LA JUCOPO PRETENDE "ACUERDO REPARATORIO" DEL ASALTO AL CONGRESO EN 2020 QUE NUNCA FUE ACLARADO
El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado para facultar al coordinador de Asuntos Jurídicos a realizar un "acuerdo reparatorio o suspensión condicional" en el caso del ataque a las instalaciones del Congreso el 5 de junio de 2020 y que causó daños al edificio ubicado en Jardín Hidalgo, informó el diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Si bien "el acuerdo" permite aceptar la donación de bienes muebles e insumos que beneficien a la sociedad los actos vandálicos cometidos ese día en el asalto al Congreso del Estado, daños a la fachada de la Fiscalía General del Estado y averías a patrullas, siguen generando indignación y muchas dudas por como fue manejado es caso que marcó la administración de Juan Manuel Carreras, calificado por algunos analistas como ataque de anarquistas digitales con claros visos de desestabilización desde el mismo Gobierno del Estado.
El lunes 3 de agosto de 2022, agentes ministeriales aprehendieron a siete jóvenes aparentemente relacionados con destrozos realizados afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Congreso. Guajardo dijo que “se llevó en su momento a un juicio porque el Congreso del Estado denunció estos actos; este procedimiento ha ido avanzando y nuestra Ley Orgánica no contempla quién es responsable para llevar un acuerdo reparatorio”.
Expuso que son tres personas las que aún están detenidas por ese delito y la Jucopo buscará que pueda darse una donación en especie que tenga un impacto social y llegar a un acuerdo para definir cuáles serán los bienes que aportarán los imputados. “Bajo estas condiciones es un ganar-ganar, pues gana la sociedad y gana en este caso también la parte de los imputados”, explicó.
Sin embargo, en su momento la diputada federal María Luisa Veloz Silva, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó a la Fiscalía General del Estado, ese entonces encabezada por Federico Garza Herrera -hoy flamante secretario general de la UASLP-, la liberación del joven Raúl Jiménez Espericueta, detenido por policías ministeriales el 3 de agosto de 2020, al afirmar que el estudiante universitario no participó en los actos vandálicos que se registraron dentro del Congreso del Estado el viernes 5 de junio de ese año.
“Las evidencias fotográficas, videos y testigos dan fe que Raúl no participó en los destrozos y no incidió en ningún acto delictivo, por el contrario: documentaba el desarrollo de la protesta y por eso fue detenido arbitrariamente”, reclamó.
Veloz Silva expresó ese día su preocupación y exigió la liberación inmediata del joven a las autoridades estatales. Recordó, además, que otros señalados por los hechos de ese día, “uno de ellos denominado Mono Blanco, quien convocó por redes sociales y dirigió la protesta, siendo hijo de una funcionaria estatal, no ha sido detenido”.
Periodistas como Jorge Ramírez Pardo denunciaron que "el ahora apodado 'mono blanco', Sebastián Domínguez López, y otros porros -Alejandro Guerrero entre ellos- autores de la vandalización del Congreso potosino la tarde oscura del 5 de junio del 2020, andan sueltos y con la protección gubernamental, mientras no se demuestre lo contrario. HAY EVIDENCIAS DE SOBRA, PERO LOS CUERPOS DE SEGURIDAD NO VIERON NI VEN NADA. Pasan las horas, días, semanas...
"Así resume el hecho uno de los defensores de los culpables sembrado para esconder a los delincuentes:
PARA ATRAPAR A LOS AUTORES INTELECTUALES DE LA VIOLENCIA DEL 5 DE JUNIO
Sebastián N, ya conocido como el #monoblanco fue detenido el día de los hechos. Ahora aparecen más evidencias contundentes. En las gráficas incluso se observa quienes se lo llevan al vehículo donde estaban los demás detenidos.
Pero en este momento se encuentra libre, sin cargo alguno.
¿Quién ordeno que dicha persona no fuera registrado, no pisara las celdas y se retirara feliz de su "proeza" es simplemente el hilo negro de está trama.
Es decir, la respuesta está en casa. Cómo infiltrado, como parte de una estrategia de desestabilización, como pudiera ser. El responsable intelectual ronda demasiado cerca.
Este tema debería ser parte de esas carpetas de investigación. Y lo importante es que no se necesita mucha complicación para saber, para identificar y para actuar". consignó Ramirez Pardo.
Por su parte, el etonces diputado local Rolando Hervert Lara confirmó que el área jurídica del Congreso del Estado presentaría un recurso de apelación en contra de la decisión del juez que permitió a presuntos autores de actos vandálicos en la sede del Poder Legislativo, llevar su proceso en libertad.
“Como ciudadano, como diputado y como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso me interesa mucho que una situación como la del viernes pasado no se repita, por lo que se giraron instrucciones al Jurídico para apelar la decisión legal”, expresó.
Dijo que quienes invadieron el recinto legislativo el viernes 5 de junio y cometieron toda clase de destrozos, incluso de banderas nacionales y del busto de Ponciano Arriaga Leija, “son vándalos, delincuentes que deben ser sancionados porque hicieron un daño terrible a la sociedad potosina. Hechos así no deben ser permitidos ni se van a permitir”.
Reiteró que el Congreso no dejaría de exigir a la Fiscalía General del Estado “que cumpla con su deber, pues esto no puede quedar así. Deben darse resultados. Ya estuvo bien de tanta tolerancia ante situaciones que no deben repetirse jamás”.
El día de los hechos, la Policía Estatal detuvo en flagrancia a Ángel "N" de 19 años, Claudia Elizabeth "N" de 21 y Jessica "N" de 22, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público que los llevó ante la autoridad judicial la noche del sábado.
El juez de Control calificó las detenciones como legales y la Fiscalía los acusó de motín, daño a las cosas y daño a las cosas equiparado. El juzgador impuso a los señalados medidas cautelares como visitas periódicas ante la autoridad y no acercarse al lugar de los hechos, pero no otorgó la prisión preventiva forzosa.
Sin embargo, al cumplirse dos semanas de los destrozos del Congreso del Estado, activistas como Carlos Covarrubias denunciaron en la página de La Sierra de San Miguelito que "el fiscal Federico Garza aún no ha detenido al presunto responsable Sebastián 'N', conocido como el 'mono blanco', sabe donde vive, quién es su madre y donde podría esconderse. Alguien muy poderoso lo está protegiendo. El montaje violento, de propósitos desconocidos, fue muy burdo y costoso en términos políticos para el gobierno estatal. El presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, ha actuado muy sospechoso, en casos irrelevantes es muy protagónico, manda boletines minutos después de sucedidos los hechos y da gustoso entrevistas en serie. Esta vez se hace el huidizo", consignó.