Este sábado 26 de septiembre de 2026 se cumplen 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se manifestaron en la Ciudad de México frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir verdad y justicia.

La marcha por los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está programada para hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, a las 4:00 p. m. en la Ciudad de México y tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia y como destino el Zócalo capitalino. La ruta  avanzará principalmente sobre Paseo de la Reforma, continuando por la Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo o Madero hasta ingresar a la Plaza de la Constitución.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes 28 de septiembre de 2026 se presentará un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa durante su conferencia de prensa matutina. La presentación original del reporte se pospuso para no interferir con las movilizaciones y actos conmemorativos por el 12.º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. 

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Se informará sobre las últimas capturas de personas presuntamente involucradas (como la del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el sustento científico de dichas detenciones. El reporte será emitido de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.

La mandataria afirmó que las madres y padres de los normalistas ya fueron notificados previamente sobre el contenido de las actualizaciones de este reporte y que mantendrá el diálogo continuo con ellos. Asimismo, Sheinbaum hizo un llamado a que las marchas y protestas programadas en el marco del aniversario de la tragedia se lleven a cabo de manera pacífica, manifestando su respeto absoluto a las movilizaciones.

Periodistas de investigación como Anabel Hernández han investigado y documentado que se trató de un crimen de Estado con la participación coludida de autoridades de distintos niveles de gobierno y miembros del crimen organizado. Su trabajo señala que las corporaciones de seguridad tuvieron conocimiento en tiempo real de los hechos y optaron por encubrir o participar en la agresión, fabricando versiones falsas posteriormente.

Hernández señala directamente a mandos militares y a funcionarios federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como Tomás Zerón de Lucio y Omar García Harfuch, de haber construido escenarios falsos, torturado a supuestos implicados y manipulado pruebas para proteger la estructura del Estado y ocultar los nexos del narcotráfico con los militares. 

Incluso tras la llegada de administraciones posteriores que prometieron resolver el caso, Hernández ha denunciado la existencia de una "guerra interna" y un boicot estructural en las fiscalías y la SEDENA para continuar encubriendo el papel del ejército, impidiendo que los familiares tengan acceso real a la verdad.

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En su libro 'La verdadera noche de Iguala', Anabel Hernández señala que el Ejército mexicano, la Policía Federal y la policía estatal monitorearon a los estudiantes desde su salida de la normal de Ayotzinapa y durante los ataques en Iguala. Según sus investigaciones, el ataque se debió a que algunos de los camiones tomados por los jóvenes transportaban un cargamento millonario de heroína ajeno a ellos, lo que provocó una respuesta coordinada para interceptarlos.

En sus investigaciones, Hernández sostiene que ante acontecimientos como el del 26 de septiembre de 2014 ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad: "Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones cuya obligación es procurar justicia y protegernos al mismo tiempo nos retratan como sociedad muestran cuáles son nuestros temores más profundos pero también nuestras esperanzas. En medio de la polarización y la soledad que se vive en un país como México la gente ha comenzado a olvidar que el dolor que la injusticia provoca a los otros debiera ser nuestro propio dolor".

"En esta investigación el lector recorrerá el laberinto del caso sus trampas su oscuridad y la luz. Llegará a la calle Juan N. Álvarez verá los casquillos y las sandalias tiradas en el suelo. Entrará en la Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' escuchará las intensas voces de sus estudiantes algunas veces llenas de valor y orgullo otras de miedo y soledad. Viajará a los sórdidos lugares donde se aplicaron infames torturas para fabricar culpables así como a las oficinas de altos funcionarios donde se ejecutó el encubrimiento. Asimismo conocerá de viva voz los testimonios de aquellos que recibieron jugosas ofertas de dinero para que se culparan y culparan a otros y así cerrar el incómodo caso. Finalmente vislumbrará en las vocês de los testigos la desesperación de las víctimas durante las horas del exterminio el coraje de los sobrevivientes y las lágrimas de los que fueron desaparecidos", señala el resumen introductorio del libro. 

Informes gubernamentales, como los de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), también han clasificado formalmente la desaparición de los 43 normalistas ocurrida el 26 de septiembre de 2014 como un crimen de Estado. A la fecha, el proceso ha llevado a la captura de más de 150 personas, incluidos mandos policiales, autoridades locales y elementos castrenses, aunque los familiares continúan exigiendo el esclarecimiento total del papel del Ejército y el paradero de los jóvenes.

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos protestaron en las oficinas de la comisión para exigir una reunión con su titular, Rosario Piedra Ibarra, y rechazaron la recomendación emitida por el organismo que, según los abogados de las familias, exime de responsabilidad al Ejército mexicano. Realizaron volanteo y liberaron el paso en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca como parte de la jornada de lucha rumbo al aniversario de la tragedia ocurrida en septiembre de 2014.

La periodista Anabel Hernández denunció públicamente que le informaron sobre una supuesta orden de detención en su contra, además de una campaña de hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte. De acuerdo con sus declaraciones, estas acciones provienen de sectores del oficialismo y buscan silenciarla tras la publicación de su libro 'Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México'. 

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La escritora responsabilizó directamente al partido Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante cualquier agresión que pudiera sufrir. Afirmó que estos ataques e intentos de censura son una represalia directa por exponer en su obra presuntos nexos entre la clase política y el crimen organizado. Hernández informó que ya notificó la situación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

La periodista de investigación ha sostenido de forma persistente que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 fue un crimen de Estado, orquestado y encubierto desde los más altos niveles del gobierno federal y las fuerzas armadas. Hernández documentó que los estudiantes tomaron autobuses de la línea Estrella de Oro sin saber que estos escondían un cargamento de heroína valorado en dos millones de dólares. Dicho cargamento pertenecía a un capo de la región conectado con altas esferas del poder.

Contrario a la narrativa oficial que culpó casi exclusivamente a policías municipales y al cartel local Guerreros Unidos, la periodista demostró que la Policía Federal y el Ejército Mexicano monitorearon a los jóvenes en tiempo real desde su salida, participando activamente en el ataque y la posterior desaparición para recuperar la droga.