El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 9º Circuito del Poder Judicial de la Federación suspendió el proceso de municipalización de Villa de Pozos que había sido avalado por el Juzgado 1º de Distrito. Ahora en última instancia todo se decidirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Tribunal Colegiado concedió un amparo a una ciudadana inconforme y suspendió provisionalmente el proceso de municipalización de dicha demarcación con lo que el Congreso del Estado no podrá por el momento emitir la declaratoria que la convertiría en el municipio número 59 de San Luis Potosí. Con esto revirtió el fallo del Juzgado 1º de Distrito emitido el pasado 20 de septiembre contra la petición de amparo de una ciudadana bajo el expediente 1282/2023 con el argumento de que "se afectaría el interés social, a la colectividad y disposiciones de orden público".

Durante el primer ejercicio de plebiscito celebrado el pasado domingo 24 de septiembre para la consulta de la municipalización de Villa de Pozos, participaron un total de 45 mil 713 personas de 669 mil 525 con responsabilidad para emitir su opinión, es decir, sólo participó un 6.8% de la población.

Ante la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que Villa de Pozos sea municipio?, el 79.8% de los participantes, es decir, 36 mil 492 potosinos manifestaron estar de acuerdo, mientras que 8 mil 839 (19.34%) manifestaron estar en contra. A pesar del gran abstencionismo y desinterés de los capitalinos ganó el Sí.

A través de sus redes sociales el gobernador Ricardo Gallardo Cardona había celebrado los resultados del plebiscito. "¡Se logró! El clamor del pueblo de Villa de Pozos se hizo escuchar: será el municipio número 59 de San Luis Potosí".

Ahora el el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 9° Circuito regresó las cosas como estaban en un principio concediendo a la misma quejosa el amparo dando la razón provisional a sus argumentos en el sentido de que "existe el riesgo de segregamiento político, social, geográfico y cultural de ya no formar parte de la ciudadanía de la capital potosina y el impacto a los derechos de obtener los servicios públicos de la alcaldía de San Luis Potosí y la capacidad financiera".