La Procuraduría Agraria (PA) negó la autorización para llevar a cabo la asamblea ejidal de este domingo 18 de mayo que buscaba enajenar 426 hectáreas en la localidad de Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí.

La negativa llegó un día después de que el periodista Julio Hernández de Astillero Informa planteara la problemática en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a atenderla.

“No es factible que en segunda convocatoria de 4 de mayo de 2025, se realice la asamblea en estudio, por no reunir los elementos jurídicos de una asamblea de formalidades especiales, contempladas en los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria, además de inobservar los requisitos que deben observar los servidores públicos de la Procuraduría en materia de atención, asesoría y participación en asambleas de formalidades especiales, respecto al ordenamiento y regulación de propiedad rural“, afirma un oficio de 4 páginas emitido por dicha institución de la cual Ajedrez Político SLP tuvo acceso.

Según explica la dependencia, esta convocatoria no se ajusta a derecho porque “no se exhibe la primera convocatoria y acta de no verificativo para justificar la emisión de la segunda convocatoria materia de estudio”; se fundamenta indebidamente la “orden del día en los puntos de acuerdo Cuarto y Quinto” para “sustentar el contrato de enajenación, en favor de la persona moral CEMAT CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V. "considerándola como una asamblea simple”; y porque "no se acredita que se haya invitado para la celebración de la asamblea a un representante de la Procuraduría agraria y un federativo público“.

Detalla que “no es procedente en enajenar tierras ejidales de uso común en una asamblea sin formalidades especiales, ya que tienen una protección especial porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no se pueden vender por contrato, no se pueden adquirir por el transcurso del tiempo, y no son sujetas a un embargo, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Agraria“.

Señala que “no es factible cambiar el destino de tierras comunales, puesto que, para modificar el destino de tierras de uso común a tierras parceladas, es necesario realizar asambleas de formalidades especiales contenidas en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria“.

Además, “se requiere el dictamen de opinión técnica de la dirección general, de gestión forestal y suelos de la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT)” “para inscribir el cambio de destino de tierras ejidales”.

El proyecto, impulsado por la compañía CEMAT CONSTRUCTION, busca instalar una planta en la citada localidad con fines de generación de material para la construcción. Sin embargo, los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, activistas y habitantes de la región han denunciado que también tiene intenciones de desarrollar un plan de explotación minera, debido a que en ese lugar hay residuos de oro, titanio e, incluso, se han encontrado indicios de que puede haber litio, por lo que se ha pedido a Litio para México que verifique indicios de este mineral estratégico.

Esta firma fue fundada gracias a la fusión de capitales de Cemento Atlas y Alejandro Espinosa Ollivier, gerente legal corporativo de Grupo Salinas. Además, dentro de su consejo de administración está Norma Elvira Urzúa Villaseñor, abogada general de Tv Azteca, informó Pie de Página.

La empresa trata de comprar los terrenos ejidales a través de la “cooptación de ejidatarios, ciudadanía y funcionarios”, denunció Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra en una entrevista para Astillero Informa el pasado 6 de mayo, dos días después de que se lanzó la convocatoria para la asamblea que acaba de ser rechazada por las autoridades federales.

“Vamos a pedirle a la secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcena, que entre en contacto con el Gobierno del Estado, y a Edna Vega, de SEDATU, que tiene a su cargo la Procuraduría Agraria, que entre en contacto con los ejidatarios y se revise el proyecto para ver el impacto ambiental que presuntamente pueda tener”, sostuvo Sheinbaum.

"En el caso de San Luis Potosí es importante que se sepa cuál es la normatividad. En el caso de minas y materiales pétreos, es decir no ferrosos, las autorizaciones ambientales son de los estados. En el caso de minas de oro, plata, cobre, etcétera, la manifestación de impacto ambiental tiene que ser autorizada por la SEMARNAT", aclaró la mandataria federal.

"En San Luis Potosí no hay ni autorización del estado tampoco de la federación en términos ambientales. Lo que hay este fin de semana es una asamblea ejidal y está pendiente ahí el procurador agrario para ver en qué condiciones está la asamblea y que se realice el impacto ambiental adecuado para ver si tiene autorización o no", finalizó.