La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades respetar las garantías judiciales y un debido proceso del periodista de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, acusado de "terrorismo".

Además, ese organismo dijo que tiene registrado el caso y que se encuentran al tanto de su desarrollo. La Relatoría Especial de la CIDH tiene el mandato general de vigilar, proteger y estimular el derecho a la libertad de expresión en América, según ese organismo.

El periodista fue detenido por agentes de la Policía Ministerial el pasado 24 de diciembre, en Nochebuena, supuestamente por cometer delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y conductas contra las instituciones de seguridad pública, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

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A través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH señala: “México La @RELE_CIDH registra los reportes públicos sobre la detención del periodista Rafael en Veracruz, el #24DIC”.

Además, insiste en que monitorea de cerca el caso y pide a las autoridades a respetar las garantías judiciales y desarrollar un debido proceso. Tras su captura, el periodista de fuentes policiacas quedó a disposición de un juez, que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Mientras tanto, la FGE detalló que los delitos que se le atribuyen se encuentran tipificados en el artículo 311 del Código Penal del Estado. La audiencia de seguimiento estaba programada para hoy, pero el indiciado solicitó la duplicidad del término constitucional, que vencerá el 30 de diciembre, para reiniciar actividades a las siete de la mañana de ese día.

Con relación al caso, la gobernadora Rocío Nahle García sostuvo que en Veracruz se tiene que aplicar la ley para todos, “seamos quien seamos” y agregó que se realizan investigaciones serias por parte de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República.

Mientras tanto, la abogada Leticia Zurita Dávila, quien tuvo un altercado con el periodista a causa de la cobertura de un accidente en el que estuvieron involucrados sus familiares, negó haber procedido en contra del comunicador. Sostuvo que ese día se le acercó a Rafael y le pidió que le dejara hacer una llamada para pedir una ambulancia. El incidente sucedió en Coatzacoalcos.

También negó que lo haya amenazado y reiteró que es ajena a la situación que enfrenta el comunicador. Mientras tanto, familiares del periodista insisten en que las acusaciones en contra de Rafael no son claras, porque supuestamente son realizadas por un testigo protegido, de identidad resguardada, lo que genera incertidumbre en el caso.

La Unión de Periodistas de la Huasteca A.C. emitió un comunicado para manifestar su preocupación por la detención del reportero Rafael “N”, al considerar que el hecho representa un precedente delicado para el ejercicio del periodismo en Veracruz y en el país.

En el pronunciamiento, la organización expresó su rechazo al actuar de las autoridades y demandó que el caso sea esclarecido de manera inmediata, con total transparencia y estricto apego al marco jurídico.

El gremio periodístico sostuvo que resulta inadmisible que un comunicador sea señalado por delitos graves en un contexto vinculado con su labor informativa y advirtió sobre el impacto que este tipo de acciones tiene en la libertad de prensa.

En su posicionamiento, la Unión de Periodistas de la Huasteca A.C. afirmó: “informar realidades no es terrorismo, sino un derecho y una responsabilidad social”, al subrayar que el trabajo periodístico no debe ser criminalizado.

Asimismo, el comunicado señala que “la criminalización del trabajo periodístico constituye un atentado directo contra la libertad de prensa, los derechos humanos y el Estado de derecho”, postura que fue reiterada por integrantes del gremio.

Ante este escenario, la organización solicitó la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos y al debido proceso del periodista detenido.

De igual forma, pidió la participación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que se salvaguarden las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.

El gremio también exigió la intervención inmediata de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), para que se otorgue protección integral al comunicador. La Unión de Periodistas de la Huasteca A.C. expresó su respaldo total a su colega y al gremio periodístico en general, y aseguró que se mantendrá vigilante en la defensa del ejercicio periodístico libre y seguro.