El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a individuos y empresas en Playas de Rosarito, Baja California, por su presunta implicación en lavado de dinero, corrupción política y protección de actividades criminales vinculadas a la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa (CDS), todo al mando de la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo.

La legisladora dijo que no tiene nada qué esconder y acusó de “infamia” el supuesto congelamiento de sus cuentas a solicitud del Departamento del Tesoro, tras haber sido vinculada con La Mayiza.

Entre los principales señalados se encuentran los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana”. Ambos son identificados por las autoridades mexicanas y estadounidenses como operadores directos de Ismael “El Mayo” Zambada a través de coordinar a Los Mayos en las costas del Pacífico.

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El señalamiento del Departamento del Tesoro indica que la red criminal se sostiene con el apoyo de Jesús González Lomelí, empresario local propietario de bares y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos “El Caimán”. Estos negocios, junto con otros establecimientos turísticos dentro y fuera de Rosarito, han servido como plataforma para el blanqueo de millones de dólares derivados del narcotráfico, acusa dicha instancia.

González -agrega- no solo opera como financiero de los Arzate, sino también como vínculo con otros mandos del CDS; entre ellos “El Ruso”, lo cual ha fortalecido la infraestructura económica de la organización criminal en la región.

Durante más de una década, Los Arzate García han ejercido control territorial en Tijuana, Rosarito y Tecate, gestionando las rutas de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California. Según reportes de la agencia para la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la República (FGR), su influencia se sostiene con un aparato armado local y una red financiera que les permite blanquear recursos millonarios a través de negocios aparentemente legales.

Tanto “El Aquiles” como “La Rana” figuran en procesos judiciales en cortes federales de Estados Unidos por tráfico de drogas. La DEA los tiene en su lista de los más buscados, y sus nombres aparecen en investigaciones de inteligencia que los vinculan con enfrentamientos sangrientos en Baja California, así como con el control del cobro de piso en la zona turística de Rosarito.

El caso ha cobrado relevancia no solo por la dimensión criminal, sino también por sus conexiones políticas. Durante la administración municipal de Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal por Morena, operadores del cártel como Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre consolidaron su influencia en el gobierno local.

La relación personal de Arcega con Brown facilitó la colocación de aliados en cargos municipales y la protección institucional a las operaciones de Los Arzate García. Durante el gobierno de Brown, ambos actuaron como intermediarios con la facción criminal al gestionar pagos de extorsión y asegurando la cobertura del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

Brown Figueredo, originaria de Playas de Rosarito, es licenciada en Ciencias de la Educación y militante de Morena desde su fundación. Fue regidora entre 2010 y 2013. Posteriormente, se convirtió en diputada local en la XXII Legislatura del Congreso de Baja California.

En 2019 se convirtió en la primera mujer en gobernar Rosarito tras ganar la elección municipal bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, su gestión se caracterizó por una política de cercanía con sectores empresariales y turísticos, aunque también fue señalada por presuntas omisiones en materia de seguridad.

En 2021, Brown dio el salto a la política nacional al ser electa diputada federal por el distrito 8 de Baja California. En la Cámara de Diputados ha integrado comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano y asuntos de frontera, aunque sus opositores la han señalado por mantener vínculos con operadores financieros de “La Mayiza”.

Las sanciones anunciadas bajo la Orden Ejecutiva 14059 y la 13224 de Estados Unidos alcanzaron a varios de estos actores locales, entre ellos empresarios y exfuncionarios de Rosarito. Con esta medida, el gobierno norteamericano busca desmantelar la red de apoyo financiero que permite al CDS sostener sus operaciones en Baja California.

Aunque Brown Figueredo no ha sido procesada formalmente en México, su nombre aparece en los reportes de inteligencia que describen cómo la facción de Los Arzate García utilizó sus vínculos con la administración local para afianzar su dominio en el municipio de Rosarito.