LOS MÁS RICOS Y PERIODISTAS INFLUYENTES FUERON ESPIADOS CON PEGASUS. EN SLP EL CASO COBRÓ RELEVANCIA CON EL ASESINATO DE AURELIO GANCEDO

De acuerdo a información publicada por el portal de Aristegui Noticias, "Zeus", testigo protegido reveló con el software de inteligencia "Pegasus" en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron espiados mil 500 objetivos destacadamente empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y directivos de Televisa, además de periodistas de los que ya se conocía el hecho como la misma Carmen Aristegui, Jenaro Villamil, Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con Héctor de Mauleón, entre otros como Pedro Ferriz de Con que dijo al aire: "Yo dije que Peña Nieto era un pendejo (sic) y me quedé corto".

Slim y Larrea son considerados dos de los hombres más ricos de México. Los periodistas también, algunos de los más influyentes del país.

La intervención surgió desde las oficinas de la empresa KBH Aplied Technologies Group, sostuvo el "Zeus" en el arranque del juicio oral contra Juan Carlos N, acusado de ser operador del software espía para el corporativo KBH, una red de empresas fantasma que se utilizó para comercializar en México el programa propiedad de la empresa israelí NSO Group.

El acusado es Juan Carlos N. que fungió como Director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VME, una de las compañías que vendió el software espía, sus licencias de uso y sus actualizaciones al extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen); a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la antigua Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. Esas ventas están avaladas y comprobadas con facturas.

En el caso se acusa a Juan Carlos N, como el Director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VME, una de las compañías que vendió "Pegasus", sus licencias de uso y sus actualizaciones al extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la antigua Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. Esas ventas están avaladas y comprobadas con facturas, de acuerdo a la investigación.

Días antes de la audiencia, los abogados Samuel Ibarra y Cuauhtémoc Vázquez manifestaron a este diario que su cliente es un chivo expiatorio para desviar la atención y que no hay certeza tecnológica de la supuesta intervención, ni hay cadena de custodia sobre el teléfono celular supuestamente intervenido.

Los abogados recordaron que el asunto se lleva a cabo públicamente desde 2017, cuando Carmen Aristegui y otros comunicadores presentaron denuncias ante la FGR por intervención de llamadas sin autorización judicial y no prosperaba.

“El tema es de intervención de comunicaciones, pero hay un solo detenido que es Juan Carlos. Él está detenido desde el 1 de noviembre de 2021, no hay evidencia que él interviniera algún teléfono, no hay cadena de custodia. Juan Carlos se desempeñaba dando soporte técnico de esa empresa y con esas funciones según la Fiscalía el hizo las intervenciones de la periodista y según la Fiscalía, Juan Carlos es un experto y podía intervenir los teléfonos lo cual es una mentira porque así no funciona Pegasus”, expresaron.

En San Luis Potosí el caso cobró relevancia luego de que en enero de 2020, Aurelio Gancedo Rodríguez, expresidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), señalado como presunto involucrado en la compra del malware espía del gobierno federal denominado "Pegasus", fuera asesinado y su cuerpo descuartizado.

Los restos del exfuncionario se hallaron la tarde del lunes 22 de enero de 2020 en bolsas de plástico dentro de su automóvil, abandonado en una zona despoblada de la capital potosina. Gancedo Rodríguez fue reportado como desaparecido, luego de que sus familiares perdieron contacto con él la tarde del martes 21.

En ese entonces Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para emprender la búsqueda del priista, pero lo encontró sin vida. Policías preventivos reportaron la localización del automóvil propiedad de Gancedo --un Mini Cooper modelo 2015 blanco-- en el que fue visto por última vez el martes 21, en la colonia Burócratas. La unidad fue hallada en un predio en despoblado de la colonia Mercedes, en la delegación Villa de Pozos perteneciente a la capital, y adentro tres bolsas donde estaba el cuerpo descuartizado.

La FGE trasladó la unidad al Servicio Médico Forense, donde los peritos confirmaron que se trataba del exfuncionario desaparecido. En ese entonces el fiscal Federico Garza Herrera, hoy secretario general de la UASLP, asistió a una reunión con empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde se guardó un minuto de silencio por Gancedo y, además, se pidieron resultados en el abatimiento de la criminalidad. Al salir, Garza Hererera dijo a los reporteros que la FGE contaba con cuatro líneas de investigación del asesinato del exdirigente del PRI. Y ante algunas versiones de que había sido secuestrado, aclaró que no se tenían datos o información de alguna petición de pago de rescate a la familia.

Con sólo 39 años de edad, Gancedo contaba con una larga trayectoria en cargos dentro de la estructura del PRI en San Luis Potosí --donde fue secretario general y presidente del partido en 2008-- y en puestos públicos en los gobiernos federal y estatal, así como en el de la Ciudad de México. En el sexenio de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, hoy preso y en proceso por acusaciones de tortura, desaparición forzada por el caso Ayotzinapa y delitos contra la administración de justicia, lo invitó a colaborar en lo que era la PGR, donde estuvo de 2012 a 2015 como coordinador operativo y director de Aseguramientos Ministeriales.

De allí Gancedo pasó con Murillo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En 2016 regresó a San Luis Potosí donde fungía como presidente del Instituto Reyes Heroles del PRI. En febrero de 2018, en el sexenio de Peña Nieto, Gancedo Rodríguez fue señalado como uno de los funcionarios de la PGR involucrados en la adquisición del malware "Pegasus" con el que periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos fueron espiados.

El periódico Pulso reveló que en 2014, Gancedo había invitado a incorporarse a la PGR a Luis Fernando Ayala Puente, quien era dueño de la empresa Citalae del Centro, S.A. de C.V., misma que vendió el programa "Pegasus" al propio gobierno federal. No obstante, negó haber tenido participación en el asunto.