La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México es un país libre y soberano, que no aceptará ningún tipo de subordinación frente a Estados Unidos, en medio del proceso judicial que ese país mantiene contra políticos de Sinaloa, lo cual será informado por el secretario e Seguridad Omar García Harfuch: "Instruí para que se reúnan con la gobernadora interina (Yeraldine Bonilla Valverde), para fortalecer la relación institucional y la coordinación", adelantó.

Cuestionada sobre la renuncia temporal de Rubén Rocha Moya que -confirmó- tiene seguridad asignada, y la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, la jefa del Poder Ejecutivo recordó que el injerencismo ha sido históricamente un obstáculo en la relación bilateral con Estados Unidos, aunque destacó momentos de respeto como el apoyo de Abraham Lincoln a Benito Juárez durante la invasión francesa y agregó enfática: "Hoy más que nunca es tiempo de principios, de honestidad y defensa de la soberanía, de estar con el pueblo de México. De no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

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La presidenta Sheinbaum adelantó que en Culiacán. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, daría una rueda de prensa con los secretarios de Marina y Defensa, lo cual ocurrió. Ahí el funcionario dejó en claro que el Gobierno de México no se retirará de Sinaloa, y que seguirá trabajando para conseguir la seguridad de dicha entidad.

La mandataria reiteró que “siempre hemos buscadocooperación para el desarrollo y coordinación, sin subordinación y no al injerencismo. Nos entendemos como iguales, como un país libre y soberano”, subrayó y advirtió que "México no es ni será un protectorado ni una colonia de Estados Unidos, y que la relación debe darse en términos de igualdad", insistió.

En su mensaje, Sheinbaum también criticó la exposición mediática que ha acompañado los procesos judiciales en Estados Unidos contra políticos mexicanos, particularmente en Sinaloa. Señaló que este tipo de juicios públicos afectan la percepción ciudadana y vulneran la soberanía nacional.

Sheinbaum recordó episodios recientes en los que actores políticos han opinado sobre la situación en Sinaloa, y advirtió que México no permitirá que se repitan prácticas de subordinación como las que, según testimonios históricos, se dieron en gobiernos anteriores.

El posicionamiento de la presidenta de México reafirmó la postura de su administración frente a Estados Unidos: "cooperación sí, subordinación no". En medio de investigaciones internacionales y tensiones diplomáticas, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que México debe ser tratado como un país soberano, con respeto pleno a su independencia y a la voluntad de su pueblo.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aclaró que el proceso de extradición relacionado con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en una fase preliminar, ya que autoridades estadounidenses no han presentado una solicitud formal, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que existe una diferencia sustancial entre ambos procedimientos. La solicitud formal de extradición, según el Tratado entre México y Estados Unidos, requiere la presentación de cargos, pruebas, orden de aprehensión y demás elementos jurídicos completos. En contraste, la detención provisional se utiliza en casos de “urgencia”, cuando existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.

Alcalde Luján señaló que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York optó por la segunda vía, pero no aportó elementos suficientes para acreditar dicha urgencia: "La Fiscalía determinó que no se aportaron pruebas que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada”, explicó.

Según lo dicho por la consejera jurídica, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional al gobierno estadounidense para sustentar la petición, luego de recibir la opinión de la Fiscalía General de la República (FGR), que consideró insuficientes los elementos presentados.

Luisa María Alcalde precisó que, en caso de que se acrediten las condiciones de urgencia, la Fiscalía podría acudir ante un juez de control para solicitar la detención provisional, lo que abriría un plazo de 60 días para que se presente formalmente la solicitud de extradición de los indiciados.