La fiscal María Manuela García Cázares informó que dos de los acusados en el presunto desfalco en la Dirección General de Pensiones han manifestado su intención de reparar el daño ocasionado a las arcas públicas pagando en conjunto más de 200 millones de pesos, cifra que empata con el daño comprobado por la FGE cuando iniciaron las detenciones por el caso.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), detalló que uno de los implicados propuso la entrega de cerca de 30 millones de pesos para llegar a un acuerdo y el otro ofreció un monto menor a 180 millones, correspondiente a una parte significativa del perjuicio económico ocasionado al erario público.

Ante estas propuestas, la titular de la FGE explicó que el Ministerio Público encargado de la investigación ha notificado a la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones para que evalúe la posibilidad de negociar con los acusados.

Los siete implicados en el desfalco a la Dirección General de Pensiones fueron detenidos en enero de 2024 por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de las funciones y peculado, debido al presunto desfalco de hasta 700 millones de pesos.

“Eso lo tendrá que determinar directamente la Junta de Pensiones, porque Fiscalía es intermediaria, pero quien tiene que tomar la decisión es finalmente la Dirección de Pensiones conjuntamente con la Junta de Gobierno”, señaló García Cázares.

El pasado miércoles 25 de septiembre se celebró una audiencia para la revisión de la medida cautelar de uno de los imputados, quien solicitó que se le permitiera continuar el proceso en libertad, pero su petición fue denegada por el juez de control.

García Cázares añadió que la investigación continúa y se siguen las indagatorias en las dos carpetas de investigación abiertas por el desfalco de pensiones conocido por la opinión pública como "El Fraude del Siglo" como lo bautizó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Cuando se informó de la detención de los presuntos implicados en el fraude, la FGE informó que se investigaba un desfalco de 700 millones de pesos, pero sólo se podría comprobar un daño al erario público por 200 millones de pesos que es la cifra que en suma dos de los implicados ofrecen para reparar del daño y salir de la cárcel.