La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el pasado miércoles la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 76 años de prisión por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005.

La decisión del máximo tribunal se sustentó en la invalidez de la confesión que sustentó su condena, misma que fue obtenida mediante tortura, según documentó la Defensoría Pública Federal y ratificó la propia Corte.

Pero el fallo de la SCJN no solo puso fin a una prisión de 19 años injustificada; también desmanteló el pilar central sobre el que se construyó todo el caso Wallace.

Tras conocerse esta resolución, se reactivó una hipótesis que desde hace tiempo ha sido sostenida por investigaciones periodísticas como la de Ricardo Raphael: Hugo Alberto Wallace no habría sido secuestrado ni asesinado, sino que habría fingido su desaparición para evadir una deuda con uno de los narcotraficantes más poderosos de ese momento, Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, señala Infobae.

La afirmación proviene del periodista Ricardo Raphael, autor del libro Fabricación, obra de más de 500 páginas que documenta seis años de investigación sobre el caso.

En sus más recientes participaciones en los pódcast El Sistema Podcast, de Fabiola Navarro, y Penitencia, de Saskia Niño de Rivera, el periodista Ricardo Raphael sostuvo que César Freyre Morales, uno de los condenados por el supuesto crimen, le confesó en prisión que había tenido contacto con La Barbie en el penal del Altiplano. Durante ese encuentro, según el relato de Freyre, el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal le reveló: “Hugo Alberto se me peló con tres toneladas de cocaína”.

Este testimonio, registrado por Raphael como parte de su investigación, ofrece una posible explicación al supuesto montaje que, según sostiene el autor, fue fabricado por Isabel Miranda de Wallace, madre de la supuesta víctima.

La implicación directa de Valdez Villarreal, uno de los operadores más violentos del Cártel de los Beltrán Leyva, proporciona un móvil de peso que compite con la narrativa oficial mantenida durante dos décadas: la de un crimen cometido por una presunta “banda de secuestradores” vinculados entre sí por una foto tomada en Chalma.

Uno de los elementos más polémicos del expediente Wallace fue una gota de sangre supuestamente hallada siete meses después de los hechos en el baño del departamento de González Lomelí. El ADN coincidía en 99% con el del padre de Hugo Alberto: José Enrique del Socorro Wallace.

Sin embargo, en el curso de su investigación, Raphael descubrió que ese no era su padre biológico. El verdadero progenitor era Carlos León Miranda, primo de Isabel Miranda, quien años después confirmó públicamente haber sido padre de Hugo Alberto.

Esta revelación, junto con inconsistencias en la obtención y análisis de la muestra, pondría en duda la validez misma del hallazgo pericial.

La tesis de Fabricación sostiene que la prueba fue sembrada deliberadamente, como parte de una estrategia para convencer a las autoridades y a la opinión pública de la existencia de un crimen inexistente.

Durante casi dos décadas, Isabel Miranda de Wallace construyó una carrera pública en torno a la denuncia del secuestro, fundó la organización Alto al Secuestro, y fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010.

Su activismo le abrió puertas en los círculos más altos del poder. De hecho, según Raphael, un pacto político con el entonces presidente Felipe Calderón le permitió tener acceso privilegiado a cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, lo que habría facilitado la instrumentación de su causa.

“El Estado se convirtió en la espada a sus órdenes”, dijo Raphael en entrevista, al referirse al alcance del poder que Miranda de Wallace habría ejercido sobre funcionarios de diversas instituciones.

El pasado 8 de marzo, en coincidencia con la publicación del libro Fabricación, y con la audiencia de Juana Hilda en puerta, se dio a conocer la sorpresiva muerte de Isabel Miranda de Wallace por complicaciones médicas.

El periodista Antonio Nieto, quien dio a conocer la noticia, comentó al periodista Ricardo Rapahel que la fuente de esta noticia fue un familiar de la activista, sin querer revelar quién fue.

No obstante, Raphael ha puesto en duda la veracidad del fallecimiento. Entre los elementos que ha señalado están la falta de registros hospitalarios concluyentes, la naturaleza contradictoria de las causas de muerte declaradas, y un funeral que no permitió verificar la identidad del cuerpo. Además, el féretro no fue abierto, la cremación se realizó pocas horas después y no asistieron figuras relevantes del ámbito político, pese a la exposición pública que Miranda mantuvo durante años.

“Si fabricó un secuestro, ¿por qué no podría fabricar también su muerte?”, se ha preguntado Raphael en entrevistas recientes.

En sus investigaciones, Ricardo Raphael afirma haber reunido suficientes indicios para sostener que Hugo Alberto Wallace estaba con vida al menos hasta 2007, dos años después de su presunta muerte.

Entre ellos destacan llamadas telefónicas, movimientos con tarjetas bancarias, testimonios de personas cercanas -incluyendo el de Claudia Muñoz, madre de una de las hijas de César Freyre- y registros de ubicación que apuntan a un posible escape hacia Estados Unidos y Canadá.

Muñoz ha sostenido públicamente que habló por teléfono con Hugo Alberto Wallace después de la fecha oficial de su desaparición, una afirmación que, de ser ratificada judicialmente, desestabilizaría aún más la versión oficial del caso.

La liberación de Juana Hilda González Lomelí no solo corrige una injusticia individual: podría marcar el inicio del desmoronamiento jurídico completo del caso Wallace.

Otros cuatro condenados ya han promovido amparos, mientras que Brenda Quevedo y Jacobo Tagle continúan sin sentencia después de más de 15 años detenidos.

Con la transición judicial en marcha tras la reciente reforma que modificará la integración de la Suprema Corte, el tiempo juega en contra de quienes esperan justicia tras casi dos décadas.

Raphael ha llamado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente del proyecto, a enlistar el caso antes de la salida de los actuales integrantes de la Corte, para evitar que el expediente quede empantanado por años.

“Estamos a minutos de una decisión histórica. Si no se resuelve ahora, podrían pasar cinco años más con personas inocentes en prisión”, advirtió el periodista.

Para Ricardo Raphael, el caso Wallace no es solo un expediente anómalo; es un retrato del sistema de justicia mexicano: sus debilidades estructurales, su vulnerabilidad ante presiones políticas, y su uso como arma de poder.

“Las cárceles están llenas de personas que no deberían estar ahí. Fabricar culpables ha sido parte del modelo. Y este caso lo demuestra”, sentenció.