SENADORES DE EU PONEN LA MIRA EN EL HUACHICOL Y PLANTEAN SEA CONSIDERADO AMENAZA SIGNIFICATIVA DE SEGURIDAD NACIONAL
Senadores republicanos y demócratas presentaron una iniciativa de Ley que, de ser aprobada, obligaría al Pentágono a entregar un reporte al Capitolio sobre el robo de combustibles que fomenta la violencia criminal en México. Al proyecto se le conoce formalmente como la "Ley para detener el fomento de la violencia de los cárteles" (Stop Funding Cartel Violence Act).
La senadora demócrata Jacky Rosen recordó ayer miércoles que presentó un proyecto de ley en contra del robo y tráfico de hidrocarburos, conocido en México como “huachicol”, para crear la "Ley para detener el fomento de la violencia de los cárteles".
En el documento, la demócrata y el republicano John Cornyn proponen que el gobierno considere al tráfico de hidrocarburos como prioridad en su estrategia contra las drogas y los cárteles.
“El robo y el tráfico transfronterizo ilícito de petróleo crudo, diésel, gasolina y productos derivados del petróleo refinado por parte de organizaciones criminales transnacionales con sede en México constituyen una amenaza significativa para la seguridad nacionaly la seguridad pública de los Estados Unidos”, se lee en el documento.
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En el texto señalan que los grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel del Golfo (CDG) y el Cártel del Noreste (CDN) se han dedicado a robar y contrabandear hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, apunta que la paraestatal ha reportado el robo de 987 mil millones de litros de combustible en 2024.
El senador panista Ricardo Anaya Cortés denunció pérdidas millonarias debido al "huachicol fiscal", calificándolo como "el robo del siglo". Durante su intervención en el Senado, detalló el impacto económico y presentó una propuesta para contrarrestarlo.
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Los senadores estadounidenses acusan que el combustible robado en México no solo financia a grupos delictivos, sino que también es contrabandeado activamente a través de la frontera hacia Estados Unidos con gran impunidad. La mayoría de los delitos cometidos en el país no se denuncian o no derivan en una investigación formal.
La misma titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, admitió formalmente ante el Senado de la República que la cifra negra de delitos no denunciados en México supera el 90% y alcanza hasta el 95% en ciertas modalidades delictivas. Durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 en abril de 2026, la funcionaria reconoció este rezago institucional basándose en diagnósticos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Los legisladores solicitaron que tras la promulgación de la ley, en cuanto sea aprobada por el Congreso, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, deberá presentar un informe sobre su estrategia para combatir a las organizaciones criminales implicadas en este delito en un plazo de 180 días. De acuerdo a la periodista Anabel Hernández, hay un "Cártel de Huachicol" en México.
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Como parte de estas medidas, los senadores urgen a fortalecer las capacidades de seguridad con países aliados, como México; intercambio de información con agencias del gobierno de Estados Unidos, pero acota que no se contemplen ataques como bombardeos o armados para frenar esta actividad delictiva. De acuerdo a la periodista Anabel Hernández, durante el sexenio de AMLO este delito se disparó en México.
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El plan de los senadores estadounidenses busca que el tráfico ilegal de hidrocarburos se integre formalmente como una prioridad máxima dentro de la estrategia binacional contra las drogas y el crimen organizado. La periodista Anabel Hernández ha documentado que en los Estados Unidos existe un expediente contra AMLO por relación con narcoterroristas que también manejan el "huachicol" en México.
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Con dicha propuesta bipartidista, Estados Unidos enciende la alerta por el "huachicol". El Capitolio busca obligar al Pentágono a intervenir e informar sobre el robo y contrabando de combustibles en México. La iniciativa busca elevar este delito al rango de amenaza a la seguridad nacional estadounidense para frenar el financiamiento de los cárteles mexicanos.