Comienzan a surgir versiones coincidentes sobre el presunto aseguramiento de dos de los exfuncionarios incluidos en la acusación federal que Estados Unidos presentó contra diez personajes del entorno político sinaloense, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.

Los nombres que hoy concentran la atención son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

En el caso de Mérida, distintas versiones lo ubican ya bajo custodia de autoridades estadounidenses tras haber sido localizado en Arizona. Sobre Díaz Vega, los reportes apuntan a que habría sido ubicado fuera de México, presuntamente en Europa, aunque sin confirmación oficial detallada hasta el momento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos llamó a las fiscalías federales de la Unión Americana a triplicar el número de acusaciones en contra de políticos mexicanos que sean sospechosos de colaborar con los cárteles del narcotráfico, de acuerdo con una nota de The New York Times.

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Ambos forman parte del expediente judicial promovido en Nueva York por presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico y delitos relacionados con armamento.

Por ahora, buena parte de la información disponible proviene de reportes periodísticos y versiones en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas puedan surgir mayores precisiones sobre el alcance real de estos movimientos y el curso que tomará el caso.

La eventual detención de Mérida Sánchez podría incrementar la presión política y judicial sobre el círculo cercano de Rocha Moya, debido a que el exsecretario fue uno de los principales responsables de la estrategia de seguridad estatal durante los años más violentos recientes en Sinaloa.

Analistas consideran que cualquier proceso judicial en Estados Unidos contra el exfuncionario podría derivar en nuevas revelaciones sobre presuntas redes de protección institucional al crimen organizado dentro del aparato estatal sinaloense.

En las últimas semanas, el gobernador con licencia ha enfrentado una creciente ofensiva política tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos. El PAN incluso promovió solicitudes de juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa, mientras Morena y el gobierno federal han insistido en que no existen pruebas concluyentes presentadas formalmente ante autoridades mexicanas