Tras una larga discusión, el Senado de la República aprobó hoy miércoles 25 de septiembre la reforma a la Guardia Nacional (GN) que le da funciones de Ministerio Público y pasa al cuerpo de seguridad civil de la Secretaría de Seguridad Pública a un mando militar.

Con 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, los senadores aprobaron en lo general y en lo particular esta minuta, por lo que ahora la iniciativa será enviada a los congresos estatales, donde se necesita su aprobación en al menos 17 de ellos para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual ocurrirá como ya pasó con la reforma al Poder Judicial.

La sesión para discutir la reforma que afecta a la GN inició a las 21:30 horas del martes 24 de septiembre y se extendió hasta las 06:15 de hoy 25 de septiembre. Tras esta jornada maratónica, la iniciativa obtuvo luz verde con una mayoría calificada lograda por Morena y sus aliados; incluido el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez preside la Comisión de Justicia del Senado de la República y sigue la línea dictada por el oficialismo.

En la discusión, los legisladores opositores advirtieron que esta propuesta representa una “militarización” de la seguridad pública y no es la solución adecuada para la violencia ligada al narcotráfico que afecta a México desde hace casi dos décadas.

Por otro lado, los legisladores morenistas y aliados (PVEM y PT) afirmaron que dicha medida dará más seguridad al país y negaron que vaya a haber una militarización, ni que sean incongruentes cuando en el pasado se opusieron a sacar al Ejército a las calles.

El panista Ricardo Anaya criticó duramente la reforma de la GN calificándola como un intento de militarizar la seguridad pública en México. Según el legislador, aunque la Constitución establece que la Comandanta en Jefa es civil, todos los integrantes de la corporación serán militares, lo que, en su opinión, contradice las afirmaciones de que no se está militarizando la seguridad pública.

Citlalli Hernández, senadora de Morena, defendió la reforma asegurando que pasar la GN bajo el mando militar no implica la militarización de la seguridad pública. Hernández argumentó que la propuesta no es incongruente con las quejas contra la militarización que los partidos de izquierda plantearon entre 2006 y 2017.

Por su parte, el senador de Morena y exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, también defendió la reforma, destacando que crea una figura de seguridad mixta, como lo establece el artículo 16 constitucional, y que la investigación y la inteligencia seguirán bajo el control de la autoridad civil, representada por el Ministerio Público.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano (MC), se opuso a la militarización de la seguridad pública durante el debate en el Senado. Barrales recordó que la izquierda siempre ha luchado contra la militarización y cuestionó a sus compañeros sobre el cambio de postura. Citó datos recientes de la ONU que indican que militarizar la seguridad pública en México pone en riesgo los derechos de los ciudadanos y la democracia misma. Barrales advirtió que la reforma vulnera las garantías individuales, especialmente en las zonas más afectadas por la criminalidad.

El líder del PAN, Marko Cortés, lanzó una fuerte crítica a la reforma, señalando que la estrategia de militarización no ha funcionado, y mencionó que durante el sexenio de López Obrador se han registrado 200 mil homicidios. Argumentó que la violencia se mide con los homicidios, los cuales han aumentado drásticamente en los últimos tres sexenios, especialmente en el actual y reconociendo que inició con Felipe Calderón.

Propuso una transición gradual hacia una policía civil con mediciones internacionales que aseguren resultados efectivos y pidió a la bancada de Morena y sus aliados no abusar de una mayoría calificada que, según él, “el pueblo de México no les dio”.

El senador Javier Corral defendió la reforma, lamentando que el debate sobre la seguridad pública se haya politizado de manera extrema. Corral criticó que se nieguen a reconocer la violencia e inseguridad heredadas de las administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto. Recordó que el actual gobierno ha intentado contener la tendencia creciente de homicidios.

Durante el debate, Corral y Miguel Riquelme se enfrentaron en el Senado. Riquelme sugirió que Corral, como gobernador de Chihuahua, politizó la seguridad y denostó a la GN. Corral respondió que dejó Chihuahua en el sexto lugar en homicidios dolosos y que hoy el estado está en cuarto lugar. Desmintió haber retirado a la GN durante su gestión y explicó que sus diferencias con López Obrador surgieron por el conflicto del agua en Chihuahua, no por la presencia de la Guardia. Corral enfatizó que siempre pidió más elementos de la GN y recordó que bajo su administración se construyeron 14 cuarteles de la corporación.

En tanto, en el posicionamiento de las bancadas, el morenista Omar García Harfuch defendió la iniciativa del presidente López Obrador, afirmando que esta iniciativa es una apuesta inteligente en seguridad pública con la que se logrará la detención de quienes cometan delitos, y que permitirá atender las causas del crimen y evitará que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado.

Para concretar el decreto el proyecto regresará con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deberá firmarlo y ordenar su publicación en el DOF.

La GN, creada en 2019 para reemplazar a la policía federal, está compuesta mayoritariamente por militares y se encarga de la vigilancia del territorio mexicano, apoyando al Ejército y a las fuerzas de seguridad locales. En 2022, se aprobó una ley secundaria para transferir este cuerpo a la Sedena, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional, lo que llevó al presidente López Obrador a proponer esta reforma constitucional.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a los legisladores para detener el proyecto y priorizar “el paradigma civil”.

La preocupación internacional se centra en el papel creciente de las fuerzas armadas en tareas civiles, una tendencia que se ha intensificado desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.

Desde el inicio de su mandato, López Obrador ha delegado diversas tareas a los militares, desde la construcción y gestión de aeropuertos hasta el control de puertos y aduanas. Esta estrategia ha sido criticada por diversos sectores que temen una excesiva militarización del país.

La violencia relacionada con el crimen organizado ha dejado más de 450 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos en México, según cifras oficiales.

La semana pasada, también se aprobó otra polémica reforma constitucional propuesta por López Obrador para que jueces y magistrados sean electos por voto popular, un modelo único en el mundo.