El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al Congreso local tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR)  inició un proceso de investigación tras la denuncia hecha por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

A pesar de que un día antes aseguró que no dejaría el cargo, este viernes por la noche mediante un video a la ciudadanía y los medios de comunicación, informó sobre su solicitud al Congreso de Sinaloa.

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“Ante el anuncio que hace hoy la FGR, respecto al inició de un proceso de investigación en Sinaloa, me dirijo al pueblo de este gran estado para manifestar lo siguiente. Uno, tengo la consciencia tranquila. Una vida de trabajo respaldan mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas la acusaciones que se han vertido en mi contra”, inició Rocha Moya. 

El mandatario sinaloense dijo que puede ver de frente a su familia, a su pueblo y que considera importante no permitir que lo utilicen para dañar al movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

“A mi pueblo y mi familia los puedo ver de frente porque nunca los he traicionado y nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el momento en el que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco”, aseveró el mandatario estatal.

Rocha Moya afirmó que deja el cargo sólo mientras dure la investigación de las autoridades mexicanas con la intención de facilitar la actuación de la FGR.

“Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presente ante el Congreso del Estado, la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”, concluyó Rubén Rocha Moya.

Junto con Rocha Moya, también solicitó licencia el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien es otro de los nueve acusados por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, regidores y regidoras del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron por mayoría la designación de Ana Miriam Ramos Villarreal como presidenta municipal sustituta, tras la salida del alcalde con licencia.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió en sus redes sociales: “Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”. Y subrayó: “Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable. Esto es solo el principio”, señala el posicionamiento, que acompaña la difusión de la acusación judicial.

En el Capítulo 2 del reportaje titulado "La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya", Víctor Hugo Arteaga, Luis Arturo Andrade y Alberto Martínez, periodistas de XPFM en Miami, Florida, consignaron que "con un entramado empresarial bien definido, los hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), no sólo son beneficiados de manera directa e indirecta con contratos oficiales, sino que evaden impuestos con prácticas que le han costado al fisco mexicano al menos 87 millones de pesos.

Una investigación periodística de XPECTRO FM descubrió que de forma sistemática la principal empresa de los hijos del mandatario, Constructora Chocosa SA de CV, cancela facturas, previamente pagadas, emitidas a empresas a las que otorgaron servicios de proveeduría. Compañías que ganaron licitaciones o recibieron asignaciones directas del Gobierno de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya solicitó formalmente una "licencia temporal" para separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa a partir del 1 de mayo de 2026. Este movimiento ocurrió apenas un día después de que el mandatario estatal asegurara públicamente en Navolato que no pediría licencia y que "no tenía nada que temer". La solicitud de licencia se da en medio de una fuerte presión política y mediática tras señalamientos de la justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado