La Reforma Electoral es la prioridad para el Congreso que arranca sesiones en febrero y para la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente de cara al proceso electoral de 2027 cuando se renovarán 17 gubernaturas -incluido San Luis Potosí-, y la Cámara de Diputados. De hecho, el principal desacuerdo que existe en torno a la propuesta que trabaja una Comisión Especial que encabeza Pablo Gómez son los legisladores de representación proporcional o plurinominales, una figura que beneficia a los aliados de Morena, destaca Sin Embargo.

En ese sentido, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se han vuelto dos de los principales obstáculos para sacar adelante una reforma que modifique la figura de plurinominales, la cual les ha dado un poder político que ha servido al oficialismo para tener la mayoría en la Cámara, necesaria para aprobar reformas constitucionales. Lo mismo sucede con la reducción del financiamiento público del que se benefician, en general, todas las fuerzas políticas.

“Los dos partidos que forman parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia (PVEM y PT) necesitan los plurinominales para existir tanto en congresos locales como en el Congreso federal; ganan muy pocas presidencias municipales por sí solos, ganan muy pocos distritos por sí solos, entonces la figura de la representación proporcional es importantísima para que esos partidos se mantengan vigentes. Y el mantenerse vigente significa también mantener presupuesto", indicó en entrevista con SinEmbargo Sergio Bárcena, fundador de Buró Parlamentario.

La negociación con los partidos satélite, aunque tiene como principal interés su propia supervivencia política, podría buscar también otros intereses, según se permite anticipar por diversos antecedentes, entre los cuales destacan las aspiraciones de sus cúpulas. Tal es el caso del PVEM, donde es conocido su interés por mantener el control político en algunas entidades, como San Luis Potosí, donde incluso se ha impulsado la modificación de la ley para abrir paso a la postulación de Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, así como el impulso de perfiles cercanos a los gobiernos estatales en turno, como ha ocurrido en otros procesos sucesorios.

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En esa misma línea, Jorge Aljovín, especialista en derecho electoral y político, señaló que el consenso de estos partidos satélite será determinante no sólo para que Morena alcance la mayoría calificada. “Estos partidos políticos han logrado sacar una raja de este mecanismo que les permite tener una mayor representación en el Congreso, y habrá que decir que esto no solamente se trata en su momento del PT o del Verde, sino también cuando gobernaron otros partidos que hoy son de oposición, que también se alimentaron de partidos satélites cuando hacían sus propias coaliciones”, destacó.

En el Congreso de la Unión, la representación proporcional permite a esos partidos tener una mayor presencia. El mayor ejemplo de ello es el PVEM en la Cámara de Diputados, donde de los 62 legisladores con los que cuenta actualmente, 18 son por representación proporcional y 44 por mayoría relativa, es decir, llegaron con el voto directo. El Partido del Trabajo, por ejemplo, cuenta con 49 legisladores, de los cuales 13 son plurinominales y 36 de mayoría relativa.

En la Cámara de Senadores, el PVEM cuenta con 14 legisladores -incluida Ruth González Silva que aspira a la gubernatura de SLP-, de los cuales 10 son de mayoría relativa, uno por primera minoría y tres por la vía plurinominal, entre ellos, Manuel Velasco; y el Partido del Trabajo cuenta con seis senadores,  de los cuales, tres son por plurinominal, entre ellos, Alberto Anaya.

“Será un periodo legislativo intenso y que tiene como contexto la antesala al inicio del proceso electoral 2026-2027. Y esto ha planteado una agenda para el Legislativo donde uno de los temas más importantes será la reforma electoral”, expuso Aljovín Navarro.

Ciertamente no es el único pendiente que tendrá el Congreso. También hay otros temas prioritarios que podrían discutirse y resolverse en este primer tramo del año legislativo, reforma laboral, al sistema de seguridad. "Esta agenda es que creo que es más voluminosa de la que hemos visto en periodos anteriores de esta legislatura. Esa es una primera característica: sí va a ser un periodo ordinario bastante activo”, refirió Sergio Bárcena, fundador de Buró Parlamentario.

La Reforma Electoral –que será la verdadera herencia legislativa que deje la mandataria Claudia Sheinbaum– será sin duda el gran tema de este 2026, pero también implicará fuertes retos. Y es que su discusión y eventual aprobación se dará bajo una fuerte presión de tiempos, con desacuerdos de fondo y sin consensos claros, ni siquiera al interior del bloque oficialist.

"Hay puntos donde parece que hay consenso, como la disminución del financiamiento a los partidos políticos y también del financiamiento para la organización de los procesos electorales. Donde no hay un consenso claro, ni en el bloque oficialista ni con la oposición, es en lo que se refiere a la eliminación de los plurinominales”, explicó Aljovín.

El pasado 7 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informaba que la iniciativa de Reforma Electoral aún sigue en proceso de elaboración y que en los próximos días continuará el trabajo con legisladores para definir plazos de discusión, pero destacó que ya existen coincidencias claras en algunos puntos.

Sheinbaum explicó que entre los planteamientos presentados en los foros ciudadanos y en el primer borrador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se identificaron propuestas similares en tres temas: reducir el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir los costos de organización de las elecciones y revisar la integración de la Cámara de Diputados.

Cuestionada sobre cuándo pudiera ser presentada, la presidenta dijo que aún no hay una fecha. Incluso cuando se le preguntó sí sería en la primera quincena de enero, como lo mencionó el coordinador de diputados Ricardo Monreal, quien dijo que ya tenía una ruta de la agenda y que la reforma podría ser aprobada en marzo, la mandataria recalcó que el proyecto aún no está listo.

“La iniciativa sí se va a presentar en este periodo. No sé si tan rápido como lo planteaba Monreal, pero lo que sí tengo estimado es que hay un límite para que se apruebe esa reforma y pueda entrar en vigencia para la elección 2026-2027”, explicó Sergio Bárcena, fundador de Buró Parlamentario,.

El Coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anticipó el lunes 5 de enero que la Reforma Electoral podría ser aprobada hacia mediados de marzo, siempre que la iniciativa se presente en la primera quincena de enero, como estaba previsto.

“Los tiempos se nos están ajustando. Recuerden que hablamos de la primera quincena para la presentación de la iniciativa en la permanente y ya se decidirá por la presidenta a qué cámara enviarla, si a la de diputados o a la de senadores, pero tengo una ruta, un camino de ruta que concluye este el próximo año”, dijo.

El límite que tienen los legisladores para aprobar la Reforma Electoral, si es que quieren que se aplique para la siguiente elección, está marcado por la Constitución.  Y es justo la presión de los tiempos es uno de los elementos más críticos, pues tendría que quedar para más tardar en mayo de este año. Tanto Bárcena como Aljovín explicaron que el proceso electoral 2026-2027 inicia formalmente la primera semana de septiembre de 2026 y que las reglas deben estar definidas con anticipación.

Esto implica que no solo la reforma constitucional, sino también las leyes secundarias, deben estar listas. “Si vas a hacer cambios a la ley electoral o publicar una nueva ley, necesitas 90 días de anticipación, con todo y leyes secundarias”, enfatizó Barcena.

“Las leyes electorales se deben de aprobar con 90 días de anticipación, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, y estos vencerán en su momento a finales del mes de mayo”, explicó Barcena.

Y así es. El último párrafo de la fracción II del Artículo 105 de la Constitución establece: "Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales."

Para los analistas, este margen reducido anticipa un proceso legislativo apresurado, por lo que ambos estiman que es probable que los legisladores tengan que convocar a periodos extraordinarios para la aprobación.