El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de San Luis Potosí resolvió ayer jueves 10 de abril imponer a Francisco "N", exdirector del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, una falta administrativa por el desvío de recursos públicos del nosocomio, cuya actividad habría realizado presuntamente en contubernio con el exdirector administrativo, Héctor Francisco "N" y el jefe de Mantenimiento, José Alejandro "N", por lo que estarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos por un año.

Ante esta situación, se ha dado a conocer que se levantará una denuncia penal contra estos tres exfuncionarios que trabajaron en el sexenio del exgobernador Juan Manuel Carreras López contando, además, con el respaldo de Mónica Rangel Martínez, extitular de la Secretaría de Salud y luego excandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, quien fue encontrada culpable de cometer un desfalco millonario a la dependencia, lo que la llevó a estar un tiempo en la cárcel por el caso conocido como "la pandemia de la corrupción".

Ella aceptó que robó 22 millones de pesos cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y, tras devolver el dinero, se determinó su libertad mediante un procedimiento abreviado. La Fiscalía del Estado informó que la exfuncionaria de la administración estatal pasada se declaró culpable por los delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa.

Aunque estaba condenada a pagar una sentencia de cuatro años y once meses de prisión, su defensa solicitó la suspensión condicional de la pena, pues la condena era menor a cinco años.

Fuentes del Gobierno del Estado indicaron que se siguen investigando a más exfuncionarios de la llamada “herencia maldita” de gobiernos anteriores para que paguen por sus presuntos actos de corrupción que perjudicaron a las finanzas públicas estatales, ya sea con la devolución del dinero o con un juicio penal que los podría llevar a enfrentar la cárcel.