El pasado viernes 15 de mayo fue detenido en la ciudad de Querétaro, Alejandro "N", socio de la empresa Espacios en el Horizonte, la cual pretendía urbanizar mil 805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, pero que fracasó tras siete años de litigios y presiones que se vivieron entre activistas, empresarios y el gobierno federal.

Alejandro "N" fue aprehendido luego de ser señalado por el delito de fraude en contra de más de 60 inversionistas, principalmente de Nuevo León, a través de su empresa Inmobiliaria Tamayo Capital, según informó la Fiscalía General de Justicia de dicho estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presunto fraude asciende a un aproximado de 500 millones de pesos que los afectados entregaron con el propósito de generar saldo a su favor, sin embargo, el detenido incurrió en múltiples incumplimientos contractuales que derivaron en varias denuncias.

El primer operativo por el caso se llevó a cabo desde el pasado 6 de marzo, cuando fueron cateadas las oficinas de Inmobiliaria Tamayo Capital, en donde se realizó la detención de seis personas y se aseguraron aparatos electrónicos, papelería y teléfonos celulares.

Alejandro "N" es uno de los socios de Espacios en el Horizonte, la inmobiliaria que durante siete años intentó quedarse con mil 805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito para crear el "proyecto inmobiliario más grande de San Luis Potosí" y de urbanización conocido como Las Cañadas que en su momento fue presentado en el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) por el empresario Carlos “El Chato” López Medina que perdió el control de dicho negocio inmobiliario en noviembre de 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con fecha 22 de diciembre del 2013, la comunidad firmó un contrato de usufructo con Alejandro Tamayo Ibarra. Se pactó el otorgamiento de parte de la comunidad al rentero, sobre la superficie que corresponde a las tierras de la zona de uso común 1, 2 y 3, por lo que "se le autorizó realizar toda clase de acondicionamientos, reparaciones, obras, construcciones y modificaciones a las tierras con el fin de lograr el aprovechamiento por un monto de 50 millones de pesos, entregando la posesión jurídica de las tierras”. En el esquema de asociación, los comuneros aportaron la tierra, la cual sería puesta a disposición de los empresarios para que pudieran realizar cualquier tipo de maniobra financiera. Es decir, la obtención de créditos, la ganancia sería del 60% para los empresarios y el 40% dividido entre 335 comuneros. El consejo de administración sería controlado por los desarrolladores.

Después de múltiples irregularidades, entre las que se encontró la coacción y división de comuneros de San Juan de Guadalupe, los empresarios vieron frustrado su intento de fraccionar la Sierra, principalmente por el decreto de Área Natural Protegida (ANP) conseguido por el trabajo conjunto de activistas del grupo Guardianes de la Sierra de San Miguelito y representantes del gobierno federal, que no permitieron que se acabara con un enorme hábitat natural de flora y fauna, y una de las principales áreas de recarga de los mantos acuíferos de la ciudad.

Todavía hasta noviembre de 2025 los litigios dieron señales de vida, pero a favor de la Sierra y en contra de los intereses inmobiliarios, ya que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) anuló un acta de asamblea de la comunidad de San Juan de Guadalupe en la que se aprobó un contrato de asociación con la empresa Espacios en el Horizonte, una resolución que fue considerada como el golpe jurídico final a los grupos empresariales que aplicaron múltiples estrategias para intentar anular el decreto de ANP.

Por lo pronto, la detención de Alejandro “N” ha vuelto a revivir la atención del caso Las Cañadas que jurídicamente corresponde a una investigación penal por presunto fraude patrimonial, mientras que la historia de la Sierra de San Miguelito pertenece al largo expediente de conflictos ambientales y agrarios en San Luis.