que se registraron los abusos en contra de los alumnos del preescolar, denunciaron.

Han pasado 11 meses desde que la Señora Martha denunció los hechos ante las autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y otras instancias. Ese día la angustiada madre señaló que su hijo de tres años fue víctima de violación y luego de una revisión los peritos encontraron huellas de dichos abusos, por lo cual el pequeño fue trasladado a un médico legista, quien validó los hechos, recurriendo a presentar la denuncia correspondiente.

Desde entonces la Señora Martha  y su esposo han vivido un calvario para que le hagan justicia a su hijo que ya tiene 4 años de edad y todavía se acuerda de las agresiones a pesar de que recibe terapia psicológica. En entrevista exclusiva con Ajedrez Político SLP, la madre del pequeño narró toda la serie de vicisitudes que ella, su esposo y el pequeño han pasado. Para empezar, una de las fiscales encargadas del caso erró en escribir bien el apellido del agresor y eso ayudó a que evadiera la acción de la justicia, afirmó. 

Al principio las autoridades sí atendieron su denuncia, le llamaban por teléfono pero luego les dejó de importar su caso y ya no se comunicaron con ella. Denunció que elementos de la Policía de Investigación (PDI) que fueron asignados al caso le pedían dinero "para agilizar las investigaciones", situación que a ella la indignó porque se quedó sin trabajo, no cuenta con los recursos y ese tipo de prácticas irregulares no deben secundarse. "Me pedían que para la GEO localización del presunto", se quejó.

Por otro lado, la madre del pequeño está molesta porque el presunto agresor logró huir al municipio de Tamazunchale, de donde es originario, y actualmente desconoce si huyó a otro estado de la República Mexicana o a los Estados Unidos para esconderse. Denunció que la directora y la maestra de su hijo "eran cómplices y lo único que hicieron las autoridades educativas fue cambiarlas de escuela". Afirmó que la maestra "pellizcaba a mi hijo y golpeaba su cabecita", situación que sigue impune, al igual que la presunta protección que la directora del jardín de niños brindaba al agresor sexual de su hijo "porque tenían una relación, incluso ella lloró cuando huyó el intendente", afirmó. 

La Señora Martha hizo un respetuoso llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que se le haga justicia a su hijo. Pidió al fiscal José Luis Ruiz Hernández que revise su caso, ya que hace poco en un Congreso con sus homólogos prometió una "justicia efectiva", lo cual en su caso no ha sucedido.