LA UASLP SE CIERRA A LA FISCALIZACIÓN EN MEDIO DE ESCÁNDALO POR MILLONARIAS COMPRAS DE LENCERÍA

Imagen creada con IA por Autonomía Uaslp

Luego de que se diera a conocer que la Unitienda de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) registró facturaciones por más de 2.7 millones de pesos en conceptos como ropa íntima y tops deportivos durante la gestión de Marco Antonio Aranda Martínez, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, aseguró que continúa con la revisión del presupuesto universitario. Subrayó que el análisis se realiza sin distinguir qué se compró y qué no, ante la negativa del rector Alejandro Zermeño Guerra a permitir que la institución sea auditada de manera integral, informa El Mañana.

El auditor señaló que la resistencia de la UASLP a la fiscalización se ampara en el argumento de que los ingresos propios son recursos autónomos que pueden ejercerse sin supervisión. Para Lecourtois López, esa postura no solo carece de sustento legal, sino que deja ver el trasfondo de la negativa: evitar que se revise el manejo de recursos que hoy generan sospechas y preocupación dentro y fuera de la comunidad universitaria.

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El titular de la ASE expresó una inquietud compartida con el resto de la comunidad por la posibilidad de que el dinero de la UASLP se haya utilizado para compras fantasma y para beneficiar a personajes específicos. En ese contexto, recordó que Marco Antonio Aranda Martínez, además de estar ligado a las facturaciones irregulares, obtuvo una jubilación con condiciones excepcionalmente onerosas, incluyendo un bono adicional de 133 mil 309 pesos, uno de los rubros que más presionan las finanzas de la institución.

Lecourtois López cuestionó también el discurso recurrente de la universidad de declararse víctima por la falta de recursos, al ironizar diciendo que sí “falta mucho dinero, pero para hacer mal las cosas”. Afirmó que desde la ASE se continuará con la revisión de la cuenta pública y con la observación de los funcionarios responsables, y advirtió que, de persistir la cerrazón institucional, este y otros casos podrían derivar en una denuncia penal.