El supuesto decomiso "histórico" de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, enfrenta cuestionamientos sobre su legalidad y el manejo de la información oficial. La Fiscalía General de la República, (FGR) a cargo de Ernestina Godoy, no ha logrado comprobar la presunta procedencia ilícita en una terminal de almacenamiento ubicada en la comunidad de La Fragua. Se había informado que se trataba del decomiso de hidrocarburos más grande registrado en el país en una sola intervención, pero la empresa de almacenamiento tiene todos sus papeles en regla y ofrece servicios a gasolineras y al mismo Pemex para luego distribuir el producto.

El especialista en temas de seguridad y crimen organizado, David Saucedo, en entrevista con la periodista Adela Micha en La Saga, señaló que todo parece indicar que es una pifia de la FGR, "alguien armó un falso expediente a raíz de la confiscación de una pipa en San Luis de la Paz y a lo mejor quisieron tenderle una trampa a Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad, quien encabeza las encuestas de Morena como posible candidato a la Presidencia de la República para el 2030". 

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Desde un inicio expertos en hidrocarburos como Gonzalo Monroy advirtieron en espacios periodísticos como Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio, que la empresa que opera esos tanques de almacenamiento es legal. Se trata del Grupo SIMSA que incluso en las plataformas de Pemex es reconocida como una compañía que les da servicio.

Durante su conferencia matutina de este lunes 21 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió formalmente a la FGR aclarar los detalles del "megadecomiso" de 59 millones de litros de combustible realizado en San José Iturbide, Guanajuato. 

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La mandataria señaló que la FGR tiene la obligación de detallar las razones que motivaron el aseguramiento y si realmente existió una actividad ilegal. Esta declaración se dio después de que la empresa Gas Natural del Noroeste -perteneciente a Grupo SIMSA- emitiera un comunicado defendiendo que sus operaciones y el almacenamiento de hidrocarburo en dicha terminal son completamente lícitos y verificables. 

La FGR continúa analizando los permisos federales de la terminal y se entrevista a los directivos para determinar si el combustible incautado constituye o no un caso de "huachicol fiscal". Diversos sectores y reportes señalan que el inmueble y los combustibles pertenecen a empresas con permisos formales, lo que generó versiones de un posible error o "fiasco" institucional.