El extraño retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, tras 112 días de licencia por investigaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS) y la facción de "Los Chapitos", desató una ola de severas críticas de impunidad, cinismo y simulación por parte de la oposición, ciudadanos y activistas. Mientras el mandatario afirma volver con la "frente limpia" tras supuestamente no encontrarse elementos en su contra, sus detractores acusan un pacto político de protección, el mismo gobierno federal y Morena se deslindaron de tal decisión.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró de forma oficial que el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa responde exclusivamente a una determinación de carácter estrictamente personal. La dependencia federal y el partido Morena marcaron distancia del hecho, señalando que la reincorporación del mandatario estatal a sus funciones no les fue notificada previamente. 

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Los 23 gobernadores de la 4T, tanto de Morena como su aliado del Partido Verde, José Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí, manifestaron su rechazo a la reincoporación de Rubén Rocha Moya al frente del Ejecutivo estatal en Sinaloa: “En la Cuarta Transformación, las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano”, dice un comunicado firmado por los mandatarios estatales.

“Hacemos un llamado al Dr. Ruben Rocha Moya a la madurez y la responsabilidad. La política es un ejercicio de congruencia; la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad que juramos defender”, agrega el comunicado.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados,Ricardo Monreal Ávila, le pidió formalmente a Rubén Rocha Moya que reconsidere su regreso como gobernador de Sinaloa y vuelva a solicitar licencia temporal hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) culmine las investigaciones en su contra.

Alejandro "Alito" Moreno, dirigente del PRI tildó a Rocha Moya de "narcopolítico" y señaló que tanto él como Morena se están burlando de los sinaloenses. Sostuvo que el gobernador se escondió por casi cuatro meses apostándole al olvido y al enfriamiento de su caso.

Uno de los cuestionamientos más severos provino de la senadora priísta Paloma Sánchez quien declaró categóricamente que Morena es un "narcopartido", el regreso de Rocha es una "burla" y un desafío abierto, sugiriendo que el gobernador de Sinaloa busca "medir fuerzas" contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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La senadora priista Carolina Viggiano sostuvo que el retorno del mandatario sinaloense no equivale a una exoneración frente a los señalamientos existentes fuera del país. La legisladora afirmó que existe un esquema de protección política alrededor del gobernador y, al referirse a las diferencias entre los procedimientos desarrollados en México y Estados Unidos, expresó: “Eso no es soberanía. Es encubrimiento”.

Viggiano hizo referencia a una acusación presentada ante una corte federal estadounidense en la que, según la información difundida, Rocha Moya aparece señalado por una supuesta conspiración relacionada con integrantes de 'Los Chapitos', facción del CDS, para facilitar actividades de tráfico de drogas a cambio de sobornos y respaldo político. También mencionó el caso del exsecretario de Seguridad estatal Gerardo Mérida y contrastó su situación con la conclusión anunciada por la FGR respecto del gobernador.

Legisladores del PAN se sumaron a las críticas. La diputada federal Paulina Rubio puso en duda que la FGR haya realizado una investigación suficientemente exhaustiva y sostuvo que la reincorporación del mandatario evidencia falta de compromiso con la exigencia de gobiernos honestos.

“Es lamentable que el pueblo de Sinaloa tenga como gobernador a un presunto delincuente y que no se cuente con la autoridad necesaria para poder investigarlo y protegerlos de esta red de delincuencia”, manifestó.

El diputado panista Federico Döring responsabilizó además a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena por permitir el regreso del gobernador: “Fuera máscaras”, declaró al sostener que el caso constituye, a su juicio, una señal de impunidad frente a personajes que han sido relacionados públicamente con presuntas actividades vinculadas al narcotráfico.

En tanto, Jorge Romero, dirigente del PAN y legisladores de oposición desconocieron la legitimidad del gobierno estatal de Sinaloa, reiteraron la exigencia de desaparición de poderes en el estado y acusaron al gobierno federal de usar las instancias de justicia como herramientas de blindaje e impunidad.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) calificó el regreso del mandatario sinaloense como un "día vergonzoso para México", acusó que la licencia no sirvió para esclarecer nada y exigió su desafuero formal, argumentando que Rocha Moya solo retorna para protegerse con la inmunidad constitucional.

Las críticas del partido naranja se concentraron en cuestionar que el mandatario vuelva a ejercer plenamente el cargo mientras persisten acusaciones formuladas desde autoridades estadounidenses.

La coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, sostuvo que el gobernador debería comparecer ante la justicia en lugar de regresar a sus funciones: “Rocha Moya tendría que estar enfrentando la justicia y no de regreso como gobernador de Sinaloa. No tienen vergüenza”, señaló la legisladora, quien además sostuvo que el país requiere verdad, paz y justicia frente a casos de esta naturaleza.

El diputado federal Gibrán Ramírez, también de MC, describió la reincorporación de Rocha Moya como un “ejemplo nacional de impunidad” y lo presentó como un reflejo de las decisiones adoptadas por dirigencias de Morena. 

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Colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos increparon directamente a Rocha Moya a su llegada al Palacio de Gobierno, reclamándole la profunda crisis de fosas clandestinas e inseguridad en la entidad. 

En redes sociales se le critica fuertemente de "cínico", señalando que las investigaciones contra otras personas ligadas a las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. siguen abiertas, por lo que su retorno no soluciona la crisis institucional.

Rocha Moya atribuyó los señalamientos a intereses políticos y rechazó cualquier participación en los hechos que se le imputan desde Estados Unidos: “Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo”, afirmó.

Con su reincorporación, Rocha Moya retomó formalmente la conducción del gobierno estatal y señaló que permanecerá en el cargo para cumplir el mandato otorgado en las urnas. Su periodo constitucional concluye el 31 de octubre de 2027, mientras las acusaciones provenientes de Estados Unidos y las críticas de la oposición mantienen abierta la controversia política en torno a su regreso y a las investigaciones realizadas sobre su actuación.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, también ha confirmado que regresará a sus actividades presenciales en el Senado de la República a partir del 30 de agosto, tras ser formalmente convocado para el próximo periodo de sesiones. A pesar de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el narcotráfico, el legislador sinaloense descartó solicitar licencia a su cargo, calificando las acusaciones de "falsos, dolosos e infames".