CONSIGUE LA FISCALÍA 20 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA ASTRID “N” Y FERNANDO “N” POR EL HOMICIDIO DEL JOVEN ALAN

Como resultado del trabajo realizado por la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGESLP), un Juez decretó una sentencia condenatoria contra Fernando “N” y Astrid “N” de 20 años de prisión al ser declarados culpables por homicidio calificado.

Ambos sentenciados se les responsabiliza como copartícipes de la tortura y muerte de Alan Francisco Ibarra Castillo, un joven cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en una camioneta el 25 de marzo del 2019 en un camino ubicado en la comunidad de Escalerillas.

Tres años después, en abril de 2022, la FGE anunció la detención de Juana "N", implicada en los hechos junto a otros dos jóvenes. Ella fue aprehendida tras una orden realizada por el Juez de Control por los delitos de homicidio simple intencional, falso testimonio y desaparición de personas. Esto luego de varias diligencias realizadas por la Policía de Investigación (PDI).

En su momento estos individuos fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI) de la FGESLP con una orden de aprehensión el 4 de abril del 2022 en la capital potosina y 21 de mayo del 2022 en el estado de Nayarit.

De esta forma los imputados fueron presentados por un Ministerio Público ante la autoridad judicial para enfrentar un proceso penal, y con datos de prueba se acreditó su responsabilidad para que se decretará el fallo condenatorio en su contra por este caso.

Finalmente, durante la audiencia de individualización de la pena, la autoridad judicial informó a los acusados el tiempo que pasarán recluidos en el centro penitenciario de la Capital potosina, suspendidos de sus derechos políticos y civiles.

En cuanto a los pagos, uno por reparación del daño y el otro correspondiente a una sanción pecuniaria para el estado, el juez dictó que el monto será pagado en mancomunado por los sentenciados.

Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Francisco, vivió todo un calvario para que se le hiciera justicia a su hijo. Eran los tiempos del exgobernador Juan Manuel Carreras y del fiscal Federico Garza Herrera. Astrolabio Diario Digital informó que ella tuvo que soportar el acoso y hostigamiento de autoridades, que no sólo la revictimizaron, sino que también la hicieron objeto de violencia institucional, actos que le provocaron una experiencia traumática.

Por ello, el 20 de febrero de 2020, Silvia Castillo Hernández llevó al cabo su primera protesta a nivel nacional frente a Palacio Nacional, en donde pidió la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella se manifestó desnuda a las afueras de Palacio Nacional para exigir dar seguimiento al caso de su hijo Alan, esto luego de conmemorarse el Día de las Madres, una fecha que para la que Castillo Hernández significa desesperanza y dolor.

En esa ocasión dijo que al desnudarse ella perdía poco a poco su dignidad de mujer, pero que ni siquiera eso la detendría para exigir justicia por su hijo.

“He hecho de todo, ya me desnudé ante la FGE por dejar libres a los cómplices del asesinato de mi hijo, yo ya morí cuando mataron a mi hijo. Solo me queda pedir justicia por él y por lo que le hicieron”, denunció.

La primera manifestación la realizó Silvia el 31 de octubre de 2020. Recurrió a protestar desnuda en las instalaciones de la FGE. Ahí le exigió así al ex fiscal Federico Garza Herrera que se pusiera a trabajar y realizara las investigaciones correspondientes para encarcelar a los culpables de la muerte de su hijo; una protesta en la que también culpó al exgobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, de ser un violador de sus derechos humanos.

En respuesta al indolente actuar de Garza Herrera, Silvia Castillo interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que resultó en la recomendación número 10/2020, dirigida al exfiscal por la violación los derechos fundamentales de las víctimas, el acceso a la justicia, legalidad, petición, trato digno y reparación integral del daño.

Una exigencia de justicia que le valió una reunión con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quienes dialogaron con ella y establecieron una ruta en favor a la defensa de sus derechos humanos como víctima.

Pese a ello y a sus protestas, en medio de un proceso que parecía estar encaminado a esclarecer el caso de Alan Francisco, en marzo de 2021, tras llevarse a cabo la audiencia inicial contra los tres implicados, se les dejó en libertad por supuestas violaciones a sus derechos humanos y duplicidad del término constitucional; un accionar de las autoridades que para Silvia Castillo significó el abandono del Estado, que prefirió dejar impune el homicidio de su hijo.

Esto ocasionó que se desplazara el 9 de marzo de 2021 hasta la Ciudad de México, ante las oficinas de la Secretaría de Gobernación, para pedir apoyo y justicia por el asesinato de su hijo.

“Yo tenía que luchar y salir adelante. Perdí mi dignidad en todo este proceso, incluso me desnudé en la Fiscalía, para que Federico Garza Herrera me escuchara, pues el que no estuvieran tras las rejas los delincuentes y asesinos de mi hijo, para mí conllevaba un suplicio y una injusticia”.

Y así lo fue. Silvia Castillo quien tuvo que realizar innumerables protestas a nivel local y nacional para ser escuchada y atendida, interpuso una queja contra el juez Giovanni Efrén Camarillo Hernández, quien determinó dicha resolución a favor de los presuntos implicados en el homicidio de Alan Francisco; lo denunció de complicidad, parcialidad e ineficiencia.

A través de la causa penal RI/SLP/CP-172/21 se acreditó plenamente que Camarillo Hernández afectó la legalidad, honradez y eficiencia del caso, lo que dificultó y retardó los derechos de la madre de Alan.

Aún así, Silvia compartió que la revictimización originada por las instituciones, traspasó el área personal y vulneró su seguridad, al tener que compartir espacios con uno de los agresores de su hijo.

“Luego de que se le dejó libres y de impugnar la decisión del Juez, se volvieron a realizar unas fichas de búsqueda ahora como prófugos de la justicia. Sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no hizo nada al respecto. Incluso me he llegado a topar a Adrián N. y a su familia a las afueras de mi domicilio y no lo han detenido”.

La situación originó que la madre de Alan Francisco tomara una de las salas pertenecientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 24 de septiembre de 2021, para demandar justicia y evidenciar que los procesos burocráticos en torno a la investigación de su hijo en la FGE estaban repletos de dinámicas violentas que vulneraban su vida diaria.

“Antes los procesos de injusticia, le perdí miedo a todo. Soy una madre que lucha por su hijo, y desde que me lo mataron, a mí también me mataron junto a él. Por eso yo no tengo miedo de llegar hasta las últimas consecuencias”.

Ante las continuas irregularidades, en el mismo mes de septiembre interpuso una queja ante la CNDH, que resultó en la recomendación número 23/2022, publicada el 4 febrero de 2022, dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Esto debido a que Castillo Hernández nunca obtuvo un mecanismo de defensa y acompañamiento en todo este proceso, e incluso nunca se enteró que podría acceder a un apoyo como víctima y parte de la reparación del daño por el homicidio de su hijo.

La recomendación señaló violaciones a su seguridad jurídica, a la legalidad en su agravio, por la omisión de no brindar protección ni auxilio, ante las amenazas surgidas del asesinato de Alan Francisco.

“Desde hace años sufro el acoso constante de los implicados de la muerte de mi hijo. Hasta el día de hoy la CEEAV nunca me brindó el apoyo necesario. Incluso el comisionado Jorge Vega Arrollo me sugirió en infinidad de ocasiones que ya no hiciera tanto escándalo, revictimizando mi dolor. ¿Cómo es posible?”.

Por consiguiente, el 10 marzo de 2022, protestó afuera de la sede del Congreso local para exigir justicia para su hijo, donde fue atendida por la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, en ese entonces presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, quien escuchó sus peticiones.

Aunado a ello, Silvia comentó que empezó a tener contacto y acercamiento con el fiscal general, José Luis Ruiz Contreras, quien le aseguró que se estaban realizando los procesos de investigación para dar con el paradero de los implicados en la muerte de Alan.

Trabajo y disposición que aplaudó y la tranquilizó por momentos ya que, a sus 57 años, ha tenido que buscar y encontrar nuevas formas de mantener viva la memoria de su hijo, hasta que se le haga justicia. Ayer todas sus protestas y manifestaciones rindieron frutos con la sentencia en contra de Astrid  "N" y Fernando "N". El fiscal dijo que apelarán la sentencia y buscarán que a los culpables del asesinato de Alan les den la pena máxima de 45 años de prisión.