El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos empresarios y nueve empresas mexicanas a las que acusa de operar una red de robo y contrabando de combustibles que financiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida fue acompañada por el bloqueo de cuentas y activos en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en una operación coordinada entre ambos gobiernos.

La dependencia norteamericana aseguró que el CJNG utiliza las ganancias obtenidas mediante el robo y contrabando de combustible, conocido como 'huachicol', para financiar campañas políticas, influir en procesos electorales y respaldar a funcionarios que faciliten sus operaciones criminales en México.

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En 'La Mañanera', la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a personas presuntamente vinculadas con el tráfico ilegal de combustibles y con el presunto financiamiento de campañas políticas. La mandataria afirmó que su administración no ha recibido evidencia que sustente esa acusación y recordó que, tras las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro, el Gobierno de México solicitó la información correspondiente.

Asimismo, cuestionó que el comunicado del Departamento del Tesoro incluyera el tema del supuesto financiamiento de campañas sin aportar elementos que lo acrediten: “¿A qué viene ese tema de las campañas? Lo vuelvo a decir: comentar que ocurrió algo sin ninguna prueba... es lo mismo”, sostuvo.

Sheinbaum destacó que el combate al huachicol fiscal continúa mediante acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias federales, con investigaciones, aseguramientos y medidas de control para frenar el contrabando de combustibles.

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Aunque la presidenta Sheinbaum lamentó que se les hayan adelantado al Gobierno de México, la medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la UIF, que confirmó el congelamiento de activos en territorio mexicano como resultado de una investigación desarrollada de manera coordinada entre ambos países.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, además de nueve empresas relacionadas con actividades de transporte, comercialización, logística e inmobiliarias que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, formaban parte de una estructura utilizada para el tráfico transfronterizo de combustibles, la falsificación de documentación aduanera y la evasión de impuestos en México.

Según el Departamento del Tesoro, la red habría permitido al CJNG obtener decenas de millones de dólares al año mediante esquemas de "huachicol fiscal", relacionado en importar gasolina, diésel y otros hidrocarburos con documentación falsa o bajo clasificaciones aduaneras incorrectas para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). "Representa una amenaza para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero de Estados Unidos", afirmó el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Además del bloqueo patrimonial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para fortalecer la detección de operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles y el lavado de dinero asociado a organizaciones criminales. Para Washington, este tipo de operaciones se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles.

Del lado mexicano, la SHCP informó que la UIF participó en el desarrollo de la investigación junto con las autoridades estadounidenses y ejecutó el bloqueo de cuentas y otros activos financieros de las personas y empresas señaladas, con el objetivo de impedir el movimiento de recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

En un comunicado conjunto con la UIF, Hacienda señaló que las acciones entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, "fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos".

De acuerdo con la indagatoria, Juraidini es dueño de las seis empresas de transporte, servicios financieros e inmobiliario en México, y una en Reino Unido. Desde éstas "genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG".

Las compañías identificadas y sancionadas son:

• Centro Cambiario La Peseta, en Matamoros, Tamaulipas.
• OJ Living Trust, en Monterrey, Nuevo León.
• RK Real King, en Querétaro, México.
• Soma Transporte y Servicios, en Matamoros, Tamaulipas.
• Ogui Fletes, en Matamoros, Tamaulipas.
• OF Transportes, en Matamoros, Tamaulipas.
• Cucumber Sweet Waves Ltd, en Reino Unido.

La OFAC encontró que Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México con documentación aduanera falsa y así evita pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Las gasolinas o diesel son compradas por consorcios gasolineros, que los venden en estaciones de servicio certificadas por el gobierno mexicano.

José Refugio Ruiz Villagomez es el segundo aliado financiero del CJNG sancionado este martes por la OFAC. El hombre originario de Guanajuato es el propietario de las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.

De acuerdo con los datos publicados, Ruiz Villagomez "paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México". En dicho caso, la FGR detectó que 'Jomadi' es una empresa de importación y exportación relacionada con actores del narcotráfico en México.

"Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG". A partir de las sanciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.

Para encontrar a Juraidini Silva y Ruiz Villagomez, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) dispuso de elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Departamento de Comercio – Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP).