La organización civil Cambio de Ruta dio a conocer que el Juzgado Sexto de Distrito Del Noveno Circuito Judicial Federal le concedió el amparo para suspender los trabajos de deforestación en el proyecto urbano de la ampliación del bulevar del Río Santiago que lleva a cabo el Gobierno del Estado, informa hoy Pulso. La obra, que abarca 9.5 kilómetros y busca canalizar aguas residuales, fue adjudicada a las empresas MB Construcciones y Jiménez y Falcón.

Apenas el pasado 25 de marzo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona arrancó las obras de ampliación del bulevar Río Santiago, desde Circuito Potosí oriente hasta la comunidad Palma de la Cruz, lo que al final agilizaría el tráfico vehicular hacia la Carretera 57 (Matehuala) con beneficio directo para más de 823 mil habitantes y una inversión pública de 925 millones de pesos.

El amparo se le concedió a Cambio de Ruta a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) respondió a las críticas sobre la remoción de árboles en la ampliación del bulevar Río Santiago, aclarando que la obra cumple con la Ley de Protección y Conservación de Arbolado Urbano del Estado.

No es la primera vez que Cambio de Ruta, organización considerada por el mismo Gallardo como parte de la así llamada Herencia Maldita de anteriores gobiernos prianistas, le frena una obra con la misma estrategia de amparos. En el Barrio de San Miguelito, la asociación civil logró la suspensión del retiro de adoquines durante las obras de rehabilitación, gracias a otro amparo que promovió con los vecinos a los que asesoró. También logró que el Juzgado Primero de Distrito ordenara la suspensión definitiva de las obras de remodelación del Parque Juan H. Sánchez, conocido como Parque de Morales.

Seduvop había explicado que la tala de árboles solo se realiza cuando la vegetación interfiere con el trazo de las vialidades, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos y destacó que como parte de su compromiso ambiental, se llevaría a cabo la reposición de los árboles afectados y se implementarían acciones de reforestación y compensación ecológica en las zonas impactadas, en coordinación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Según el juicio de amparo 614/2025-III, promovido por Cambio de Ruta, se ordena frenar los trabajos de tala y afectación de arbolado urbano en el mencionado proyecto, específicamente en entre El Palmar y Palma de la Cruz, ubicado en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. 

Esto, luego de que se dio a conocer que la obra, licitada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) comenzó con actividades de desmonte, derribo de árboles y vegetación a lo largo del cauce del río, situación que de acuerdo con Alfredo Ávila Galarza, especialista de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no cuenta con el estudio de impacto ambiental aprobado.

El acto reclamado se caracteriza principalmente por la ya mencionada ausencia de un estudio ambiental debidamente autorizado y vigente, previo a la ejecución de la obra, así como la inexistencia de medidas preventivas, correctivas o de mitigación ambiental obligatorias conforme a la normatividad aplicable. 

Asimismo, se señala la omisión de someter la obra a una consulta pública ambiental, tal y como lo estipula la Ley Ambiental del Estado, así como los principios internacionales establecidos en el Acuerdo de Escazú. También se añadió la falta de planes de compensación o restauración ambiental para mitigar el daño ecológico producido. 

Por lo tanto, dice Cambio de Ruta, esta decisión judicial ordena detener de forma inmediata cualquier acto de deforestación, poda, derribo o traslado de vegetación, en tanto no se acredite la existencia de permisos ambientales que sean válidos, dictámenes técnicos especializados así como las medidas de mitigación o reforestación adecuadas. 

En caso de que las autoridades responsables llegaran a contar con los mencionados permisos, deberán garantizar el trasplante de los árboles o aplicar las medidas de compensación ambiental con base en la legislación local e internacional. 

Cambio de Ruta, también puntualizó que el amparo promovido no busca frenar el desarrollo urbano, sino asegurar que estas obras se realice de forma legal, transparente y sustentable, por lo que exhortaron a las autoridades estatales y municipales a acatar la resolución judicial.