DISCREPAN SEGOB Y FGE SOBRE LIBERACIÓN DE MUJERES DETENIDAS Y ENCARCELADAS POR 'LEY SERRANO'
Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) -cuya titular es María Manuela García Cázares-, como la Secretaría de Gobernación (Segob) -encabezada por la potosina Rosa Icela Rodríguez-, discreparon en sus respectivas versiones sobre la liberación de las dos mujeres detenidas y encarceladas por la llamada 'Ley Serrano'.
Mientras que la primera informó que ellas habían aceptado su responsabilidad en un ilícito inherente a la difusión de un video hecho con Inteligencia Artificial (IA), la segunda indicó que habían sido acusadas de un "supuesto" delito y que un juez federal determinó su liberación tras una revisión de su situación legal.
Ayer por la tarde, a través de su cuenta en X, la Segob publicó una tarjeta informativa en la que informaba que, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindó atención a "Eréndira "N" y Alejandra "N"", creadoras de contenido que fueron vinculadas a proceso y sometidas a prisión preventiva luego de que la FGE las relacionara con un delito relacionado con usos indebidos de IA, creado a fines del año pasado a través de una iniciativa presentada por el legislador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, al Congreso de SLP.
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El 26 de mayo pasado, ambas mujeres fueron detenidas por la FGE, que logró que un juez de control las vinculase a proceso. Desde entonces, permanecían detenidas.
Sin embargo, en el documento, la secretaría indicó que fueron acusadas "por el supuesto delito" contra la identidad de las personas y estableció que "tras la revisión de su situación jurídica", un juez de control determinó su "inmediata liberación".
La Segob indicó que sus dos instancias que intervinieron en el caso le darán seguimiento. Unas horas antes, la FGE oficializó la liberación de las involucradas, señalando que había sido por la vía de la suspensión condicional del proceso, sujeta al pago de la reparación del daño y a cumplir el compromiso de acudir a firmar mensualmente en la Unidad de Medidas Cautelares.