Ante las quejas de uno de los padres de víctimas del accidente mortal en el antro Rich para que se sancione a funcionarios estatales, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), dijo que podrían ser dos o tres servidores públicos sancionados, según resuelva la sentencia de un juzgado federal que conoce del asunto, informó Pulso.

En febrero pasado, Aguiñaga Muñiz, precisó que desde diciembre del 2024 se emitió el resolutivo sancionador contra tres funcionarios estatales, pero no se hizo difusión del mismo, porque solo se notificó a las personas intervinientes.

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La resolución correspondió a Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Contrario a lo anterior, ahora el funcionario se desdijo de las declaraciones al referir que él no afirmó que se trataba de los titulares o directores generales de dichas instituciones, sino integrantes de las mismas.

Solicitó esperar a que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el fondo de la impugnación. Este corresponde a un juicio que se desahoga en el Juzgado Sexto de Distrito sobre los expedientes de investigación a funcionarios estatales.

"En el caso Rich en específico como está un amparo, vamos, en procedimiento, no quisiera yo decir algo hasta que realmente el juzgado emita una resolución firme, y ya sea la que se tome definitivamente", remató