La periodista Anabel Hernández reveló en su podcast 'Narcosistema' que es inminente la entrega de Rubén Rocha Moya al Departamento de Justicia de Estados Unidos que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusa penalmente al gobernador con licencia de Sinaloa de por narcotráfico y complicidad con el Cártel de Sinaloa (CDS).

La entrega de Rocha Moya -afirmó la periodista de investigación citando 'fuentes del gobierno de México'-, sería en máximo dos semanas y se realizaría para evitar más daños en la relación con los EE.UU y tratar de proteger a otros narcopolíticos señalados, es decir, que el gobernador con licencia pague todos los platos rotos. La decisión ya tuvo el visto bueno de AMLO con Sheinbaum.

El mensaje central de Anabel Hernández es que la acusación contra Rubén Rocha Moya no debe verse como un hecho aislado ni exclusivamente criminal, sino como la posible evidencia de una relación estructural entre poder político y crimen organizado. Su planteamiento apunta a que el caso podría representar un punto de quiebre donde autoridades estadounidenses intentan demostrar que ciertas redes del narcotráfico operan gracias a la protección de funcionarios de alto nivel, y no únicamente por la acción de los propios cárteles.

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El análisis de Anabel Hernández coincide, en lo esencial, con el expediente que fiscales federales de Manhattan hicieron público a finales de abril de 2026, en el que Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son señalados de haber facilitado durante años el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, los acusados —entre ellos el actual gobernador, secretarios de Gobierno, exjefes de seguridad y operadores políticos— habrían abusado de su autoridad para proteger estructuras del CDN vinculadas a Joaquín 'El Chapo' Guzmán y sus hijos. La acusación sostiene que este grupo de funcionarios filtró información confidencial a líderes criminales, intervino para frenar investigaciones y operativos, y permitió el uso de corporaciones policiales estatales en secuestros, asesinatos y otras actividades delictivas, a cambio de sobornos millonarios y respaldo político.

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El documento judicial detalla que la presunta relación no se limita al periodo de gobierno. Fiscales estadounidenses afirman que, antes de las elecciones de 2021, Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes de “Los Chapitos”, en las que se pactó apoyo electoral y financiero para su campaña a cambio de colocar, una vez en el poder, perfiles afines al cártel en áreas estratégicas de seguridad, justicia y finanzas públicas. La acusación agrega que operadores de la organización criminal intimidaron a rivales políticos y manipularon la jornada electoral para asegurar la victoria del hoy gobernador, configurando un esquema de narcopolítica de alto nivel.

De acuerdo con la investigación difundida en Narcosistema, ante el riesgo de fuga de algunos implicados y las presiones económicas derivadas del caso, la Secretaría de la Defensa Nacional habría decidido romper antiguos pactos de impunidad y colaborar de manera más activa con autoridades estadounidenses. Esa hipótesis se vincula con la interpretación de que el expediente contra Rocha Moya se nutre de años de trabajo conjunto entre la DEA y corporaciones mexicanas, así como de procesos previos contra “Los Chapitos”. No obstante, la supuesta participación directa de mandos de la SEDENA como aliados de la acusación no ha sido confirmada oficialmente por ninguna institución.

Rocha Moya se entregaría a las autoridades estadounidenses así como lo hizo el General Gerardo Mérida Sánchez, exmando militar mexicano sujeto a proceso en una corte federal de Estados Unidos por presuntos vínculos con el CDN. Mérida es acusado de recibir sobornos para alertar sobre operativos y proteger narcotraficantes, actualmente permanece en una prisión estadounidense.

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El documento judicial detalla que la presunta relación no se limita al periodo de gobierno. Fiscales estadounidenses afirman que, antes de las elecciones de 2021, Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes de “Los Chapitos”, en las que se pactó apoyo electoral y financiero para su campaña a cambio de colocar, una vez en el poder, perfiles afines al cártel en áreas estratégicas de seguridad, justicia y finanzas públicas. La acusación agrega que operadores de la organización criminal intimidaron a rivales políticos y manipularon la jornada electoral para asegurar la victoria del hoy gobernador, configurando un esquema de narcopolítica de alto nivel.

De acuerdo con la investigación difundida en Narcosistema, ante el riesgo de fuga de algunos implicados y las presiones económicas derivadas del caso, la Secretaría de la Defensa Nacional habría decidido romper antiguos pactos de impunidad y colaborar de manera más activa con autoridades estadounidenses. Esa hipótesis se vincula con la interpretación de que el expediente contra Rocha Moya se nutre de años de trabajo conjunto entre la DEA y corporaciones mexicanas, así como de procesos previos contra “Los Chapitos”. No obstante, la supuesta participación directa de mandos de la SEDENA como aliados de la acusación no ha sido confirmada oficialmente por ninguna institución.

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Paralelamente, el caso ha escalado al ámbito financiero. Diversos reportes periodísticos señalan que, como parte de la cooperación bilateral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría activado mecanismos de rastreo y posibles bloqueos de cuentas bancarias vinculadas al círculo político del gobernador, con el propósito de seguir la ruta de los sobornos e identificar posibles esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han informado públicamente sobre un congelamiento total de las cuentas de Rocha Moya ni han precisado el alcance de las medidas adoptadas, por lo que esta parte del caso permanece en el terreno de las versiones periodísticas y las filtraciones.

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En el plano judicial, la investigación de Anabel Hernández menciona el expediente 23C 180 e identifica como elementos relevantes los testimonios de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, presentados como testigos cooperantes que fortalecerían la acusación estadounidense. De manera pública, el Departamento de Justicia ha vinculado expresamente el caso Rocha Moya con la estructura de “Los Chapitos” y con otros procedimientos relacionados con el CDN.