Bochornoso momento vivimos el sábado 13 de septiembre los representantes de los medios de comunicación que cubrimos el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro de Negocios Potosí, cuando dos sujetos del equipo de logística de la mandataria federal, que son empleados de la Presidencia de la República, nos retuvieron ilegalmente, tanto a reporteros como a camarógrafos, al cerrar arbitrariamente la puerta e impedir uno de ellos con su cuerpo y brazos cruzados la salida del área de cobertura.

Esto significó una clara violación a las garantías individuales de libertad de movilidad, expresión y opinión consagradas en la Constitución. A pesar de las insistentes quejas y de que se les dijo que eso era un acto inconstitucional que afectaba la libertad de movilidad y coartaba la libertad de prensa, los tipos solo se reían en forma burlona diciendo que "son órdenes" y siguieron impidiendo la salida de los comunicadores, con el agravante de que había personas que necesitaban salir por cuestiones personales y de urgente necesidad de ir a los sanitarios.

Ahora se sabe que el nombre de quien ordenó este abuso es Ruslán Aranda Hernández.

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El mal momento de privación ilegal de la libertad fue captado en vivo por Marcela Loyola, reportera de Potosí Noticias, quien les reclamó su actuar al igual que Pepe Alemán, corresponsal de El Heraldo de México, y los representantes de Ajedrez Político SLP que rompieron el "corralito" impuesto y salieron del lugar.

Los periodistas nos preguntamos: ¿Ésta es la clase de "respeto" a la libertad de expresión que todos los días dice defender y profesar la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras o solo es una postura vacía? Por el bien de la libertad de expresión en el país esperamos que la jefa del Ejecutivo Federal rectifique.