Ricardo “N”, exdirector del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas), fue detenido ayer por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí. La aprehensión se llevó a cabo tras una denuncia por el presunto delito de abuso sexual contra una menor de apenas seis años de edad.

El arresto se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control, derivada de la investigación iniciada tras la grave acusación en su contra. Según fuentes ministeriales, el imputado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso legal correspondiente.

Cabe recordar que durante su paso por el Interapas, Ricardo “N” fue acusado de beneficiar a empresas afines a través de contratos irregulares y de utilizar los recursos del organismo para fines personales y políticos. También se le responsabiliza de crear una red de compadrazgos para proteger a aliados y perseguir a opositores.

Diversos reportes periodísticos y auditorías revelaron un presunto esquema de pagos inflados, asignaciones directas sin justificación técnica y desvío de fondos etiquetados para infraestructura hidráulica. A pesar de estas acusaciones, hasta ahora no se habían concretado acciones judiciales en su contra.

El caso actual ha reavivado el debate sobre la protección política que gozaron algunos funcionarios durante administraciones anteriores, y ha puesto en la mira a quienes respaldaron su nombramiento y gestión, especialmente al exedil Xavier Nava, con quien mantenía una relación de cercanía operativa.

La FGE ha declarado que el caso se seguirá con el máximo rigor jurídico y respeto a los derechos de la víctima, y que no se permitirá la impunidad, sin importar el pasado político o los vínculos del imputado. La menor recibe ya acompañamiento psicológico especializado.

El caso continuará su curso legal en los próximos días, cuando se lleve a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso. En tanto, diversas organizaciones civiles han exigido una investigación a fondo y castigo ejemplar en caso de que se compruebe la culpabilidad del exfuncionario.