Organizaciones ambientalistas acusaron ayer a Petróleos Mexicanos (Pemex) de falsear y ocultar información del derrame en el Golfo de México y que comenzó desde febrero pasado en un ducto subterráneo en el complejo Cantarell, informa hoy Reforma a 8 columnas.

En un comunicado, las organizaciones Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica, entre otras, indicaron que desde 6 de febrero comenzaron a observarse en imágenes satelitales manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto Old AK C, una línea activa de 36 pulgadas de diámetro que transporta crudo entre la plataforma Akal-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.

Hoy en su conferencia Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que mañana se reúne con el Grupo Interdisciplinario que investiga qué sucedió y adelantó que le entregarán un reporte  sobre las causas exactas del derrame que ha afectado los litorales de Campeche, Veracruz y Tabasco.

"Hay que ver qué sucedió porque existen chapopoteras naturales. Seguimos investigando la emanación de Cantarell con científicos, si son las chapopoteras naturales o hubo alguna fuga en alguna de las instalaciones. Se están revisando todas y hasta el momento no hay fuga pero de haberla  se informaría y procederíamos a la reparación", indicó la mandataria federal. 

"Hay que mitigar el incidente. Hay protocolos alertamiento que tienen que operar de manera inmediata", agregó Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un día después, agregaron, llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz. Durante los siguientes ocho días permaneció sobre el ducto.

"En esos días, las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados. También se observaban, el 13 de febrero, embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua. Luego se retiraron. Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata", acusaron.

La evidencia disponible desmiente la versión formulada por las autoridades federales el pasado jueves, cuando afirmaron que el derrame inicio el 1 de marzo y se originó por la descarga un buque no identificado y por emisiones naturales de chapopoteras.

"No se trata sólo de una mentira. Se trata de una negligencia con consecuencias: las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas para el arribo del hidrocarburo, mientras el derrame avanzaba hacia playas y zonas de pesca", reprocharon.

En su conferencia de prensa del 26 de marzo de 2026, las autoridades ubicaron el inicio de la contingencia en los reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el contaminante a tres fuentes: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, incluida una en la zona de Cantarell. La pieza central de esa versión era clara: sembrar la idea de que el origen seguía siendo incierto o natural.

“La evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa. Si un buque especializado en reparación de ductos pasó ocho días sobre un ducto activo de Pemex, en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible  y  había  embarcaciones  de  apoyo  operando  alrededor,  no  es  creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales.

“No es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido. Y esa falsedad importa por una razón sencilla: no fue inocua. El ‘Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las  Zonas Marinas Mexicanas’ (PNC) del Gobierno Federal, obliga a avisar de inmediato, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional. Ocultar la fuente y omitir al responsable no solo viola la lógica del Plan: también diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado", señalaron.

“Nada de eso fue transparentado a tiempo a la población costera. Mientras el hidrocarburo avanzaba en el mar, deliberadamente se omitió alertar a las comunidades sobre la magnitud real del vertido, su origen probable y sus riesgos. Ese ocultamiento tuvo consecuencias directas: impidió la preparación temprana de las comunidades, retrasó la presión pública para contener el derrame en origen y dejó a poblaciones pesqueras y costeras enfrentando el arribo del chapopote sin información suficiente, sin protección adecuada y sin certeza sobre los daños a la salud, a los ecosistemas y a sus medios de vida”, acusaron.

Sostienen que “lo que ocurrió no puede reducirse a un problema de comunicación. Hay responsabilidades legales y políticas. ¿Quién decidió no informar públicamente desde febrero sobre un vertido de gran magnitud en torno a la infraestructura petrolera de Pemex? ¿Quién decidió desplazar la atención hacia marzo y hacia supuestas causas naturales? ¿Quién responderá por las comunidades que no fueron alertadas a tiempo y por los ecosistemas afectados?".

“La población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad. Las comunidades costeras tienen derecho a ser alertadas, protegidas e informadas. Y las instituciones involucradas tienen la obligación de responder con verdad, transparencia, remediación y reparación, no con versiones falsas construidas para diluir responsabilidades”, enfatizaron.

Los organismos exigieron al Grupo Interinstitucional conformado por Secretaría de Marina (Semar), Petróleos  Mexicanos  (Pemex),  la  Agencia  de  Seguridad,  Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría  de  Energía  (Sener)  y  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al Ambiente (Profepa) que informen públicamente y sin evasivas:

1.  Desde cuándo conocían el vertido, qué ocurrió en febrero sobre el ducto OLD AK C y qué acciones tomaron desde ese momento.

2. Qué infraestructura, empresa o entidad identifican como responsable, con qué sustento técnico y cómo harán efectivo el principio de que quien contamina paga.
3.  Qué documentos generaron conforme al PNC, incluido el aviso inmediato, la evaluación del incidente, la modelación de trayectoria, los mapas de áreas sensibles y los escenarios de riesgo.
4. Qué  medidas  concretas  de  contención,  restauración,  monitoreo, indemnización  y  reparación  integral  se  aplicarán en costas, manglares, lagunas, arrecifes y comunidades afectadas.
5.  Qué estudios de impacto ambiental se han ya realizado; y
6.  Si ya se iniciaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables.

“Lo que está en juego no se limita a esclarecer un derrame. Están en juego los proyectos de vida de las comunidades pescadoras, ecosistemas vulnerables y en riesgo, así como si el Estado tiene derecho a ocultar durante semanas un vertido de gran magnitud, dejar que llegue a las costas sin dar aviso ni reconocer responsabilidades, dejar a las comunidades sin alerta, sin preparación y sin protección, y presentarse después ante el país con una versión que la evidencia ya desmintió”, finalizaron.