Un Tribunal Colegiado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) decretó el lunes pasado penas por más de 60 años a seis responsables del asesinato de dos hijos de la exintegrante de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rosalinda Ávalos Reyes.

Los asesinatos ocurrieron el 11 de noviembre de 2020. Ávalos Reyes indagaba una supuesta red de encubrimiento y corrupción conocida como el "Cártel de la Ministerial", integrada presuntamente por agentes de la corporación.

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Tras un altercado con supuestos miembros de esa organización delictiva, tres hombres arribaron al domicilio de la agente, en donde hallaron a sus tres hijos a bordo de un auto, contra el que dispararon. Dos de ellos, Carlos Osiel y Daniela Violette, murieron, y la tercera, quedó gravemente herida, pero sobrevivió.

Tras un altercado con supuestos miembros de esa organización delictiva, tres hombres arribaron al domicilio de la agente, en donde hallaron a sus tres hijos a bordo de un auto, contra el que dispararon. Dos de ellos, Carlos Osiel y Daniela Violette, murieron, y la tercera, quedó gravemente herida, pero sobrevivió.

Ávalos Reyes emprendió entonces una cruzada contra los agresores, que incluyó denuncias contra agentes y directivos de la PI, quejas porque la FGE le negó medidas de protección, ante el inminente peligro que enfrentaba y el esfuerzo exitoso en 2025 de impedir que uno de los acusados, Sabas "N"., participara en la elección del Poder Judicial del Estado a un puesto de juez penal.

En una publicación realizada en su muro de Facebook, Ávalos Reyes informó que antier, un Tribunal Colegiado integrado por los magistrados del STJE Nayeli Moreno Gómez, Yadira Pérez Flores y Ulises López Gámez, notificaron de manera oral la sentencia a las personas acusadas de los homicidios de los hijos de Ávalos.

"Es un aliciente para mí. Sí puedo lograr que caigan todos. Es un aliciente para las víctimas, porque se sufre mucho, pero si seguimos en lucha no dejamos que las autoridades hagan lo que les dé la gana, vamos a evidenciarlos, alcemos la voz", señaló.

Se espera que el 23 de febrero se registre una audiencia en la que abundará sobre el sentido de las sentencias, tras lo cual, los sentenciados tendrían 10 días para apelar.