TRUMP RECONOCE ACCIONES DE SHEINBAUM PERO EXIGE A MÉXICO QUE PROCESE A FUNCIONARIOS COLUDIDOS CON EL NARCOTRÁFICO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció las acciones del gobierno de su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, pero sostuvo que México todavía debe adoptar medidas adicionales, entre ellas investigar, detener y procesar a funcionarios públicos que colaboren con organizaciones criminales.

Los señalamientos aparecen en la Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, remitida al Congreso estadounidense y difundida el miércoles 16 de septiembre. 

La presidenta Sheinbaum encabezó la ceremonia del Grito en el Zócalo capitalino y el Desfile Cívico-Militar conmemorativo de los festejos patrios oficiales por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, eventos marcados por una enérgica proclama en defensa de la soberanía nacional frente al exterior.

“El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, advirtió.

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El gobierno de Estados Unidos ha endurecido significativamente sus acciones y advertencias contra funcionarios y políticos mexicanos vinculados con cárteles de la droga. No es la primera vez que la administración de Trump incrementa la presión sobre el gobierno de la presidenta Sheinbaum exigiendo un ataque frontal a la corrupción de los llamados "narcopolíticos".

El documento de la Casa Blanca contiene la valoración del gobierno de Estados Unidos sobre la estrategia mexicana; sus señalamientos sobre corrupción y presencia territorial de los cárteles son afirmaciones de la administración Trump y no identifican en ese apartado a funcionarios concretos, aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha exigido a México exponer, arrestar y enjuiciar a los funcionarios públicos que han colaborado con los cárteles del narcotráfico, una postura que escaló tras la acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales.

En el documento, Trump destacó el aumento de decomisos, la destrucción de laboratorios clandestinos y el despliegue de elementos policiales y militares mexicanos en la frontera con Estados Unidos. También atribuyó a la cooperación bilateral avances contra dirigentes de organizaciones criminales, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió durante una operación de fuerzas mexicanas en febrero de 2026. Reuters reportó entonces, citando a un funcionario estadounidense de Defensa, que un grupo encabezado por militares de Estados Unidos participó con labores de inteligencia en la búsqueda del capo.

La determinación presidencial dedica un apartado a México y reconoce medidas adoptadas por la administración de Sheinbaum: "Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señala el documento.

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Trump también destacó una mayor cooperación de seguridad entre ambos países y sostuvo que ese trabajo conjunto ha contribuido a neutralizar a dirigentes de organizaciones del narcotráfico. Entre los puntos reconocidos por Washington están:

  • El aumento de las incautaciones de drogas.
  • El desmantelamiento de laboratorios clandestinos.
  • El despliegue adicional de fuerzas policiales y militares en la frontera.
  • La cooperación bilateral contra dirigentes de organizaciones criminales.
  • Las operaciones realizadas contra estructuras de los cárteles.

El reconocimiento no significa que Washington considere suficientes las acciones implementadas. En el mismo documento, Trump enumera áreas en las que su gobierno espera cambios adicionales por parte de México.

Trump sostuvo que México debe incrementar las acciones contra las organizaciones que su administración denomina“narcoterroristas”, categoría utilizada por Washington después de designar a distintos grupos criminales como organizaciones terroristas.

"No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense”, señala la determinación.

La afirmación sobre el control territorial corresponde a la evaluación del gobierno estadounidense contenida en el documento. Entre las acciones que Washington plantea están:

  • Reforzar los controles de las cadenas de suministro.
  • Incrementar las inspecciones en puntos de entrada al país.
  • Incorporar más al sector privado en los mecanismos de seguridad de las cadenas comerciales.
  • Aumentar recursos para las fuerzas de seguridad.
  • Atacar las redes financieras de las organizaciones criminales.
  • Investigar y procesar casos de corrupción vinculados con los cárteles.

Uno de los señalamientos centrales del documento se refiere a la corrupción dentro de las instituciones públicas. Trump afirmó que México debe “exponer, detener y procesar” a funcionarios públicos que hayan colaborado o protegido a organizaciones criminales.

La determinación no presenta en ese apartado una lista de servidores públicos ni señala casos específicos. Por ello, el planteamiento debe entenderse como una exigencia general de la administración estadounidense y no como una acusación individual contra una persona determinada.

Trump sostuvo que esas conductas afectan la seguridad y la soberanía de México y pidió que el combate al narcotráfico incluya acciones contra las redes de protección institucional de los cárteles: "Las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales”, indica el documento.

La determinación no establece en el fragmento dedicado a México una cantidad específica que el gobierno mexicano debería gastar ni fija una meta presupuestaria concreta. Por lo tanto, se trata de una evaluación política y de seguridad de la administración estadounidense, no de una obligación presupuestaria establecida para México.

El planteamiento no consiste en entregar a empresas privadas las tareas policiales o militares contra los cárteles. La determinación vincula al sector privado con la seguridad de las cadenas de suministro, es decir, con los mecanismos utilizados para evitar que productos, sustancias químicas o mercancías sean desviados hacia actividades ilícitas.

Trump pide a México fortalecer esa integridad mediante una mayor participación de la industria privada y un aumento de las inspecciones en los puntos de entrada. El documento no detalla qué empresas tendrían que participar ni establece medidas obligatorias concretas.

México forma parte nuevamente de la relación estadounidense de principales países de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. Estar incluido en esa lista no significa automáticamente que Estados Unidos considere que el gobierno mexicano incumplió sus obligaciones contra el narcotráfico.

La legislación estadounidense establece que la clasificación puede responder a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas y precursores químicos, incluso cuando un gobierno realiza acciones de combate al narcotráfico. Ese criterio también ha sido explicado históricamente por el Departamento de Estado.

Esto es distinto de la categoría utilizada por Washington para señalar a países que, a juicio del presidente estadounidense, han “incumplido de manera demostrable” sus obligaciones durante los últimos 12 meses.

Para el año fiscal 2027, México no aparece entre los países colocados en esa segunda categoría. Los señalados son Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. La determinación mantiene una relación de 23 países considerados por Washington como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas.

La lista incluye:

  • Afganistán
  • Bahamas
  • Belice
  • Bolivia
  • Birmania
  • China
  • Colombia
  • Costa Rica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Haití
  • Honduras
  • India
  • Jamaica
  • Laos
  • México
  • Nicaragua
  • Pakistán
  • Panamá
  • Perú
  • Venezuela

La inclusión en esta relación no equivale por sí misma a una sanción ni implica que Washington considere que todos esos gobiernos tienen el mismo desempeño frente al narcotráfico. La determinación también dedica señalamientos a China.

Trump afirmó que el país asiático continúa siendo una fuente central de diversos precursores químicos utilizados para producir ilegalmente fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas. El planteamiento forma parte de la evaluación de su administración.

El presidente estadounidense reconoció que Beijing implementó nuevos requisitos de licencias para exportar determinados químicos hacia Norteamérica, pero sostuvo que organizaciones criminales continúan evadiendo esos controles mediante sustancias que no están reguladas. Por ese motivo, pidió al gobierno chino adoptar medidas adicionales para controlar el flujo de estos compuestos.