La captura de Alejandro Mario "N", hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la exconductora Inés Gómez Mont, volvió a colocar en la agenda nacional -y local por el proceso sucesorio del 2027-, uno de los expedientes financieros más relevantes de los últimos años, cuya investigación también tiene presuntas ramificaciones en San Luis Potosí -y en su futuro político-, donde aparecen presuntas empresas vinculadas al entramado facturero investigado y donde, desde 2021, surgieron denuncias públicas del caso Pandora Papers que mencionaron a hijos del exgobernador panista Marcelo de los Santos Fraga quien finalmente aclaró la participación de sus hijos.

El caso es una 'bomba política' en el tablero del Ajedrez Político en San Luis Potosí porque pone más gasolina al fuego en el avanzado proceso de sucesión gubernamental en San Luis Potosí, luego de que Marcelo de los Santos Anaya se registró formalmente como 'aspirante ciudadano' ante el Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la alcaldía de la capital de San Luis Potosí en las elecciones de 2027.

Lo real hasta el momento son los rebotes de la información de esta Caja de Pandora abierta por las  repercusiones entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

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Para San Luis Potosí, el caso tiene especial relevancia porque investigaciones periodísticas y fiscales identificaron a Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, S.A. de C.V. y Gupea Construcciones, S.A. de C.V. como parte de la estructura empresarial investigada por presuntas operaciones de simulación y triangulación de recursos. De acuerdo con reportes sustentados en expedientes oficiales, por las cuentas de esas compañías circularon cientos de millones de pesos.

Hasta el momento, no existe información oficial que vincule directamente la detención de Alejandro Mario "N" con Marcelo de los Santos Fraga o con algún otro personaje político potosino. Lo confirmado es que el hermano de uno de los principales protagonistas de este caso ya se encuentra bajo custodia federal y sujeto a un proceso judicial, mientras la FGR mantiene bajo reserva los delitos que le serán imputados.

Las próximas audiencias definirán el alcance jurídico de una detención que reabre un expediente de alto impacto nacional y que, por sus antecedentes empresariales y políticos, mantiene un interés particular para San Luis Potosí por la lucha por el poder y la sucesión gubernamental. Apenas ayer en el vigésimo aniversario de la 'Gallardía' llevado a cabo por el Partido Verde en el Teatro del Pueblo de la Fenapo, durante el video de presentación, en la pantalla gigante, aparecieron imágenes del cuestionado exgobernador priísta Juan Manuel Carreras López y una fotografía del alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, mientras de fondo se escuchaba la voz del narrador:

“Durante años, se dijo que las cosas no podían cambiar, que el atraso era normal, que las oportunidades eran para unos cuantos, que la herencia maldita era el destino inevitable de nuestro pueblo”.

Tanto Carreras, como De los Santos Fraga y Galindo Ceballos son ubicados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como para de la llamada 'herencia malita' de gobiernos prianistas anteriores.

Es de conocimiento de la opinión pública que, en varios actos partidistas con Acción Nacional y  oficiales del Ayuntamiento, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, ha reconocido y agradecido públicamente al exgobernador Marcelo de los Santos Fraga por su legado en obras y por recibir su respaldo político de cara al panorama electoral del estado para el 2027.

El mismo Marcelo de los Santos Fraga, en varias ocasiones, ha declarado que el priista y actual alcalde capitalino sería un candidato que considera un buen perfil para para convertirse en el próximo gobernador del estado por lo que bien podría convertirse en candidato a la gubernatura en 2027, pues, ha dicho, se ha ganado la confianza de la ciudadanía, y prueba de ello es que ganó la reelección y administrará la ciudad por tres años más.

Documentos fiscales revisados por El País ubican a Gupea Construcciones en una pequeña vivienda particular de una colonia popular de San Luis Potosí. La empresa y un presunto prestanombres identificado como Ismael Infante Loredo, descrito como trabajador residente en el estado, declararon pagos por aproximadamente 125 millones de pesos en nómina y honorarios durante 2016 y 2017.

"Los montos pagados a estas personas están documentados en las declaraciones de impuestos de la empresa Gupea Construcciones, SA de CV, y del testaferro Ismael Infante Loredo, ambos vinculados a Álvarez Puga. La empresa, ubicada en una pequeña residencia privada en un barrio de bajos ingresos de San Luis Potosí, y el testaferro, un obrero residente del mismo estado, reportaron a las autoridades tributarias haber pagado 125 millones de pesos (US$6.84 millones) en “nómina y honorarios” en 2016 y 2017. La documentación obtenida por este periódico muestra que el propio Álvarez Puga figuraba en la nómina y recibió 10.9 millones de pesos (US$596,000). Mientras tanto, su esposa, Gómez Mont, su madre Alma Rosa Puga y su exesposa Rosario Arnaud de la Torre recibieron 7.4 millones de pesos (US$405,000), 285,000 pesos (US$15,600) y 3.5 millones de pesos (US$192,000), respectivamente. Además de su cargo como abogado, Arnaud de la Torre figura como accionista en algunas empresas mexicanas y posee un apartamento de lujo valorado en 2,5 millones de dólares en Miami, Florida, a través de la empresa Grupogreca LLC".

El domicilio potosino no significa necesariamente que allí existiera una operación empresarial real. Precisamente, una característica de las llamadas empresas fachada es utilizar domicilios modestos o sin infraestructura compatible con los montos facturados.

Inés Gómez Mont. compra una casa en Miami por 6,3 millones de dólares. Zillow

De acuerdo con información atribuida a la FGR, una cuenta de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga recibió aproximadamente 315.98 millones de pesos entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, y retiró prácticamente la misma cantidad. Este patrón de entrada y salida rápida de recursos forma parte de lo investigado como posible triangulación financiera.

Las investigaciones sostienen que recursos provenientes de contratos federales relacionados con el sistema penitenciario fueron transferidos primero a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética y posteriormente dispersados hacia varias compañías, entre ellas Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

Las dos empresas potosinas presuntamente habrían realizado pagos a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. Diversas publicaciones señalan pagos por alrededor de 7.4 millones de pesos desde Tangamanga y una cantidad similar desde Gupea hacia Gómez Mont. Se trata de movimientos mencionados dentro de investigaciones, no de sentencias firmes.